Dimite la ministra del Interior de Portugal por los errores en la gestión de los temporales

Los errores en la gestión de furibundos temporales que han destrozado una parte de Portugal durante las últimas semanas le ha costado el cargo a la ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, que dimitió a última hora de la noche del martes. Sus competencias serán asumidas de forma provisional por el propio primer ministro, Luís Montenegro, muy debilitado por la lentitud con la que su Gobierno reaccionó a los primeros golpes de la borrasca Kristin, que llegó a alcanzar un pico superior a los 200 kilómetros por hora.

Las peticiones para que Amaral dejase el cargo se han acumulado en los últimos días, en los que ha ido encadenando varios fallos políticos de gravedad. No apareció en público durante las 48 horas siguientes al paso destructor de Kristin y cuando lo hizo, declaró que había trabajado en “un contexto de invisibilidad” y que ignoraba lo que había fallado. Su figura ya estaba deteriorada desde el verano, cuando se registró una oleada de incendios, pero lo ocurrido este invierno, con el país afrontándo una sucesión de tempestades históricas, acabó de apuntillarla.

Las críticas a la gestión del Gobierno en esta emergencia no solo han llegado de la oposición sino también del propio presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y la mayoría de los alcaldes de localidades afectadas. Para el primer ministro, que trata de ofrecer una imagen de eficacia en la gestión que se sobreponga a su debilidad parlamentaria, ha sido un golpe duro porque a los fallos en la prevención de los efectos del temporal se sumó luego la lentitud en la respuesta para ayudar a mitigar los daños.

El Gobierno no ha querido activar la petición de ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil, previsto para estas catástrofes, mientras el dispositivo nacional se veía totalmente desbordado por las circunstancias.

El tren de temporales ha costado la vida de 15 personas y pérdidas millonarias aún por cuantificar. Miles de personas continúan aún sin electricidad después de dos semanas y con problemas de suministro de agua. Otras poblaciones siguen inundadas o con riesgo de desbordamiento de ríos. Los desalojos de vecinos en zonas de riesgo siguen produciéndose a diario. Hay infraestructuras esenciales destruidas que tardarán años en ser reconstruidas. El Gobierno aprobó un plan de ayudas de 2.500 millones de euros y decretó el estado de calamidad en 68 localidades hasta el próximo domingo 15.

Este miércoles está prevista la comparecencia del primer ministro en la Asamblea de la República para dar explicaciones por la gestión de la catástrofe. Lo hará sin el peso de mantener en su equipo a una ministra muy cuestionada.