Corrupción: y ahora, ¿qué?

Las revelaciones por colaboración eficaz —“delación premiada”, en brasileño— en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht han tocado cimas del poder en Brasil, Ecuador y Perú. Al presidente Michel Temer el Tribunal Supremo ha decidido abrirle investigación por corrupción a partir de confesiones de directivos de Odebrecht por financiamiento con dinero negro a su partido político. Investigarlo es jurídicamente válido: la Constitución protege al presidente de una condena penal, pero no de una investigación fiscal. Igual razonamiento corresponde aplicar en el Perú, pues la Constitución no tiene un impedimento para que la fiscalía abra investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski por los indicios de corrupción revelados. En Ecuador, un audio comprometedor recientemente divulgado involucra al presidente del legislativo en negociaciones indebidas con Odebrecht.

En Perú, en donde las recientes declaraciones de colaboración de Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en el país andino, comprometen simultáneamente a casi todo el abanico de líderes políticos y de quienes fueron candidatos presidenciales. Dos aspectos son particularmente destacables en este alud de información sobre corrupción.

En primer lugar, lo crucial de la colaboración eficaz en la investigación de este tipo de delitos. Esta permite que quien ha delinquido colabore con la justicia con información clave sujeta, por cierto, a corroboración posterior. Siempre que, por cierto, quien declara se atenga al 100% a la verdad para no perder los derechos conseguidos por colaborar.

Esta herramienta tiene utilidad especial cuando se trata de estructuras delictivas cuyos procedimientos, redes y actuación solo son conocidas por sus integrantes. Una de las primeras normas al respecto la impulsamos en el 2000 para hacer viable la investigación eficaz a la estructura criminal que había gobernado el Perú durante los años noventa. Los resultados fueron espectaculares.

Los procesos conducidos por fiscales en Brasil por lo de las constructoras brasileñas y la posterior colaboración entre fiscales de ese país y Perú han propiciado revelaciones e información espectaculares que de otra forma hubiera sido imposible obtener. Es lamentable que, en su angustiada defensa, el presidente Kuczynski pretenda ahora desprestigiar este mecanismo de investigación fundamental cuestionando que se le dé “tribuna a gente que certificadamente fue corrupta”. Obvia, además, que mientras se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas su empresa asesoraba a esa “empresa corrupta” en asuntos financieros y avales por el Estado.

En segundo lugar, los fiscales se atreven a tocar intereses políticos y empresariales poderosos, incluidos presidentes de la República en funciones. Señal, por cierto, de una independencia institucional de la que no siempre se gozó. Esto no hubiera sido posible hace algunos años. También hubiera sido imposible —y hasta ilegal— que fiscales compartieran sus investigaciones en curso con fiscales de otros países. Gran resultado de la notable Convención de la ONU contra la Corrupción del 2003 que no ha quedado en letra muerta.

Aspectos como estos ponen de relieve un balance positivo de la acción de la sociedad y de algunas instituciones en este estallido de mugre. El seguimiento ciudadano a que las investigaciones culminen y que quienes han delinquido sean sancionados es hoy una obligación cívica ineludible en un proceso en el que investigación fiscal y periodismo de investigación se nutren recíprocamente.

Simultáneamente, sin embargo, se abre la desesperanza frente a lo que laxamente se llama clase política. El “todos los políticos son corruptos” es hoy el arenoso lugar común entre la ciudadanía. Consecuencia directa de esta devaluación in genere de “los políticos” es el debilitamiento de la legitimidad del sistema político en general. Esto es sumamente serio y peligroso. Abre rutas para el aventurerismo y caudillismos extremistas, como ocurrió en algunos países europeos durante la crisis de los años treinta del siglo pasado. El camino de hacer política con transparencia, de mecanismos de participación ciudadana efectivos y garantías de libertad de expresión y pluralismo en los medios es, en este contexto de nubarrones, una ruta de salida a lo que no se debe renunciar. Difícil, pero viable.