Israel da un vuelco al mapa de Cisjordania con su frenesí anexionista

Israel celebra elecciones legislativas en octubre. Con la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu peor parada en los sondeos que la oposición, los socios ultranacionalistas que sueñan con el Gran Israel temen el fin del “milagro” colonizador, como lo definió una de sus ministras, Orit Strock, en un encuentro a puerta cerrada con colonos el año pasado. “Me siento”, decía, “como alguien que se detiene en un semáforo y de repente la luz está en verde”.

El Gobierno de Netanyahu (que es, desde la fundación del país en 1948, el que tiene un mayor peso de los ultranacionalistas) viene transformando Cisjordania a toda prisa desde 2022. El resultado: una expansión sin precedentes de los asentamientos, opacada por la invasión de Gaza; expropiaciones récord de tierras y más de 3.000 expulsados por violencia de los colonos. Este mes, ha pisado además el acelerador con una serie de medidas que profundizan la anexión de facto de Cisjordania, el territorio palestino que ocupa militarmente desde 1967, pero que nunca se ha anexionado formalmente, a diferencia de Jerusalén Este y el Golán sirio. Todo es cada vez más rápido y explícito, con una nueva palabra de moda en el argot político nacional: soberanía.

Las consecuencias son visibles. Cada trayecto por Cisjordania depara alguna novedad. Desde más banderas israelíes o símbolos judíos al borde de las carreteras hasta la práctica ausencia de palestinos en espacios abiertos, sustituidos por colonos sacando su ganado a pastar. También algún protoasentamiento en una colina o nuevas barreras a la entrada de localidades palestinas. Hay hasta anuncios inmobiliarios en colonias antes consideradas remotas.

La clave de la transformación es el traspaso de competencias de las autoridades militares (que, en teoría, ocupan el territorio de forma temporal) a las civiles. Genera una situación equivalente a la anexión, pero sin declaración formal. Como dijo el pasado día 4 el ministro ultranacionalista de Legado, Amijai Eliyahu: “La soberanía no es una declaración. Es una acción”.

El titular de Finanzas, el ultra Bezalel Smotrich, capitanea el proceso gracias a la cartera paralela de Defensa que Netanyahu le tejió a medida, a fin de recuperar el poder. Creó una División de Asentamientos que gestiona los asuntos civiles del día a día en la mayoría de Cisjordania y esperaba que 2025 fuese “con la ayuda de Dios, el año de la soberanía en Judea y Samaria”, el término oficial y bíblico para Cisjordania.

No sucedió. La anexión sigue siendo de facto, y no de iure, en 2026 porque el pasado octubre ―cuando el anuncio parecía inminente― el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con sus aliados árabes y musulmanes y empleó un tono muy distinto al habitual apoyo férreo a Netanyahu. “No permitiré a Israel anexionarse Cisjordania. No va a pasar […] Perdería todo el apoyo de Estados Unidos si sucediese”, dijo.

“La anexión ya ha ocurrido, pero también está ocurriendo. Es un proceso”, asegura por teléfono Lior Amijai, director ejecutivo de Shalom Ajshav (Paz Ahora, en hebreo), la principal organización pacifista de Israel, que sigue de cerca las decisiones sobre Cisjordania. “Israel podría haber tomado una decisión: ‘Hemos anexionado los territorios y a partir de ahora se aplica aquí la ley [civil] de Israel”. Pero ni siquiera este Gobierno y ni siquiera con Trump puede hacerlo, así que lo está haciendo en un proceso que nos hace comprender que, en cierto modo, ya está anexionado en gran medida, pero aún puede serlo más”.

“Soberanía urgente”

No es suficiente para todos. El pasado julio, 71 de los 120 diputados de la Kneset (tres más que la suma de la coalición gobernante) pidieron la anexión formal. Los representantes de los colonos empujan. Consideran que supondría un mensaje claro a los palestinos: que dejen de soñar con un Estado propio porque no sucederá. “Es urgente. Una clara soberanía [israelí] establece ley y fronteras y elimina la ilusión de un ‘futuro Estado palestino”, escribían la pasada semana dos copresidentas del Movimiento por la Soberanía, Yehudit Katsover y Nadia Matar. Smotrich ha propuesto anexionar el 85% de Cisjordania (todo menos las ciudades donde viven la gran mayoría de palestinos) siguiendo el lema de “máximo territorio, mínimos árabes”.

El paso de manos militares a civiles es justo la esencia de la última decisión, aprobada el domingo: reanudar el registro de tierras de Cisjordania, paralizado en 1968, un año después de la ocupación del territorio. Bajo un manto administrativo, esconde mucho calado. Es un proceso que iniciaron las autoridades británicas durante su Protectorado (1917-1948) y prosiguieron las jordanas (1949-1967) con el objetivo de determinar ―con criterios más modernos― quién poseía cada terreno. Cuando, en 1967, Israel conquistó Cisjordania en apenas seis días de guerra, se convirtió en potencia ocupante, sin potestad para adjudicar tierras y, en teoría, por tiempo limitado. Así que, aunque quedaban dos tercios de tierras por registrar, emitió un año más tarde una directiva militar para frenarlo.

Este domingo, el Gobierno de Netanyahu ordenó a las Fuerzas Armadas modificar la directiva y presupuestó 244 millones de séqueles (unos 66 millones de euros) para el primer lustro de los 30 años en los que pretende completar el proceso. Pasará de la Administración Civil (un organismo de Defensa) a un Registro de Títulos de Propiedad, dependiente del Ministerio de Justicia.

Un siglo después de su arranque, el registro no tiene hoy nada de inocente ni meramente técnico. Es, más bien, una victoria de las organizaciones de colonos, cuya voz nunca se había escuchado tanto en Jerusalén. “Sabemos quién lo lidera, ha presionado por él y cuáles son sus intenciones, lo que convierte el proceso en una forma de tomar más y más tierras de palestinos”, señala Amijai.

Perder las tierras

Los palestinos tendrán que probar la propiedad de la tierra, pese a que en ocasiones se retrotrae varias generaciones, porque se ha fragmentado entre numerosos descendientes (incluidos refugiados en los países vecinos) o no se sustenta en documentos. Quienes no puedan, las perderán para siempre. Demostrarlo es engorroso, burocrático y caro. Y lo dilucidarán las autoridades militares de un país interesado en que acaben registradas, no como tierras privadas, sino como estatales, que han sido la base de décadas de colonización.

El registro tendrá lugar en el área C, el 60% de Cisjordania bajo pleno control israelí (administrativo y de seguridad) en el que viven medio millón de colonos judíos y unos 300.000 palestinos. Un 58% de los terrenos en el área C siguen sin registrar, precisa Shalom Ajshav. El Gobierno de Netanyahu aspira ahora a regularizar al menos un 15% de ellos como estatales, según figura en la propia decisión.

La lucha por el territorio está detrás de otras importantes decisiones que aprobó el gabinete de seguridad el pasado día 8. Entre ellas, dos peticiones históricas de los colonos: la publicación del registro de propietarios de tierras en Cisjordania y la anulación de una ley de época jordana (1953) que impedía a los no árabes adquirir tierras de manera directa. Hará más fáciles las compraventas de tierras, marcadas por las triquiñuelas y la falsificación de documentos. Hasta ahora, solo podían a través de empresas, y sin un listado, así que aumentarán previsiblemente las presiones y contactos a los propietarios. En pleno conflicto territorial, los palestinos que venden tierra a colonos afrontan el oprobio social (suelen huir antes) y, en teoría, hasta la pena de muerte, si bien el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, lleva dos décadas sin firmarlas.

Además, Smotrich podrá llevar con facilidad al otro 40% de Cisjordania las demoliciones de estructuras palestinas (levantadas ilegalmente, porque las autoridades militares de Israel no conceden los permisos) que ha disparado en la zona C. Las autoridades han recibido la potestad de derruir construcciones en las zonas A (las grandes ciudades y donde la ANP tiene el control tanto administrativo como de seguridad) y B (sus alrededores, bajo potestad administrativa de la ANP) alegando la defensa de sitios arqueológicos o del medio ambiente. “Es muy vago, no tiene nada que ver con la seguridad y vulnera los acuerdos firmados por Israel, como los de Oslo”, lamenta el director ejecutivo de Shalom Ajshav.

Autoridad de Legado

El pasado día 3, un comité parlamentario dio luz verde a una propuesta de ley para ir más allá en los asuntos de patrimonio. Consiste en otra transferencia de manos militares a civiles, con la creación de una autoridad de Legado responsable de “todos los asuntos de patrimonio, antigüedades y arqueología, incluyendo la preservación, restauración, desarrollo y rescate de antigüedades, excavación, desarrollo y gestión de sitios”. Su promotor, Zvi Sukkot, del partido que lidera Smotrich (Sionismo Religioso), dejó clara su visión: “No existe el legado palestino. Lo que hay es un legado judío que data de miles de años y es nuestra responsabilidad protegerlo”.

De aprobarse (aún necesita pasar tres lecturas en el pleno), supondría la primera vez que el Parlamento aplicase legislación civil israelí directamente sobre territorio cisjordano, en vez de ―como hasta ahora― sobre personas (los colonos), según denunciaron organizaciones pacifistas y de derechos humanos.

El Gobierno ha dado además una nueva vuelta de tuerca al borrado de la Línea Verde, la divisoria internacionalmente reconocida entre Israel y los territorios palestinos (Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este) que no aparece en los mapas oficiales del Estado judío. Se trata del primer proyecto de expansión de Jerusalén en territorio cisjordano desde que amplió su término municipal, de seis kilómetros cuadrados a 76, tras conquistar la parte oriental de la ciudad en 1967.

Una vez más, por la puerta de atrás. Sobre el papel, figura como un plan de construcción de miles de viviendas en Adam, una colonia en Cisjordania. En la práctica, quedarán más lejos de Adam que de Neve Yaakov, otro asentamiento, pero ya dentro del límite municipal de Jerusalén, según se ve en el mapa oficial, difundido este lunes por Shalom Ajshav. Las casas, de hecho, están pensadas para judíos ultraortodoxos, como los que habitan Neve Yaakov, y una carretera los conectará.