Escándalo en El Salvador por un acuerdo entre Gobierno y maras

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de El Salvador contra la criminalidad han generado una gran polémica en el país centroamericano. En el centro del debate están unas negociaciones secretas que, de acuerdo a lo publicado por el periódico digital El Faro, el Ejecutivo habría mantenido con un grupo de líderes de las pandillas violentas o maras que estaban encarcelados en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en el centro del país y conocido como “Zacatrás”, en alusión a la famosa e inexpugnable cárcel de Alcatraz, en Estados Unidos.

Citando fuentes oficiales de inteligencia y de las propias pandillas, el diario anunció la existencia del presunto pacto entre el Gobierno y las maras, que consistiría en que un grupo de líderes de la mara Salvatrucha MS-13 y la Pandilla 18 —condenados a 12 años de prisión— serían trasladados a dos cárceles en un régimen de confinamiento mucho menos severo, con la condición de que ordenaran a sus secuaces en el exterior que suspendieran los homicidios y las extorsiones, que han convertido a El Salvador en una de las naciones más peligrosas del mundo.

Tras el pacto, 30 reos fueron trasladados, entre el 8 y el 10 de marzo pasados, de Zacatecoluca a las cárceles de Cojutepeque y a Ciudad Barrios. Inmediatamente los homicidios y las extorsiones comenzaron a descender, según fuentes oficiales. Y en una proporción nada desdeñable: hasta un 50%.

A Cojutepeque fueron trasladados Borromeo Enrique Solórzano, conocido como El Diablito, y Ricardo Adalberto Díaz, alias La Rata, los máximos jefes de MS-13. En el penal de Ciudad Barrios, fueron reinstalados Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias Viejo Lin; Carlos Alberto Rivas Barahona, alias Chino Tres Colas; Víctor Antonio Cerón García, alias Duke, y Frank William Martínez, alias Cholo William, todos líderes de las dos facciones de la Pandilla 18, también llamada Barrio-18 o Tribu-18.

Las revelaciones de El Faro, así como las confirmaciones y reacciones divulgadas en otros medios encendieron el debate y la crítica a través de las redes sociales.

El Gobierno salvadoreño ha tardado dos días en desmentir la negociación con los pandilleros por boca del ministro de Justicia y Seguridad, el general retirado David Munguía Payés, quien sin embargo no negó el traslado de los presos.

Munguía reconoció la disminución de los homicidios a niveles “antes nunca vistos”. Incluso, calificó el pasado sábado pasado como día “histórico”, porque se registraron apenas dos homicidios, cuando el promedio diario fue de entre 12 y 14 asesinatos en 2011 y durante los dos primeros meses de 2012.

El exmilitar justificó el traslado de los presos como una “acción humanitaria”, dado que la ley dice que solo puede recluirse a un preso en una cárcel de máxima seguridad durante el 10% de su pena. Es decir, que los traslados eran merecidos.

Pero Munguía reveló, por otra parte, que “la inteligencia policial y militar” había detectado que han ingresado en El Salvador lotes de cohetes antitanques y antiblindados Low, así como fusiles Dragonov (para francotiradores). Según los partes oficiales, con este armamento sofisticado los delincuentes pretenden atentar contra las autoridades judiciales o lanzar un ataque a los penales y provocar huidas masivas.

Los grupos opositores y de derechos humanos no creen en los argumentos del Gobierno y han criticado la presunta negociación al indicar que no es “ético ni moral” negociar con delincuentes y que para conseguir una “paz frágil” el Estado se sometería ante los grupos delictivos, que, en cualquier caso, no todos son pandilleros.

Carlos Dada, director de El Faro, dijo a EL PAÍS que tanto él como los periodistas de su diario se sienten “amenazados” por haber revelado un plan que es cuestionado, débil contra la criminalidad y en el que también sufre la prensa independiente que no se ciñe a los argumentos oficiales.

Dada afirmó que el general Munguía “sostuvo el viernes pasado una reunión a puerta cerrada con jefes y editores de medios de comunicación a la que no convocó a El Faro, pero dijo que el trabajo de El Faro era muy arriesgado y que podíamos estar en peligro, y pidió que recordaran lo que le sucedió al documentalista hispano-francés Christian Poveda [asesinado supuestamente por las pandillas en 2009]”.

“Entonces, si el ministro tiene información privilegiada de los riesgos o los peligros a los que la nota en cuestión nos expone, de la misma forma tiene también muchos más elementos para garantizar nuestra seguridad”, señaló el director del medio digital salvadoreño.