Una guerra sin un por qué

Tenía razón Mark Carney, entonces presidente de La Vieja Dama (el Banco de Inglaterra) y actual primer ministro de Canadá, cuando echó una sonora bronca a los dirigentes de las grandes aseguradoras por no tener en cuenta el riesgo que corrían si se producía una nueva guerra en el Golfo y quedaban implicados países como Qatar o los Emiratos. Se está viendo ahora: “Si el tránsito por [el estrecho de] Ormuz no pasa a ser de un riesgo normal”, asegura un analista muy respetado en la Casa Blanca, “el sistema económico global pasará de una simple subida de precios a un complicado sistema de racionamiento de combustible y, finalmente, se usará una logística supervisada por la fuerza militar”. En inglés, con cuatro palabras lo resumes: será tan malo que llevará a mayor inflación y menor crecimiento. ¿Por qué? Hasta el momento nadie sabe explicar bien cómo se ha podido llegar a la situación actual. Es, dicen algunos analistas, una guerra sin un porqué.

El primer rasgo visible de esa discrepancia la provocó la dimisión de Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, al afirmar que no podía respaldar esta guerra pues Irán “no representaba una amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby”. Añadió que “al comienzo de esta Administración, los funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses pusieron en marcha una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma de America First y sembró sentimientos belicistas para propiciar una guerra con Irán”.

El segundo rasgo de la discrepancia es la aparición del secretario de la Guerra, Pete Hegseth, que considera que hay que aumentar el dinero dirigido a sostener la producción de armamento unos 200.000 millones de dólares, cifra que debe aprobar el Congreso, y aprobar también el envío de unos 50.000 soldados al escenario de la guerra, fundamentalmente Irán. Esa sería una prueba de fuego para el Congreso norteamericano porque recuerda el círculo vicioso de Vietnam, donde se fueron enviando más y más tropas en el convencimiento de que solo faltaba un pequeño empuje extra para acabar con el conflicto. Lo mismo sucedió en Afganistán, donde las tropas estado­unidenses sufrieron un auténtico calvario durante 15 años.

Nadie explica bien en Estados Unidos cómo puede el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (que ya lleva 100.000 muertos en su conciencia), haber ordenado el bombardeo del mayor yacimiento de gas de Qatar, en South Pars, sin haber consultado siquiera con Donald Trump, como este afirma. El presidente norteamericano tiene poco tiempo para convencer a su electorado de que tiene resuelta la guerra. Un resultado pésimo en las elecciones de medio término —es decir, en noviembre próximo— para elegir miembros del Congreso y del Senado le colocaría en una posición difícil.

Es curiosa la cantidad de casos secundarios que cuelgan de los ganchos mayores de corrupción en esta guerra sin un porqué. Además de los relacionados con la llamada “bomba Epstein”, que nunca acaba de estallar, pero que incluye entre sus nombres el del propio Donald Trump, existen otros, que pueden acarrear ocultos efectos muy dañinos. Por ejemplo, la negociadora de ventas y compras de gas en Noruega, procesada por recibir 10 millones de dólares por filtrar información sobre precios de combustible.

En Israel hay varios casos de posible corrupción que afectan desde al propio Netanyahu hasta a varios ministros conservadores de su propio Gobierno. Pero sobre todo hay acusaciones muy graves de crímenes contra la humanidad que afectan al propio primer ministro. También a personajes como Yoav Galant, responsable de las fuerzas de Defensa durante la guerra de Gaza, hasta 2024, acusado de autorizar la hambruna como método de sumisión de la población civil. La comisión de investigaciones de Naciones Unidas recomendó que se incluyera el delito de genocidio para determinar si el Gobierno israelí había cometido múltiples violaciones de la convención para la prevención del genocidio desde 1948. Otros dos ministros ultraderechistas, Bezalel Smotrich, titular de Finanzas, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, tienen prohibida su entrada en España.