La lentitud de las reformas en Guatemala

El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la entonces guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaban unos acuerdos de paz que ponían fin a una guerra civil de 36 años y que se saldó con 250.000 muertos. Para los guatemaltecos se abría un paréntesis de esperanza que permitía confiar en el inicio de la reconstrucción de un país física y moralmente destrozado.

Diez años después, si bien han callado las armas en el campo político, la violencia común, amancebada con las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, continúa ensangrentando la nación con cotas, incluso, más altas que durante el enfrentamiento armado. Según cifras oficiales, a lo largo de 2005 murieron violentamente cerca de 5.000 personas. En lo que va de año, la policía ha informado de más de 2.500 asesinatos.

Esta realidad fue analizada, a lo largo de la pasada semana por Louise Arbour, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según la funcionaria internacional, "a pesar de los esfuerzos del Gobierno desde la firma de la paz, las reformas son demasiado lentas". En conferencia de prensa, al término de su visita oficial, señaló como particularmente preocupantes la inseguridad ciudadana, el inoperante sistema de justicia, la falta de progreso en el programa de resarcimiento a las víctimas del conflicto armado y los graves problemas socioeconómicos atribuibles al desempleo.

El Informe Arbour, calificado por el Gobierno de Guatemala como "excelente, balanceado y objetivo", señala que la lucha gubernamental por la paz social y la justicia sólo ha aumentado las expectativas, pero rara vez se ha traducido en resultados. "No hay progresos significativos en el combate a la impunidad o la eliminación de los grupos clandestinos", subraya.

En lo referente a la seguridad ciudadana y con una policía corrompida por las mafias del narcotráfico (más de 3.000 de los 21.000 agentes del cuerpo están sujetos a investigación interna por delitos que van desde la simple extorsión hasta el secuestro o asesinato de civiles), Arbour pide que se fortalezca la institución "tanto en cantidad de agentes como para] dotarla de mecanismos de control que incluyan medidas disciplinarias".

Insiste en que la justicia no podrá alcanzarse nunca sin un sistema correccional que funcione, por lo que urge a apoyar la transformación del sistema penitenciario del país.

Anders Kompass, funcionario de la ONU en Guatemala, y Louise Arbour.