Estados Unidos ataca una supuesta narcolancha frente a la costa pacífica de Colombia

La campaña militar estadounidense contra embarcaciones tripuladas por civiles supuestamente implicados en el narcotráfico continuó este martes con un nuevo ataque extrajudicial, el octavo del que se tiene noticia desde septiembre. La novedad esta vez es que este se produjo frente a las costas colombianas, y en aguas del océano Pacífico, y no, como los anteriores, en el mar Caribe. El ataque se produce en mitad del enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el colombiano, Gustavo Petro, por la campaña militar contra el narcotráfico lanzada por Washington.

La noticia la avanzó el miércoles a mediodía (hora de la Costa Este) la CBS, que citó dos fuentes oficiales anónimas. La confirmación llegó al rato de parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que contó que los militares estadounidenses mataron en esta ocasión a dos personas, lo que eleva la cuenta de víctimas de las ocho operaciones extrajudiciales a al menos 34 civiles.

Hegseth definió como “narcoterroristas” a los tripulantes en un post en X, en el que, como ya es costumbre desde hace casi dos meses, se reprodujo un video del momento en el que la embarcación salta por los aires.

“Del mismo modo en que Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, añadió, sin ofrecer más detalles sobre la identidad de quienes viajaban a bordo de la embarcación o pruebas sobre la carga que portaban. También dijo que la orden la había dado el presidente Donald Trump.

Era la primera vez también en la que las autoridades estadounidenses reconocían que el ataque tuvo lugar “frente a las costas colombianas”. En ocasiones anteriores, Hegseth o Trump destacaron la proximidad con el litoral venezolano del Caribe.

Las palabras del secretario de Defensa hay que situarlas en el contexto del conflicto entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que aquel ha acusado de ser “un líder del narcotráfico” que incentiva la producción masiva de drogas, después de que Petro dijera que Washington ha violado la soberanía de su país con los dos de los ocho ataques, a embarcaciones que podrían ser colombianas. La Casa Blanca aseguró que iba a cortar cualquier tipo de ayuda al país y amenaza con aranceles de castigo a Bogotá, que no acaban de sustanciarse.

Según cifras oficiales, solo el 10% de la droga que llega a las costas estadounidenses lo hace a través del Caribe. La ruta más habitual es la del Pacífico, con tres orígenes fundamentalmente: México, Colombia y Ecuador.

El anuncio llega dos días después de que el propio Hegseth −y no, como ha venido siendo también habitual, Trump− diera el domingo la noticia del séptimo ataque.

Entonces, el objetivo fue una embarcación a la que las autoridades estadounidenses vinculan al Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero colombiano que Estados Unidos considera una organización terrorista desde la década de los noventa. En una publicación en X, alegó que la embarcación “navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”. Mataron a tres personas.

El secretario de Defensa afirmó también que la operación, cuyo objetivo fue colombiano, y no, como hasta entonces, venezolano, tuvo lugar en aguas internacionales y dentro del área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye el Mar Caribe. En ese área se ha desarrollado en las últimas semanas un despliegue con pocos precedentes, que incluye una decena de buques de guerra, entre ellos, un submarino nuclear, y unas 10.000 tropas.

“Ataques armados”

La Administración de Trump considera que Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga. Con el argumento de que los narcóticos con los que trafican esas bandas criminales matan a decenas de miles de estadounidenses cada año, entienden que esos presuntos movimientos de droga son “ataques armados”.

Senadores de ambos partidos se oponen al hecho de que Trump haya declarado la guerra contra esas organizaciones, y no contra un país, y que haya invocado para ello una ley de los años 70 que le da esa potestad durante 60 días para mantener esas operaciones sin contar con la aprobación del Congreso, que terminan a principios de noviembre y que se pueden prolongar durante 30 días más.

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos confirmó además la sexta operación extrajudicial de una campaña que empezó a principios de septiembre. En aquella ocasión el objetivo fue una embarcación sumergible a escasa profundidad. El ejército mató a dos civiles y otros dos, un colombiano y un ecuatoriano, sobrevivieron.

Ambos fueron repatriados a sus países, y el ecuatoriano ya está en libertad, pues la Fiscalía de ese país no encontró pruebas para acusarlo de algún delito.

Las autoridades estadounidenses aún no han aportado pruebas sobre los tripulantes de esas embarcaciones o sobre la carga que estas portaban. La pena de muerte es legal en buena parte de Estados Unidos, aunque nunca se aplica el tráfico de drogas, y siempre tiene que mediar un juicio previo.