La inflación tras el conflicto en el Golfo Pérsico

Que los arquitectos del conflicto que se ha desatado en Oriente Próximo no hayan valorado los efectos colaterales de las hostilidades en la economía mundial es ya una obviedad. Una situación que tiene derivadas geopolíticas tan inimaginables como el levantamiento de las sanciones a Rusia por parte de EE UU.

Parece, por otra parte, poco consistente la decisión de liberar parcialmente las reservas estratégicas de hidrocarburo, con la continuidad del enfrentamiento bélico, que trae consigo el cierre del estrecho de Ormuz. Así que la espiral de precios energéticos es ya una realidad para la economía mundial y también para la española, a semejanza de la crisis surgida a raíz de la invasión de Ucrania, que había provocado un encarecimiento abrupto del gas y de la electricidad.

La actual contienda que se extiende a través del Golfo Pérsico se visibiliza sobre todo en el petróleo, más que en el gas, al tiempo que produce una desorganización del transporte marítimo global, con reverberaciones en cascada en toda la cadena de valor. Los fertilizantes se han encarecido ya un 28%, el aluminio un 12% y el coste de los fletes hasta un 20%, según una de las principales navieras. Se aleja, por tanto, el escenario de suave convergencia hacia el objetivo de inflación del 2%, al menos en España.

No obstante, las presiones inflacionarias podrían ser menos severas en esta ocasión. En primer lugar, porque la economía parte de una posición menos expansiva que hace cuatro años. La invasión de Ucrania coincidió con un rebote potente del consumo privado motivado por la salida de la pandemia, presionando los precios al alza. Hoy por hoy, los consumidores no disponen de la misma capacidad de compra, ni de tanto ahorro embalsado como entonces.

Por otra parte, la política monetaria ha dejado de apoyar la coyuntura: el principal tipo de interés del BCE se sitúa en el 2%, frente al 0% de hace cuatro años, cuando además el banco central compraba casi toda la deuda pública emitida por los Estados.

El euríbor ha pasado de cotizar en terreno negativo a rozar el 2,5%, anticipando una vuelta de tuerca del BCE, con el objetivo de limitar los tan temidos efectos de segunda ronda que se producen cuando los precios energéticos se filtran al conjunto del tejido productivo y desanclan las expectativas de inflación. Dichos efectos de segunda ronda serían, en todo caso, relativamente moderados, por el débil comportamiento de las economías centro europeas y, en el caso de España, el impulso a la población activa que trae consigo la inmigración.

En suma, cabe anticipar un repunte acusado de la inflación, pero éste será de menor envergadura y de menor persistencia que en la anterior crisis energética. Algo que conviene tener en cuenta en la respuesta de política económica. Los canales de transmisión son también relevantes para el buen diseño de las medidas que se están contemplando en toda Europa.

Hace cuatro años la factura de la luz, y por ende la industria electrointensiva, fueron los más perjudicados, de ahí la relevancia del tope al precio del gas y del saludable despliegue de energías renovables. En esta ocasión, el sector agroalimentario es el más expuesto, por la simultaneidad del encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes. En este sentido, preocupa la cesta de la compra, que ya arrastraba una subida de los alimentos frescos superior al 6%. Otro sector presionado por la subida de los carburantes es el transporte por carretera: contrariamente a muchos particulares, los profesionales carecen de alternativas al vehículo para transportar las mercancías, al menos en el corto plazo.

Todo ello, junto con el repliegue del BCE del mercado de deuda pública y la sensibilidad de los ahorradores ante cualquier desliz, justifica una acción presupuestaria focalizada en los sectores más afectados y en los colectivos vulnerables, sin operar recortes generalizados de gravámenes.

Raymond Torres es director de Coyuntura de Funcas. En X: @RaymondTorres_