El Parlament de Cataluña recurre la sentencia del TSJC que rechaza exigir a los chóferes de la Cámara el B2 de catalán

El Parlament de Catalunya recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la exigencia del nivel B2 de catalán para acceder a las plazas de chófer del Parlament. El presidente de la Cámara, Josep Rull, ha defendido este martes que el Parlament presentará un recurso de casación y que se ha adecuado a la ley en los procesos de selección. Para Rull, el planteamiento del TSJC "tiene más elementos políticos que jurídicos”.

Los jueces consideran que, por el tipo de trabajo, basta con un nivel de catalán más básico (B1), mientras que Rull ha asegurado que hay una categoría específica de chóferes de representación a los que “se les debe exigir este nivel un poco más avanzado de catalán”. La sentencia, cuya comunicación oficial llegó este lunes al Parlament, se produjo tras la petición de Convivencia Cívica Catalana, que pidió anular las bases de una convocatoria de plazas de estos conductores de vehículos oficiales donde viajan altos cargos.

Rull también ha anunciado que desde la Mesa del Parlament modificarán los Estatutos de régimen y gobierno interior (Ergi) para dar “más solidez” a la posición de la Cámara catalana, ya que estos estatutos tienen rango de ley. El presidente del Parlament ha admitido que no es optimista sobre la resolución del recurso de casación que presentará la Cámara, y ha insistido en que “en este ámbito de la lengua, la justicia se está moviendo en criterios políticos y no jurídicos”.

En su argumentación, Rull ha avisado que esta resolución judicial también puede afectar a la Generalitat porque “abre una vía que genera una inseguridad extraordinaria”, por lo que hablará con el consejero de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, para poder trabajar conjuntamente en este ámbito. “Lo que queremos es un país normal, donde sus trabajadores públicos puedan utilizar las lenguas, la lengua propia del país, con normalidad”, ha subrayado Rull, que ha añadido que esta sentencia no debe pasar inadvertida porque tiene más profundidad de lo que puede parecer.

También ha asegurado que “tiene un punto de sarcasmo que aquel ámbito donde hay una vulneración más clara y evidente de los derechos lingüísticos, que es la justicia, señale justamente al Parlament por una supuesta vulneración de derechos lingüísticos”, ya que ha recordado que en 2024, solo un 6% de las resoluciones judiciales en Cataluña se emitieron en catalán, según sus datos.

Según fuentes parlamentarias, la resolución no afectará a nivel operativo, ya que el proceso de selección al que hace referencia ya se ha culminado y todas las personas que optaron a la plaza tenían el nivel B2 de catalán, más del mínimo establecido por el TSJC.

Código de conducta

Por otra parte, la CUP ha trasladado a la Mesa del Parlament una petición para que la Comisión del Estatuto del Diputado abra un procedimiento contra el diputado de Vox Rafael Villafranca por llamarles delincuentes en el pasado pleno, celebrado el 19 de marzo .

Según han explicado fuentes parlamentarias este martes, la Mesa ha admitido a trámite este escrito de la CUP y ha remitido el asunto a la Comisión del Estatuto del Diputado, que deberá determinar si se inicia el procedimiento por vulneración del Código de Conducta de la Cámara.

Preguntado sobre esta cuestión, el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha defendido este martes en rueda de prensa la posición de Villafranca, y ha añadido que todos aquellos que participaron del “golpe de estado” del procés, “son delincuentes”, incluido, ha dicho, el propio Rull.