Eurobonos para financiar a Ucrania: la palanca de emergencia que evita el desastre de la UE
Utilizar la deuda común ofrece un camino con menos riesgos jurídicos que recurrir a los activos rusos para dar un crédito al país invadido aunque mucho menos simbólico


Al borde del abismo, la UE vuelve a recurrir a la deuda común para no caer en él. Cuando los líderes europeos vieron en la madrugada de este viernes que el camino para utilizar los activos rusos congelados era intransitable, volvieron los ojos hacia los eurobonos para darle a Ucrania 90.000 millones para cubrir buena parte de sus gastos civiles y militares en 2026 y 2027. “Tenemos una elección sencilla: o dinero hoy, o sangre mañana. No me refiero solo a Ucrania, me refiero a Europa. Esta es nuestra decisión. Y solo nuestra. Todos los líderes europeos deben finalmente estar a la altura del desafío”, había proclamado a la entrada de la cumbre el siempre directo y crudo Donald Tusk, primer ministro de Polonia. Y cerca de 20 horas después, Alemania, Países Bajos y los otros países siempre remisos a que la Unión acuda a pedir deuda a los mercados acabaron por asumir, como hicieron en 2020, cuando la pandemia amenazaba con abocar la economía europea a una gran depresión, que el clavo ardiendo al que agarrarse volvía a ser la deuda común.
Para hacerlo, se recurrirá al margen ordinario que queda en el presupuesto de la UE entre los ingresos y los gastos previstos. No es extraño que la Unión recurra a ese espacio fiscal para financiar préstamos. Más inusual es el volumen: 90.000 millones de euros —igual es algo menos, según la liquidez que haya en las arcas de la Comisión— superan con diferencia lo habitual. Le superan grandes programas como el mecanismo financiero común de 150.000 millones que se ha utilizado este mismo año para financiar proyectos de defensa y compras de armamento (SAFE, por sus siglas en inglés) o el Fondo de Recuperación para combatir, que asciende a cerca de 650.000 millones, aunque en este caso no se utilizó el margen que deja el presupuesto ordinario de la UE, sino que se habilitó uno extraordinario por primera vez.

“La mejor opción es emitir eurobonos, asegurando que haya garantías adecuadas incluso sin activos rusos”, explica por correo electrónico Lorenzo Codogno, secretario del Tesoro italiano entre 2006 y 2015 y ahora profesor del Colegio de Europa.
Yendo un poco más lejos, también Jonás Fernández, eurodiputado socialista español, le ve un lado positivo a esta opción que políticamente no era la favorita entre los Estados miembros. “La Unión Económica y Monetaria necesita un activo libre de riesgo en los mercados. La deuda del Fondo de Recuperación es importante, pero deja de emitirse pronto. Es vital mantener la emisión de un activo. Se va rompiendo el dique”, recalca, en referencia a la posibilidad de que esos eurobonos sean algo más que un activo que llega al mercado a base de espasmos y largas noches dramáticas en el Consejo Europeo.
También Paul de Grauwe, profesor de Economía Política de la London School of Economics, apunta en una dirección parecida. Para este prestigioso economista belga, su Gobierno ha exagerado el peligro de recurrir a los activos rusos, pero cree que el resultado es bueno: “Siempre he sido partidario de la deuda común, es buena para el proyecto europeo]. Es un camino para integrar Europa”. Antes de acabar, subraya la ironía de que el primer ministro belga, Bart de Wever, era un acérrimo enemigo de los eurobonos, “prácticamente igual que el canciller alemán o el holandés”.
El drama esta vez llegó de la mano del rechazo belga a que se utilizaran parte de los 180.000 millones de euros en activos rusos congelados en Euroclear, una entidad con sede en Bélgica que se encarga de custodiar los valores que se manejan en los mercados. Exigía garantías ilimitadas que le aseguraran contra cualquier tipo de pérdida si Rusia acudía a tribunales de arbitraje y le daban la razón. Al final, los demás líderes que no eran el primer ministro belga, Bart de Wever, optaron por prestar sus garantías estatales a la opción de asegurar una emisión de deuda con el presupuesto europeo. Una opción sin el alto grado de simbolismo político que tiene usar los activos del invasor ruso pero con más certezas en sus riesgos financieros y fiscales.

Tampoco es que esta vía sea sencilla. Los siempre imaginativos servicios jurídicos de las instituciones europeas han buscado la forma de sortear el veto de los caballos de Troya que Moscú ha ido metiendo en la UE: los gobiernos de Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Para sortearles se ha recurrido a una figura que se usa muy poco entre los Estados miembros: la cooperación reforzada, una figura legal prevista en los tratados que permite quedarse fuera de un determinado proyecto o iniciativa al país que no desea participar. Eso les abre la puerta a Budapest, Praga y Bratislava a no prestar sus garantías.
Con este elemento sobre la mesa, la UE pudo sortear el veto de los prorrusos. Porque las emisiones de deuda que se basan en el margen del presupuesto común deben ser aprobadas por unanimidad, al fin y al cabo son los Estados miembros quienes las garantizan en última instancia. Pero al incluir la cooperación reforzada, se quedaron sin argumentos para el rechazo. Las tres capitales reticentes tendrán que volver a dar su visto bueno cuando los textos legales lleguen al Consejo. Pero como ha explicado en la red social BlueSky el investigador alemán Lucas Guttenberg, director del programa El Futuro de Europa en la Fundación Bertelsmann, “los líderes europeos (normalmente) cumplen los compromisos adquiridos en el Consejo Europeo”.
Esa actitud evitará a sus países el riesgo que asumen el resto. Si Ucrania no devuelve los fondos, tendrá que ser el presupuesto de la UE quien afronte la devolución del dinero. Esta posibilidad no se puede excluir porque, por ejemplo, entre lo acordado esta pasada noche está que Kiev no tendrá que empezar a amortizar el préstamo hasta que Rusia empiece a pagarle reparaciones de guerra. Y a la hora de repartir la responsabilidad, se hace de la misma forma que la contribución a las arcas de la Unión, en base a la renta nacional bruta de cada Estado miembro, algo que esta vez se incrementará ligeramente por encima de lo normal.
Visto desde los intereses de las cuentas públicas españolas, en circunstancias ordinarias podría llegar a suponer un poco menos del 8,5%. Sin los tres Estados de Europa central, el porcentaje sube unas pocas décimas.
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