El Supremo de Estados Unidos se inclina por dar a Trump más poder para controlar las agencias federales

El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece inclinarse por dar la razón al presidente estadounidense, Donald Trump, una vez más y darle un nuevo poder en perjuicio del Legislativo: el de destituir a voluntad y nombrar a su gusto a los responsables de agencias federales independientes, algo que eliminaría un precedente respetado a lo largo de los últimos 90 años.

Los nueve magistrados, de supermayoría conservadora —seis son de esa ideología frente a tres progresistas— escucharon este lunes los argumentos orales en el caso en torno al despido de Rebecca Kelly Slaughter el pasado marzo en la Comisión Federal de Comercio, pese a que su mandato debía terminar en 2029.

El propio Trump había nombrado a Slaughter para un asiento demócrata en la junta directiva de la FTC (en sus siglas en inglés) en 2018. Tras llegar a la Casa Blanca en 2021, el presidente Joe Biden la confirmó para un segundo mandato.

Pero en marzo, Slaughter recibió una carta de la Oficina de Personal de la Casa Blanca que le comunicaba su cese con efecto inmediato. Según explicaba la misiva, su presencia en el puesto era “inconsistente con las prioridades de la Administración” del nuevo presidente republicano.

La FTC, una agencia independiente y no partidista, se fundó en 1914 por orden del Congreso de EE UU con la misión de impedir la competencia desleal en la economía estadounidense. Por ley, esta comisión, de cinco asientos, no puede contar con más de tres miembros de un partido. Y sus integrantes solo pueden ser despedidos por “incompetencia, desidia o malas prácticas en el cargo”.

Slaughter decidió ir a los tribunales para apelar contra su despido, argumentando que su cese no se había basado en ninguno de los tres supuestos, por lo que era ilegal. Un tribunal de primera instancia le dio la razón y ordenó su regreso al cargo. El Gobierno estadounidense apeló aquella decisión; en septiembre, el Supremo emitió una orden urgente que prohibía que la experta regresara al puesto hasta que el máximo órgano judicial no viera el caso en detalle y emitiera una decisión. Tras haber escuchado los argumentos este lunes, se espera que los magistrados se pronuncien el próximo junio.

Independencia del Gobierno

El caso tendría un enorme impacto en los organismos federales independientes, aproximadamente dos docenas de agencias, según ha calculado durante la vista el abogado del Gobierno, el fiscal John Sauer. Su resultado también podría afectar a otro caso que el Supremo tiene entre manos y que puede tener consecuencias históricas: el cese de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, a la que Trump quiso destituir el pasado agosto argumentando que tenía “causas”: un supuesto fraude hipotecario que la antigua académica niega. La independencia de la Fed es fundamental para el buen desempeño de la economía estadounidense, y los jueces del Supremo han indicado a lo largo de la vista de este lunes que consideran esa institución un caso aparte del resto de las agencias federales independientes.

En el centro del debate del caso se encuentra el precedente sentado por el Supremo en 1935 en el caso conocido como Ejecutor de Humphrey contra Estados Unidos. En aquel año, el máximo tribunal del país estableció que el poder ejecutivo no puede cesar a las personas al frente de las agencias federales independientes. Desde entonces, otras decisiones del Supremo han ido limitando aquella sentencia, pero no habían llegado a anularla. En caso de dar la razón a Trump y determinar que el presidente puede cesar a Slaughter, ese precedente quedaría pulverizado.

“El precedente de Humphrey debe quedar anulado”, declaró el abogado del Estado John Sauer, que aseguró que, tal y como está, aquella sentencia ha quedado anticuada y representa una “excepción indefendible” a todo un cuerpo legislativo que apunta a las tesis contrarias: a que los dirigentes de los organismos oficiales independientes sí pueden ser cesados. Si no, argumentan, se crearía un poder aparte de los tres establecidos en la Constitución, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Según el argumento del representante de la Administración, la sentencia de 1935 “continúa tentando al Congreso a crear, en el corazón de nuestro gobierno, un cuarto poder amorfo, aislado de controles democráticos y de rendición política de cuentas”.

En sus comentarios y preguntas, los seis magistrados conservadores tendían a darle la razón. La Comisión Federal de Comercio actual, apuntó el presidente del Supremo, el juez John Roberts, tiene poco que ver con la de hace 90 años, y es mucho más poderosa.

Las tres juezas progresistas, por su parte, argumentaron que dar la razón a Trump supondría aumentar los poderes del Ejecutivo de manera desmesurada. “El resultado de lo que (Sauer) propone es que el presidente tendría un poder enorme, sin control, sin cortapisas, no solo para sus competencias ejecutivas tradicionales, sino también para crear legislación… Resultaría una presidencia con control sobre todo, incluida mucha de la creación de leyes que se produce en este país”, apuntaba la jueza Elena Kagan.

La jueza Sonia Sotomayor, la primera latina en el máximo tribunal estadounidense, también se expresó de manera similar. “Ni el rey, ni el Parlamento, ni los primeros ministros británicos en el momento de la fundación (de Estados Unidos) tuvieron jamás una capacidad ilimitada para destituir al personal”, apuntó. “Nos está pidiendo destruir la estructura del gobierno y quitarle al Congreso su capacidad de proteger su idea de que un gobierno está mejor estructurado si algunas agencias tienen independencia”.

Por su parte, el abogado Amit Agarwal, defensor de Slaughter, argumentó que las “comisiones de múltiples miembros en las que sus integrantes disfrutan de algún tipo de protección contra la destitución forman parte de la historia estadounidense desde 1790”.

Tras la sentencia de 1935, el Congreso creó toda una serie de comisiones y agencias independientes a cuyos miembros solo se puede cesar si se da alguno de los supuestos objetivos, desde la agencia de protección al consumidor a la comisión de iguales oportunidades en el empleo. Durante el primer mandato de Trump, el Supremo ya autorizó el cese del director de otra agencia independiente, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, con el argumento de que ese despido podía autorizarse porque la entidad afectada estaba bajo el mando de una única persona. Entonces, Roberts indicó que la sentencia del Ejecutor de Humphrey contra Estados Unidos se aplicaba a las instituciones federales independientes lideradas por un órgano de múltiples miembros y que no tuvieran “poder ejecutivo”.