Portugal lucha contra la emergencia desde hace 17 días: “El agua se llevó el trabajo de una vida”

Desde el mirador de la calzada de Fonte Nova se ven los océanos. El del Atlántico y el del Sado, el río que lleva dos semanas saliendo del cauce y anegando farmacias, restaurantes, supermercados, peluquerías y cualquier otro local de la Ribeirinha de Alcácer do Sal (Portugal). Todos los vecinos tienen grabada la fecha de la última inundación histórica: 1963. Fue menos lejos que la actual. A última hora del miércoles, casi anocheciendo, Ana Maria Lopes Barrela y su hija Celia observan desde el mirador el peligro que amenaza a un coche que alguien aparcó en una zona de riesgo. El agua está subiendo otra vez y el coche parece irremisiblemente condenado.

El pueblo lleva dos semanas escrutando el río que ahora parece una prolongación del océano, tratando de intuir alguna señal sobre el fin del diluvio. “No tenemos bancos ni dentistas. Si necesitamos ir a la farmacia, tenemos que desplazarnos a Grândola”, lamenta Celia Barrela. Ni ella ni su madre han sufrido pérdidas materiales por vivir en la zona alta de Alcácer do Sal, una localidad de unos 9.000 habitantes ubicada en el litoral alentejano. Ellas han tenido suerte, pero este invierno pasará a la historia de cientos de familias porque será el de volver a empezar.

Fueron tan espeluznantes las imágenes que el país se volcó en ayudar a la población con donaciones. Llegaron tantas que la alcaldesa Clarisse Campos imploró que cesasen y se canalizasen hacia otros municipios también necesitados. El único consuelo ante la desolación que han acarreado las lluvias ha sido esa solidaridad espontánea, que ha incluido cuadrillas de voluntarios para limpiar.

Aunque limpiar no tiene mucho sentido aún. El río Sado lleva ya tres crecidas que hacen que el agua invada edificios. En la avenida João Soares Branco, mientras el río ascendía el miércoles empujado por la marea alta, Francisco Sabino explicaba que la actual ha superado en 70 centímetros la cota de 1963. En la casa de su hija se ha arruinado desde la lavadora a la bomba de calor.

Estos días se han desalojado los pisos bajos de la Ribeirinha. Incluso algunos servicios municipales han tenido que trasladarse tras la entrada del agua en el Ayuntamiento. Nadie es capaz de vaticinar cuando volverán a tener una biblioteca, castigada con la peor de las maldiciones que puede sufrir un espacio repleto de papel. Las arcadas del edificio quedaron sumergidas bajo dos metros de agua. Los libros atesorados durante los últimos 30 años acabaron en bolsas de plástico de basura.

También Ricardo Costa y Renata Lopes sienten que sus últimos 33 años están en una bolsa de basura. El matrimonio pasó 48 horas encerrado en su vivienda observando con impotencia cómo el agua subía hasta ocultar el toldo de su restaurante A Papinha, enclavado en un largo que se abre al río. “El agua quedó a cinco dedos del techo tanto en el restaurante como en el almacén”, revive Costa. Todo, arcones cargados de marisco, vitrinas, televisión, mesas y sillas, quedó inservible.

“El agua se llevó el trabajo de una vida”, resume Ricardo Costa, que calcula que tardarán más de dos meses en reabrir un negocio de éxito que emplea a cuatro personas. En aquellas 48 horas en que fueron rehenes del río Sado, carecieron de electricidad. “Afortunadamente teníamos agua y gas para cocinar e internet”, rememora Renata Lopes, que elogia la “maravillosa solidaridad” que han recibido del resto del país.

Alcácer do Sal es una de las zonas cero visitada por el primer ministro Luís Montenegro este jueves, pero el convoy de tempestades está llevando la desolación de unos distritos a otros. Todas los ojos están ahora sobre Coimbra, donde se teme un desbordamiento del río Mondego que obligue a evacuar a 9.000 personas y donde se ha tenido que cortar un acceso a la A-1, la principal autopista del país, por la rotura de un tramo debido a la fuerza de las aguas.

Antes fue Leiria, en el centro, la que sufrió lo peor de Kristin, una borrasca que el miércoles 28 de enero trajo dentro su propio ciclón (superó los 200 kilómetros por hora en un punto) y que inauguró una sucesión de días de furia meteorológica que han causado la muerte de 16 personas. El vendaval de aquella noche despertó a Catarina Menezes, una profesora que se doctoró en la Universidad Autónoma de Barcelona y que vive con sus padres en Caranguejeira, un núcleo de 4.300 habitantes que pertenece a Leiria.

Su casa, como todas, sufrió desperfectos esa noche. Pero casi lo peor han sido las dos semanas sin electricidad ni agua corriente. “Lo ha cambiado todo, me he dado cuenta por ejemplo de mi consumo. Yo no sabía antes que cepillarme los dientes requiere de una botella de agua”, explicaba este jueves, el día que regresó la luz a su casa tras 16 jornadas en penumbra.

La vida se complicó. Su padre tenía que ir a diario a buscar agua a casa de un amigo afortunado que disponía de pozo. La familia cocinaba con hornillo de gas y se duchaba con una regadera. “Nuestra alimentación cambió, dejamos de comer platos horneados, y teníamos que calentar agua para la ducha, que dejó de ser diaria. Pasamos a usar toallitas de bebé para asearnos”, cuenta Catarina Menezes. “Me ha costado mucho, tenía la sensación de estar muy lejos de todo, también de las noticias”, revive.

Esa sensación de abandono se ha repetido en numerosas poblaciones, que han pasado días sin recibir apoyo de las administraciones públicas. Portugal es un país muy centralista y Lisboa no ha llegado a todas partes. “No es aceptable que el Estado corra detrás de los medios para ver donde están las situaciones más graves. Ha habido aldeas que solo recibieron atención cuando salieron en las noticias”, criticaba este viernes en un artículo en Expresso el ingeniero y ex vicealcalde de Oporto, Filipe Araújo.

En los últimos días, el primer ministro se desvive por visitar lugares afectados para tratar de contrarrestar esa imagen de ineficiencia que dio su Gobierno en las primeras horas y que le ha costado el puesto a la ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, más cualificada para redactar sentencias brillantes que para responder a las emergencias, como se vio este verano con la oleada de incendios y se ha confirmado ahora.

El país tardará en levantar cabeza, tras la destrucción de infraestructuras esenciales para el transporte ferroviario y por carretera. Se han dañado empresas, torres de alta tensión, tejados particulares, árboles centenarios, paseos marítimos, carreteras rurales e incluso cazas de combate F-16 que estaban en un hangar de la base aérea de Monte Real, afectada por vientos de 178 kilómetros por hora. De momento se han movilizado 2.500 millones de euros para ayudar a la reconstrucción (entre 5.000 y 10.000 euros para casas particulares), pero la respuesta resulta insuficiente y el propio primer ministro ha anunciado un plan nacional de recuperación y resiliencia para responder a la catástrofe.

Entre las lecciones que debe aprender el país, algunos apuntan directamente a la soberanía energética. La empresa privada E-Redes, que gestiona la distribución de energía, está ahora en la picota por la demora en restablecer la electricidad (este viernes seguían sin luz 45.000 personas). Es una empresa del grupo EDP, la joya de la corona privatizada en varias tandas entre 1997 y 2013. Su principal accionista es China Three Gorges, un gigante chino que gestiona la presa hidroeléctrica de las Tres Gargantas en Yichang, la más grande del mundo, y que también está aumentando su presencia en España. “Nuestra red eléctrica”, censuró el alcalde de Leiria, Gonçalo Robles, “no puede estar exclusivamente en manos de capital extranjero”.