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Un juez afirma que la Administración de Trump ha violado la Primera Enmienda al detener y deportar a estudiantes propalestinos

Grupos de alumnos y profesores universitarios habían demandado al Gobierno por revocar visas de universitarios extranjeros y expulsar del país a decenas de ellos

Mahmud Khalil, en una marcha en protesta por la crisis humanitaria en Gaza
María Antonia Sánchez-Vallejo

La justicia ha fallado este martes que la Administración del presidente Donald Trump actuó inconstitucionalmente al revocar visas y detener y deportar a estudiantes y profesores extranjeros involucrados en las protestas propalestinas que el año pasado recorrieron los campus de EE UU.

El juez de distrito de Boston William Young ha fallado en favor de los grupos que representan a estudiantes y profesores universitarios al considerar que la Administración republicana está limitando la libertad de expresión en los campus universitarios en violación de la Primera Enmienda de la Constitución. Algo que los activistas y críticos de la Administración de Trump han venido criticando desde que al asumir por segunda vez la presidencia, en enero, el republicano lanzase una ofensiva total contra las universidades en nombre de un combate contra un supuesto antisemitismo.

En el fallo del tribunal de distrito de Boston se lee que los funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos “actuaron de manera concertada para abusar de los amplios poderes de sus respectivas oficinas para deportar a los no ciudadanos propalestinos principalmente debido a su discurso político, protegido por la Primera Enmienda”.

“Lo hicieron para infundir miedo en individuos extranjeros [que albergaran sentimientos] propalestinos que estuviesen en situación similar, frenando de manera proactiva (y efectiva) el discurso legal propalestino y negando intencionadamente a tales individuos (incluidos los demandantes de este caso) la libertad de expresión que les asiste como derecho”, ha escrito Young.

Su decisión solo evalúa si la Administración ha adoptado una política ilegal, por anticonstitucional. Young ha dicho que determinará a renglón seguido qué medida ordena, puesto que los abogados de los grupos demandantes le han pedido que impida a la Administración ese tipo de arrestos y deportaciones en el futuro.

A partir de la detención del estudiante de Columbia Mahmud Khalil en marzo por supuestamente liderar las protestas propalestinas en ese campus, la Casa Blanca abrió la veda para la caza del estudiante que se manifestara por los civiles de Gaza o en demanda de un alto el fuego en la Franja. El propio Trump firmó en enero una orden ejecutiva para combatir el supuesto antisemitismo de los campus, y encomendó a los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional —este último, el encargado también de la gran ofensiva contra la inmigración— que supervisaran las publicaciones, perfiles y cuentas en redes sociales de los sospechosos en busca de agravantes, pero también, de manera preventiva, de cuantos extranjeros aspirasen a ingresar en una universidad estadounidense.

Sobre Khalil, que fue puesto en libertad en junio tras pasar casi tres meses en la cárcel, pende aún la amenaza de la deportación, a Siria o Argelia, y la decisión está en manos de un juez que resuelve procesos migratorios.

La demanda se presentó en marzo después de que las autoridades de inmigración arrestaran a Khalil, residente legal en el país y casado con una ciudadana estadounidense. Desde entonces, la Administración ha cancelado las visas de cientos de estudiantes y académicos, y ha ordenado el arresto de una docena. Entre ellos, Rumeysa Ozturk, una estudiante de la Universidad de Tufts que fue detenida en Massachusetts por agentes enmascarados y vestidos de civil después de coescribir un artículo de opinión criticando la respuesta de su universidad a la guerra de Israel en Gaza. En el punto de mira de la Administración de Trump no está solo luchar contra el supuesto antisemitismo, sino neutralizar los campus, que considera un vivero de izquierdistas y liberales.

El fallo del juez Young, que fue nombrado por el republicano Ronald Reagan, es un abierto desafío a la Administración republicana, uno más de los reveses judiciales sufridos para aplicar su agenda de gobierno, en especial en las políticas migratorias y de reforma de la Administración, por ejemplo los despidos masivos en las agencias federales.

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