Desconfianza en el sistema: viaje al origen de la ola reaccionaria

Las democracias del mundo están dañadas en su núcleo esencial desde la crisis de 2008: la confianza de la ciudadanía en que el sistema es capaz de proporcionar bienestar y justicia. Los movimientos de la nueva política parecieron capaces de subsanar esa fractura hace 10 años, pero fracasaron. En paralelo, surgió un movimiento que cabalga sobre ese magma de desconfianza y parece capaz de definir una nueva época.

En 2026 se cumplen 10 años de dos de los hitos fundacionales de la ola reaccio­naria en la que vive instalado el mundo. O, lo que es lo mismo, se cumple una década de la etapa histórica en la que nos ha tocado vivir, la de una realidad estridente, angustiosa, cruel y, hasta cierto punto, primitiva. Esos hitos fundacionales que cumplen 10 años son la primera elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el referéndum del Brexit, con el correlato nada menor del caso Cambridge Analytica, el primer “escándalo” (entonces aún se consideraba así) conocido de manipulación electoral masiva utilizando las redes sociales.

Diez años después, esos episodios, que en su momento pudieron parecer accidentes, desvíos momentáneos, exabruptos reconducibles (de hecho, en 2020, eso pareció en Estados Unidos, cuando Joe Biden ganó las elecciones), se revelan como el pórtico de una época nueva, aún confusa, pero de contornos que se van definiendo a medida que pasan los años: un mundo del cual ha desaparecido la compasión, sustituida por la crueldad como expresión del yo absoluto, del yo desatado en pro de la consecución de sus intereses, sin las ataduras y los límites que imponía el orden establecido, con sus normas y leyes. Todo aquello que se había ido construyendo, a duras penas y con mucho esfuerzo, para asegurar una convivencia humana respetable y digna de tal nombre, se ha ido desvaneciendo en el aire en estos últimos años de embestida a la carrera por parte de un poder que se siente (y se sabe) impune, desatado.

Aún son audibles los discursos que pronosticaban, cuando Trump asumió la presidencia norteamericana por segunda vez, que el sistema de checks and balances (controles y contrapesos) inscrito tanto en la constitución como en los usos y costumbres actuaría como parapeto contra sus intenciones de crear una presidencia imperial. Hoy en día ya se habla de Estados Unidos como de una pseudopetromonarquía en la que se difumina la frontera entre los intereses del Estado y los de la familia del presidente, con la mayor parte de los poderes rendidos a los deseos de un emperador de rasgos psicóticos y apetito insaciable. Un emperador y su corte de milmillonarios enrolados en una cruzada de visionarios que, como las de hace mil años, persiguen hacerse extraordinariamente ricos, a la vez que crean un mundo nuevo y exterminan “infieles”.

En Estados Unidos la ocupación de las palancas de poder por parte de esta élite ha sido imparable en los últimos años. Desde la compra de Twitter (desde entonces X) por parte de Elon Musk en 2022, o la toma de control de The Washington Post por parte de su propietario, Jeff Bezos, en 2024, hasta el anuncio de la compra de Warner Bros por parte de Paramount en detrimento de Netflix, lo que creará un monstruo al servicio de las políticas de Trump y de quien le suceda. Paso a paso y pedazo a pedazo, prácticamente todos los espacios que podrían hacer efectivo el juego de equilibrios entre el poder ejecutivo y el resto de los poderes han ido cayendo del lado del emperador, dejando cada vez menos margen a la posible alternativa, a las voces disidentes, a una explicación diferente sobre lo que ocurre. Es sintomático de nuestro tiempo que, de suceder hoy en día, el caso Watergate no tendría dónde desvelarse, o como mínimo no lo podría hacer en un medio de gran tirada (solo en The New York Times, quizás, convertido en el único gran medio que no ha caído bajo la órbita de algún cortesano imperial), fiando su eco a alguna web resistente o a algunos periodistas con más voluntad que medios.

La ocupación de las parcelas de poder por parte de los leales a Trump ha sido implacable y, con ella, la asfixia de las voces discordantes, de la democracia, en definitiva. Y esto ha sido posible en nuestras narices, mediante un proceso de socavación de los cimientos del sistema que ha tenido en la ciudadanía y en la ceguera de los demócratas (en sentido amplio) a sus colaboradores involuntarios.

El reciente informe del V-Dem Institut de la Universidad de Gotemburgo sitúa a Estados Unidos en su peor nivel de democracia en 60 años. Y no es solo Estados Unidos. El mismo informe habla de una “tercera ola” de autocratización, que afecta a una parte sustancial del mundo. El proceso de acumulación de poder y silenciamiento del contrario es una tónica tristemente extendida.

La crisis inacabada de 2008

No es posible entender el triunfo de la ola reaccionaria sin señalar la fragilización de las instituciones y de todo el sistema político que empezó con la crisis de 2008 y que no se ha sabido contestar ni revertir. Nuestro sistema democrático es una construcción frágil que se fundamenta sobre algo intangible: la confianza de la ciudadanía; que, a su vez, se basa en una relación de reciprocidad entre esta y los poderes democráticos. La gente otorga confianza en la medida que esta le es devuelta en forma de bienestar. La democracia no es un sistema tallado en piedra como las religiones, no es un templo, sino más bien una brisa, es un flujo continuo, y ese flujo se paró en algún momento entre 2008 y 2012, deteniendo el mecanismo. Sencillamente, el sistema dejó de responder y, en consecuencia, la ciudadanía dejó de emitir confianza hacia el sistema. La superación de la parte macro de la crisis financiera global (el rescate bancario) tapó la persistencia de ese parón de fondo en el mecanismo funcional de la democracia. Pocos repararon en ello, pocos lo advirtieron, a pesar de los múltiples indicios.

En España, también se cumple en 2026 el décimo aniversario del acceso de la nueva política al Congreso. En enero de 2016 se inauguraba la XI legislatura después de las elecciones de diciembre de 2015. La imagen de ese día la protagonizó el hijo de Carolina Bescansa, dirigente de Podemos y una de los 69 nuevos representantes de la formación que se estrenaban en la Cámara Baja. Junto con Ciudadanos, que también se estrenaba como fuerza parlamentaria de ámbito estatal, 109 escaños para los partidos de la nueva política, a la que habían dado su apoyo una tercera parte de los votantes, 8,6 millones. El PSOE había perdido 20 escaños; el PP, 63. Entre los dos habían aguantado a duras penas el 50% del voto.

De eso también hace 10 años. El voto a los nuevos partidos era el paso al frente de una generación, la de las personas nacidas en democracia, que reclamaban su papel de ciudadanos activos, de grupo central a la hora de definir el futuro de un país que, hasta entonces, había mantenido inalterado el diseño consensuado en la transición, la gran obra de la generación de la posguerra. Los ecos de la crisis de 2008, del 15-M, de los indignados, de los que tenían menos de 40 años llegaban al Congreso de los Diputados. Una sacudida similar a la de 1977. Caras nuevas, estilos nuevos. Si en la primera legislatura fueron las barbas, en la décimo primera era la coleta de Iglesias y la bisoñez de Rivera, Bescansa y su hijo y las rastas de Alberto Rodríguez, que escandalizaron a Esperanza Aguirre.

Diez años después es fácil percibir en ese instante un intento de reactivar el mecanismo de fondo del sistema, el flujo acompasado de bienestar y confianza, el bombeo democrático que mantiene al sistema con vida. La aparición de la nueva política en España se inscribía en una ola similar de surgimiento de nuevos partidos que confrontaban a las viejas organizaciones del sistema, como en Grecia y en otros países europeos.

Una regeneración aplazada

En España el experimento no cuajó. A pesar de los éxitos de 2015 (elecciones municipales, autonómicas y generales), la repetición electoral el siguiente junio y la defenestración de Sánchez en octubre abrieron un impasse que acabó tragándose la posibilidad de materializar la regeneración, diluyendo la euforia y el empuje. El contexto se agrió, los tiempos se volvieron más duros, las posiciones más inflexibles, los acuerdos imposibles. El hipotético consenso para insuflar más aire al sistema se resquebrajó, volviendo a parar el mecanismo. Hasta ahora.

España lleva una década con una reforma del sistema aplazada sine die, lo que equivale a decir que la esperanza de hace 10 años se ha ido marchitando hasta generar ese poso de descontento y resignación con una política que ya no parece capaz de suministrar un horizonte de esperanza. La deriva de estos 10 años se hace evidente en los datos recogidos por el barómetro del CIS del pasado febrero. Para el 43% de los encuestados, en estos últimos 10 años la valoración de la Constitución ha empeorado, y el 58% dice tener poca o ninguna confianza en que la carta magna pueda resolver los problemas actuales de la sociedad española. Entre los que tienen entre 25 y 34 años, los que piensan esto último representan casi el 70%.

Es congruente con todo ello que más del 80% de los entrevistados por el CIS aboguen por una reforma constitucional, 15 puntos más que en 2018, y que, de ellos, dos terceras partes prefieran una reforma “importante”. Esto, sin embargo, convive con la sensación de que tal reforma es hoy por hoy imposible de llevar a cabo. El contexto ha cambiado mucho respecto de 2016, y no precisamente para mejor. Si el voto de 2015 era la expresión de la confianza en que el sistema se podía cambiar, el voto de hoy es el del miedo a que cambie en la dirección que marcan las fuerzas reaccionaras. La esperanza ha dado paso al miedo; la confianza, a la furia.

El avance de las fuerzas del nuevo autoritarismo en esta década ha impuesto un cambio en los términos del pacto democrático. El intercambio entre bienestar y confianza está siendo reemplazado por el trueque entre seguridad y vasallaje. El marco legal está hoy supeditado a la voluntad del monarca, del poderoso, que se siente literalmente por encima de cualquier ley. El avance de este nuevo orden es posible porque cuenta con el beneplácito de grandes mayorías ciudadanas. Las fuerzas de la reacción se han ido imponiendo legítimamente a través de mecanismos democráticos, aupados por una parte de la ciudadanía que veía en ellas la solución ante un sistema sin respuesta, incapaz. La quiebra de 2008 que no se supo ver ha renacido en forma de miedo, de incertidumbre, de sentimiento de abandono, y en ese caldo potenciado por el universo digital ha sabido nadar el nuevo autoritarismo de hombres providenciales que ofrecen seguridad a los suyos frente a un mundo de amenazas, reales, imaginadas o facturadas por el algoritmo.

La reacción democrática

Una década después de ese inaugural 2016, los contornos del monstruo se hacen claramente visibles, así como la fragilidad de nuestras cansadas democracias, sometidas a una acometida autoritaria incansable. En estos 10 años los demócratas han transitado por todas las fases del duelo. Primero, negar la ola reaccionaria, caricaturizándola, reduciéndola a un episodio puntual protagonizado por un payaso torpe al que le venía grande el ejercicio del poder, del cual sería descabalgado sin dejar ni rastro. Fuimos ciegos ante la carcoma que corroía nuestras democracias, con sus mecanismos gripados y la creciente indignación ciudadana ante una política gastada, vacía. Luego vino el pavor ante la magnitud inesperada del movimiento pendular, la incredulidad ante el desmoronamiento de nuestro mundo y la crecida de la ola.

El momento actual puede, y tal vez debe, ser un punto de fuga, un quiebro, el principio de algo así como una toma de conciencia. Tal vez vaya siendo hora de dejar atrás la resistencia, tal vez sea el momento de abandonar la moral de trinchera, para levantar la reacción democrática.

Una reacción democrática que no puede basarse en la defensa acrítica de nuestro sistema político tal y como lo dejó el impacto brutal de la crisis de 2008 y las decisiones que se adoptaron para salir de ella. El terreno en el que se decide (en el que se está decidiendo ahora mismo) el futuro de nuestras democracias no es el debate con las fuerzas reaccionarias, sino la capacidad que tengan las fuerzas democráticas de convencer a la mayoría de que es posible ofrecerle un presente y un futuro mejor. El error hasta ahora ha sido minimizar, cuando no despreciar, el miedo y la desazón de parte de la ciudadanía, a la vez que se negaba la posibilidad de una alternativa mejor a la democracia actual. Por esta rendija se ha colado el autoritarismo hasta el tuétano de la sociedad. Ante esto, la respuesta democrática no puede ser la aceptación sin más del mundo que proponen los reaccionarios (como hizo Von der Leyen). Las fuerzas democráticas deben atreverse a proponer un nuevo acuerdo con la ciudadanía que pasa indefectiblemente por conseguir que vuelva a creer en la democracia, que vuelva a confiar en que el sistema es capaz de garantizar bienestar y justicia para la gran mayoría. Solo esto podrá parar la ola reaccionaria desatada hace ahora 10 años. Los demócratas estamos obligados a reaccionar. A salir de la trinchera y, parafraseando al mismísimo Trump: luchar, luchar, luchar.