La agencia de inmigración de EE UU detiene de nuevo al salvadoreño Kilmar Abrego

Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño cuya deportación errónea de Estados Unidos a su país de origen le convirtió en símbolo de la dura política de expulsiones de Donald Trump, ha sido detenido de nuevo este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) cuando acudía a una cita en los tribunales de inmigración en Baltimore (Estado de Maryland) sobre su caso. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, ha denunciado que Abrego, de 30 años, podría ser expulsado de nuevo, esta vez a Costa Rica o a Uganda.

El inmigrante ha presentado una solicitud para que no sea enviado a ningún país antes de un juicio completo en el que pueda defenderse y, también, antes de determinar si la nación de acogida está dispuesta a aceptarlo.

Es algo que el Gobierno no parece muy dispuesto a conceder. En una minirueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificaba al salvadoreño de “animal” y de maltratador. Su secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, sostenía que “lo hemos puesto bajo control... tiene que estar en prisión, no en las calles como quieren los izquierdistas”.

Desde su cuenta oficial en la red social X, la Casa Blanca colgaba un póster con el rostro del salvadoreño, en estilo similar al célebre cartel Hope (“Esperanza”) que retrataba a Barack Obama. En el meme utilizado por la oficina presidencial se muestran las letras MS-13, en alusión a la Mara Salvatrucha, la pandilla a la que el Gobierno acusa al inmigrante de pertenecer. La cuenta también recoge una declaración de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem: Trump “no va a permitir que este extranjero ilegal, un miembro de la MS-13, traficante humano, abusador doméstico y depredador infantil aterrorice a ciudadanos estadounidenses”.

Kilmar Abrego contaba con una orden judicial que prohibía que fuera deportado a El Salvador, donde podría verse expuesto a represalias pero a donde la Administración estadounidense le expulsó en marzo. El inmigrante formaba parte de un grupo de unas 300 personas, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua y a otras pandillas violentas. Fueron expulsados invocando la ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y que fue concebida para tiempos de guerra. En muchos casos, sin pruebas o con pruebas poco justificadas.

Un abogado del Departamento de Justicia reconoció entonces que en la orden de expulsión de Abrego se había cometido un error y un juez ordenó al Gobierno que le trajera de vuelta a EE UU.

La Administración Trump tardó meses en acatar aquella decisión judicial, alegando que no podía reclamar al Gobierno salvadoreño el regreso de uno de sus ciudadanos y que Abrego era un delincuente peligroso: el Departamento de Justicia le acusó primero de pertenecer a una pandilla delictiva, después de ser un maltratador y, finalmente, de transportar a inmigrantes irregulares en suelo estadounidense.

Desde su regreso en junio, tras casi tres meses en el CECOT, la enorme y temida prisión salvadoreña para los miembros de pandillas delictivas, el inmigrante había permanecido en una prisión de Tennessee por un delito de tráfico de personas. Un cargo que él niega. Abrego fue puesto en libertad el viernes, en cumplimiento de una orden judicial. Ahora, el ICE ha vuelto a detenerle tras llegar a la cita.

Uganda o Costa Rica: el palo y la zanahoria

Su abogado ha señalado que su cliente ha sido amenazado con la deportación a Uganda, un país que ha acordado aceptar inmigrantes irregulares de terceros países expulsados desde EE UU, si no acepta declararse culpable del cargo de tráfico de personas. Si sí lo hace, quedaría deportado a Costa Rica, que ha dado el visto bueno a acogerle como refugiado.

“Están utilizando Costa Rica como la zanahoria y a Uganda como el palo”, ha declarado Sandoval-Moshenberg en una rueda de prensa celebrada en el exterior de las instalaciones del ICE, donde su cliente ha quedado retenido. “Están politizando el sistema de inmigración de un modo completamente inconstitucional”.

Según el abogado, Kilmar Abrego está dispuesto a aceptar ser deportado a Costa Rica, donde tendría estatus de refugiado y no correría riesgo de ser entregado a El Salvador. Pero no quiere verse obligado a declararse culpable.

“Pueden enviarle a cualquier país, pero el país tiene que garantizarle un estatus donde se pueda quedar”, ha añadido el letrado. “Si no, si le mandan pongamos a Madrid y Madrid no le ofrece estatus, ese viaje no es más que una escala muy complicada para acabar siendo devuelto a El Salvador, que es a donde no puede volver”.