Estados Unidos congela fondos a otras dos universidades con el argumento de luchar contra el antisemitismo

La ofensiva de la Administración que dirige el presidente Donald Trump contra las universidades ha dado un paso más este martes, tras anunciarse la congelación de fondos federales a la de Cornell, por más de 1.000 millones de dólares (unos 908 millones de euros), y a la de Northwestern (790 millones de dólares). La pausa en la financiación afecta principalmente a subvenciones y contratos con los departamentos de Agricultura, Defensa, Educación y Salud y Servicios Humanos, informaron dos funcionarios amparados en el anonimato al diario The New York Times.

Estas medidas son las últimas de una campaña cada vez más intensa contra las universidades de élite del país, que se ha saldado con la suspensión o cancelación de fondos federales por valor de más de 3.300 millones de dólares. Las subvenciones y contratos del Gobierno federal suponen la vía de financiación más importante para las instituciones de élite, y su pausa, debida a investigaciones sobre la respuesta de los rectorados a supuestas manifestaciones de antisemitismo en sus campus, un eficaz modo de presión para lograr concesiones y controlar la difusión de opiniones críticas o contrarias a Israel.

Hasta este martes, cinco universidades habían sido objeto del castigo de la Administración republicana. La primera fue, el pasado 7 de marzo, Columbia, que ha visto comprometidos fondos por valor de 400 millones; luego siguieron Pensilvania (150 millones, el castigo por un programa de deporte que incluía a estudiantes transgénero), Harvard (9.000 millones), Princeton (becas para programas de investigación valoradas en total en 210 millones) y Brown, que el pasado viernes vio pausada la entrega de 510 millones. Este mismo martes, el Departamento de Comercio ha anunciado la retirada de casi cuatro millones de dólares adicionales a Princeton para financiar programas sobre el cambio climático, otra de las bestias negras DEI (siglas inglesas de los programas de diversidad, equidad e inclusión) de la Casa Blanca. La medida obedece, según el comunicado de Comercio, a “racionalizará y reducir el coste y el tamaño del Gobierno federal, en consonancia con la promesa del presidente Trump para su Administración”.

Las universidades se enfrentan a dos duras opciones: doblegarse ante la Administración de Trump, como en teoría ha hecho Columbia, o contratacar, arriesgándose a perder esos fondos. El Gobierno federal aún tiene que restaurar los 400 millones de dólares a la universidad de Nueva York, incluso después de que aceptara endurecer sus políticas disciplinarias —en especial las que regulan la celebración de protestas— y poner algunos departamentos bajo administración académica especial, como el de Estudios de Oriente Próximo y el Centro de Estudios Palestinos. Las concesiones de Columbia son solo un “primer paso”, según la Administración de Trump, para restaurar la financiación federal, pero no ha especificado qué más espera de la institución, de ahí que el resto aguarden conocer ulteriores exigencias a modo de hoja de ruta para navegar la ofensiva.

La ofensiva del Gobierno contra las universidades de élite ha provocado la dimisión de cuatro rectoras, las de Harvard y Pensilvania a finales de 2023, y las de la responsable de Columbia, en agosto pasado, y su sustituta en funciones, hace dos semanas. Prueba de que el contencioso de la Administración republicana con Columbia está lejos de solucionarse, a los pocos días de asumir el cargo de rectora en funciones, Claire Shipman está en el punto de mira de la representante republicana del norte del estado de Nueva York, Elise Stefanik, que cuestionó el compromiso de Shipman con la protección de los estudiantes judíos en el campus. Stefanik llevó la voz cantante en el comité del Congreso que investigó en diciembre de 2023 la respuesta de tres universidades (Harvard, Pensilvania y MIT) a las entonces incipientes protestas estudiantes contra la guerra de Gaza. Cuatro meses después, la movilización recorría todos los campus del país.

Además de la detención de una docena larga de estudiantes e investigadores por su participación en las protestas propalestinas de la pasada primavera, centenares de alumnos extranjeros han visto revocado su visado en virtud de una ley de 1952, que faculta al Departamento de Estado para expulsar del país a todo aquel que suponga un riesgo para su seguridad interior. Es la misma ley que el Gobierno arguyó para justificar la detención del activista de origen palestino Mahmud Khalil en Columbia, a quien la Casa Blanca acusó, sin pruebas, de alinearse “con los terroristas de Hamás”. Desde el 8 de marzo, casi 300 estudiantes han visto revocados sus visados y podrían ser deportados. Decenas de universidades, incluidas la de California y Harvard, han confirmado que la Administración de Trump canceló las visas de sus estudiantes en los últimos días, en muchos casos sin dar razones claras.