Un grupo de juristas pide a La Haya que investigue a Maduro

Un grupo de juristas solicitó ayer a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, la apertura de una investigación preliminar sobre “los crímenes cometidos por funcionarios de alto nivel del Gobierno de Venezuela desde febrero de 2014”, fecha en la que se inició una oleada de protestas en varias ciudades venezolanas que el régimen chavista contuvo a sangre y fuego. Entre los señalados por los peticionarios se encuentra el presidente Nicolás Maduro.

En el documento, presentado por los abogados Juan Carlos Gutiérrez y Carlos Vecchio, se acusa a Maduro y su entorno de cometer crímenes como el asesinato, tortura, persecución y encarcelación arbitraria. Los letrados actúan en representación de los familiares de un grupo de víctimas de la represión de 2014. El primero figuró también como jefe del equipo de defensores del líder opositor Leopoldo López, recluido desde febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, durante el proceso judicial en que se condenó al dirigente a casi 14 años de prisión.

Vecchio, por su parte, es un exiliado político. Directivo también de Voluntad Popular (el partido de López), abandonó el país en 2014, al ser objeto de un auto de detención como supuesto instigador de las protestas. Junto a los abogados, en la solicitud trabajaron los expertos en Derecho Internacional Joanna Frivet, Juancarlos Vargas y Francisco Quintana.

Miedo a más violencia

Los abogados piden a la fiscal Fatou Bensuda evaluar con urgencia los méritos del caso, pues, hacen notar, el presidente Maduro viene haciendo graves amenazas ante la eventualidad de que el oficialismo resulte derrotado en las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. “Lo anterior ha generado el temor de que se perpetre una nueva ola de crímenes de lesa humanidad, por lo que está plenamente justificada la intervención de la CPI para evitar una situación más grave”, aseguró el lunes Juancarlos Vargas en una nota de prensa.

Según los solicitantes, durante los disturbios de 2014 se produjeron “de 33 a 36 muertes”, el arresto arbitrario de “638 personas liberadas después sin el debido proceso judicial”, y la prisión de “entre 3.351 y 3.758 personas”. Señalan que en 2015 continuó el asedio judicial contra empresarios, activistas, periodistas..., lo que evidenciaría una represión contra personas de pensamientos políticos distintos.