La Justicia paraguaya condena 50 años después a tres torturadores de la dictadura de Stroessner

Febrero es siempre un momento especial en Paraguay, el país sudamericano de ríos tan potentes que no necesita mar. Van dos meses de calor extremo, los niños siguen sin clases, hay más asados, más siestas y más piscina que de costumbre, y, en medio de esa humedad que detiene el tiempo entre el mediodía y la tarde noche, un juicio inédito. El resultado: la condena de tres expolicías por torturas cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

“Es histórico. Este juicio aunque tardío tiene mucha validez, porque la posibilidad de ser juzgado existe, hasta 50 años después”, explica a EL PAÍS el psiquiatra y docente paraguayo Carlos Portillo, uno de los investigadores principales del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, que ha servido como prueba en este juicio por crímenes de lesa humanidad.

Fue Domingo Rolón, quien falleció en 2024, el denunciante que logró el enjuiciamiento de los policías condenados este jueves 12 de febrero: Eusebio Torres, Fortunanto Laspina y Manuel Alcaraz. Torres y Laspina recibieron penas de 25 años de prisión, Alcaraz, de 20.

Domingo Guzmán Rolón se había exiliado al norte de Argentina cuando fue detenido ilegalmente por el ejército del país vecino el 17 de octubre de 1976, en Puerto Pilcomayo, en la provincia de Formosa. Intentaba regresar a Paraguay a ver a sus padres.

De ahí fue llevado embutido en un maletero hasta Asunción, según lo probado en el juicio. El 2 de diciembre de 1976 lo encarcelaron en el Departamento de Investigaciones, donde fue detenido y torturado hasta el 1 de diciembre de 1977. Según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), el 30,6% del total de las víctimas de tortura del “estronismo”, como es conocido el mandato de Stroessner, pasaron por sus instalaciones.

“Yo lo vi en julio de 1977 en Investigaciones. Él estaba en una celda frente a la nuestra. Nosotros con esposas y hablamos por lenguaje de señas”, rememora Antonio Pecci, periodista que lleva media vida reportando los crímenes de la dictadura paraguaya.

Los policías competían para ver “quién torturaba más” o quién aplicaba “mejores métodos de tortura” en contra de los presos políticos, detalló el juez Juan Pablo Mendoza en una sala repleta de familiares del denunciante y de otras víctimas de los torturadores. Solo uno de los condenados acudió a la sala de audiencias, mientras que los otros comparecieron virtualmente para no enfrentar las preguntas de la fiscal Sonia Sanguinés. Los tres cumplirán arresto domiciliario debido a su avanzada edad, aunque deberán tener control policial permanente.

“Las victimas se sienten muy reconfortadas. Aunque Domingo no llegó a verlo, su viuda y sus hijos sí. Y también las demás victimas y defensores de derechos humanos que venían siguiendo el caso en todo el mundo”, expresó Pecci.

Este es el segundo juicio oral por torturas con la nueva ley procesal paraguaya. En el anterior juicio, en 2024, Eusebio Torres ya fue condenado a la pena máxima de prisión, 30 años de cárcel, pero la sentencia aún está recurrida.

“Estos son de rango menor. Aun después de años no sienten arrepentimiento ni dan información para buscar a los desaparecidos. Son parte de la negación jurídica y de la desmemoria. Ocultan hechos e incluso reivindican la dictadura”, añadió Portillo.

Conversaciones de un país dividido

Diez días antes de esta sentencia ocurría algo curioso —y revelador— mientras se conmemoraba el aniversario de la caída de la dictadura. En los platós de televisión paraguayos y en la calle se intercambian opiniones vagas y lugares comunes sobre el régimen: que si fue eficiente, que si trajo orden, que si dejó obras públicas. Todo eso sucedía mientras, casi en silencio, avanzaba el juicio contra algunos de los torturadores más importantes de la dictadura. Dos conversaciones paralelas que rara vez se tocan.

Mientras unos aún esperan la noche del 2 de febrero para disparar al aire en homenaje a “mi general etroner”, otros murmuran memoria y resistencia.

Hoy día puede verse en Asunción la exposición “Liminal” de Hugo Giménez en la Casa Bicentenario que aporta elementos nuevos para que jóvenes conozcan los lugares concretos, las acciones y la iconografía “estronista” en la realidad. Ha habido homenajes a las víctimas y a los desaparecidos organizados por el Partido Comunista, un partido que estuvo prohibido y proscrito hasta casi 2008, y cuyos militantes fueron reprimidos, torturados y empujados al exilio como hicieron con líderes campesinos y sindicalistas.

También, coincidiendo con ese día de 1989 en que los paraguayos vieron tanques atravesar la capital y disparar contra el Congreso de pantomima, el puerto al borde del río Paraguay recibió la presentación de Ventanas Abiertas, un libro de cómic compuesto por diez historias escritas y dibujadas por mujeres, sobre mujeres que resistieron a la dictadura. Entre ellas, una de las más difíciles de asimilar: la de Apolonia Flores, una niña de doce años, detenida por la policía, baleada y convertida en archivo viviente del horror.

Y mientras todo esto ocurre, en Berlín parece consolidarse una costumbre inesperada: los últimos dos años, una película paraguaya ha sobresalido en la Berlinale por trabajar la memoria. El año pasado fue un documental sobre la dictadura llamado Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira; y este año, Narciso, el segundo largo de ficción de Marcelo Martinessi, que explora por qué el número 108 se convirtió en Paraguay, precisamente en la dictadura, en un símbolo de persecución contra la comunidad gay.

Lo más notable en estos eventos y creaciones es la presencia de gente joven, y las nuevas formas artísticas desde las que se habla del pasado. Porque no hay que olvidar que este es un país donde la memoria —y también el espectáculo— ha estado durante décadas secuestrada por la élite que gobernó, por la élite estronista y sus herederos. Una élite que, tras acumular cantidades obscenas de dinero, pudo dedicarse a todo, incluso a algo tan restrictivo como hacer arte y cine.

Hace poco, una heredera directa del régimen —nieta del abogado del dictador y de un exministro de Obras Públicas— cobró entradas y recibió fondos públicos por una exposición-performance utilizando testimonios de víctimas, sin pedir permiso a sus familias. El debate estalló en Facebook. Las familias fueron claras: eso no ayuda, eso no repara, eso no es memoria.

Este mes de febrero, historiadores, escritores y activistas opositores al Partido Colorado, que hoy sigue gobernando, recordaron cifras que siguen siendo insoportables: 19.862 personas detenidas arbitrariamente, 18.772 torturadas, 336 desaparecidas, más de 3.470 obligadas al exilio. En esa lista figura uno de los grandes nombres de la literatura latinoamericana, Augusto Roa Bastos, premio Miguel de Cervantes en 1989. Tal vez, de forma silenciosa e incómoda, la memoria empieza a cambiar de manos.