El Gobierno de May cifra en 142.000 millones de euros el agujero del ‘Brexit’

La decisión de abandonar la UE reducirá en 2,4 puntos porcentuales el crecimiento previsto de la economía británica en el próximo lustro, debido a una reducción del comercio, de la inversión y de la inmigración. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, un organismo independiente, confirma así los pronósticos sobre los efectos negativos del Brexit a largo plazo y corrige a la baja sus anteriores previsiones de crecimiento, formuladas en marzo, para 2017 (de 2,2% a 1,4%) y 2018 (de 2,1% a 1,7%).

Más información

El nuevo ministro de Hacienda promete relajar la austeridad

La primera ministra May urge a avanzar en el ‘Brexit’ ante las divisiones en su gabinete

May da prioridad al control de la inmigración

La rebaja del crecimiento y la menor inversión afectarán a la recaudación fiscal y obligarán al Gobierno a pedir prestados, en los próximos cinco años, 122.000 millones de libras (142.000 millones de euros) más de lo estimado en marzo. Hammond renuncia al compromiso de su predecesor de cuadrar las cuentas para 2020: el déficit se eliminará, dijo, durante la siguiente legislatura (2020-2025).

La disposición a un mayor endeudamiento representa una ruptura con el discurso de austeridad, que priorizaba ante todo la reducción del déficit, del que han hecho gala los Gobiernos conservadores de David Cameron desde 2010. Y subraya también la magnitud del desafío del Brexit. “Nuestra tarea ahora es preparar nuestra economía para que resista mientras abandonamos la UE y esté en buena forma para la transición posterior”, dijo ayer Hammond, ministro de Finanzas desde julio.

La sombra del Brexit ha constreñido el campo de acción de un Gobierno deseoso de enterrar la retórica de la austeridad. Las cuentas de Hammond, las primeras del Gobierno de May y las primeras después del referéndum de junio, centraron sus modestas alegrías en las familias de clase trabajadora que sufren para llegar a fin de mes y que sienten que la desaceleración que siguió a la crisis financiera de finales de la década pasada se cebó especialmente con ellas. El Gobierno ha inventado incluso un mercadotécnico acrónimo para referirse al colectivo: JAM, siglas en inglés de “Just about managing”, que podría traducirse como “que se las arreglan a duras penas”. Es un sector de la población que mayoritariamente votó por el Brexit y en cuyo interés ha prometido gobernar la primera ministra.

Para ellos prometió Hammond la construcción de nuevas viviendas asequibles, ayudas al alquiler, mejoras en las prestaciones por hijos, una ligera subida del salario mínimo —de 7,20 (8,4 euros) a 7,50 libras (8,7 euros) la hora desde abril de 2017— e inversiones en infraestructuras que activen la economía. Ayudas, todas ellas, mitigadas por la amenaza que el Brexit supone para la economía, a pesar de que las cifras económicas no han sido, hasta la fecha, tan negativas como muchos pronosticaban.

Las medidas, ninguna espectacular, fueron filtradas diligentemente en los días previos para que en el día de autos, el miércoles, toda la atención se concentrase en las advertencias sobre el coste del Brexit. Así, Hammond lanza un claro aviso a los tories más eurófobos, dentro del propio Gobierno, sobre el riesgo de una ruptura radical. Igual que la primera ministra, Hammond apoyó la permanencia en la UE en el referéndum. Ese hecho, sumado a una actitud más pragmática que ideológica, le ha enfrentado al sector más a la derecha del Partido Conservador que, al contrario que Hammond, defiende una salida rápida y radical de la UE.

El sector más eurófobo se agarra a que los oscuros augurios de una recesión a corto plazo no se han materializado. Pero la drástica caída de la libra despierta el fantasma de la inflación, como recordó ayer Hammond, que podría perjudicar las condiciones de vida, particularmente de ese colectivo de JAM a los que el Gobierno busca contentar.