Maduro podrá aprobar el presupuesto a espaldas del Parlamento

El conflicto de poderes en Venezuela ha alcanzado una nueva cota después de que el Tribunal Supremo de Justicia haya autorizado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a esquivar la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, para el Presupuesto Nacional de 2017. En su veredicto, el alto tribunal se abroga la tarea de supervisar la ejecución del presupuesto, adjudicado por la Constitución al Parlamento. Por ello, insta al Poder Ejecutivo a presentar el proyecto de presupuesto ante la Sala Constitucional en un plazo no mayor a cinco días.

Desde que en diciembre pasado la oposición obtuvo en las urnas la mayoría absoluta del legislativo, el Gobierno de Maduro ha hecho lo posible para desembarazarse de su control, ahora dotado de poderes constitucionales para vetar leyes y hasta destituir ministros.

Actitud “hamponil”

Maduro se apoyó en decisiones del Supremo, ampliamente dominado por el chavismo, para recortar las atribuciones de la Asamblea Nacional hasta que finalmente en septiembre la declaró en desacato. La oportunidad para ello la brindó la decisión del Parlamento de incorporar a dos diputados electos en diciembre en sus circunscripciones del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) y proclamados por las autoridades electorales, pero impugnados por el oficialismo ante el Supremo. El tribunal ha retrasado su veredicto acerca de los dos escaños, que representan la mayoría calificada de la oposición en el hemiciclo.

El tribunal determinó que el Parlamento actúa “en rebeldía” y todos sus actos resultarían “inconstitucionales” mientras continuasen en su seno los dos diputados en cuestión. En vista de ello, Maduro consultó al tribunal si debía presentar el presupuesto a un poder legislativo que, a su juicio, “se autodisolvió”.

Ramos Allup, el presidente de la Asamblea, no tardó en reaccionar ante la decisión del tribunal, cuya actitud calificó de “hamponil”. La oposición asegura que Maduro podría incurrir en una irregularidad administrativa, sujeta a sanciones penales, si se otorgara a sí mismo el presupuesto sin pasar por la supervisión legislativa. Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), recordó que Dilma Rousseff fue destituida en Brasil “precisamente por irregularidades administrativas como esa”.