Lula quiere penalizar con la cárcel la divulgación de grabaciones telefónicas

Los periodistas que divulguen grabaciones telefónicas, incluso autorizadas por el poder judicial, podrán ser penalizados hasta con tres años de cárcel. Se trata de la mayor novedad de una ley que reformula la legislación del anterior Gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso para castigar el uso ilegítimo de grabaciones telefónicas. El proyecto, preparado por el ministro de Justicia Márcio Thomaz Bastos, será presentado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al Parlamento para su aprobación.

El texto, desvelado ayer por el diario Folha de São Paulo, al que ha tenido acceso, podrá aún recibir algunos retoques finales, aunque, según el diario, se considera ya definitivo "en su esencia". La referencia a la pena de hasta tres años de cárcel para los periodistas que divulguen dichas grabaciones es totalmente nueva y no aparecía en la ley anterior.

Más aún, en la nueva ley, la pena a los que inflijan la normativa será aumentada en un tercio "si la divulgación se lleva a cabo por medio de diarios, u otras publicaciones periódicas, reportajes de radiodifusión, servicios de noticias o Internet", dice textualmente el texto.

La ley, en general, es más severa que la anterior en la mayoría de sus puntos. Otra de las novedades es que convierte en delito, incluso la grabación de las propias conversaciones personales realizadas sin el permiso del interlocutor, e introduce la peculiaridad de "escuchas ambientales", es decir, la grabación por medio de micrófonos o magnetofones ocultos, de conversaciones privadas en despachos u otros lugares.

Se trata del segundo intento, durante el Gobierno de Lula de recortar la libertad de expresión de los medios de comunicación en las denuncias de escándalos. La tentativa anterior —que fue abortada por las presiones de la opinión pública— ha sido la creación de un Consejo, controlado por el Gobierno, para juzgar la conducta profesional de los periodistas.

Será difícil que tanto los medios de comunicación como la opinión pública dejen de ver en esta nueva tentativa de impedir, bajo pena de cárcel, la publicación de grabaciones telefónicas, incluso autorizadas por los jueces, un reflejo de la actual crisis política en curso. Según los primeros comentarios de ayer, si dicha ley hubiese estado en vigor al inicio de los escándalos, muchos de ellos nunca habrían llegado a conocimiento de la sociedad.