El PSOE, en un sinvivir: no hay perdón para la corrupción de los partidos

El terror del PSOE, de su dirección, encabezada por Pedro Sánchez, de sus cargos públicos, nacionales, locales y autonómicos, se ancla en problemas muy actuales, pero con reminiscencias del pasado. La pesadilla les retrotrae a los años noventa, en los que se vio envuelto en escándalos de financiación fraudulenta de su organización. No cabía entonces hablar jurídicamente de ilegalidad por cuanto que los legisladores, las organizaciones políticas a través de sus parlamentarios en las Cortes, tardaron mucho en incluir en el Código Penal conductas de aprovechamiento económico indebido de los partidos. Si no había tipo penal, no existía delito. Las conductas inadecuadas correspondían a personas individuales, no a las organizaciones.

La justicia investiga, en junio de 2025, a los dos ex altos cargos más relevantes del PSOE de la era de Pedro Sánchez: José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Santos Cerdán, ambos ex secretarios de organización, junto a Koldo García, asistente, chófer, persona para todo del primero, introducido en la administración por el segundo. La ensoñación de que la presunta corrupción empieza y termina en ellos no se considera verosímil en el partido y en el Gobierno. El desarrollo de la trama hasta llegar a las mordidas, el pago de determinadas empresas para ser las elegidas en los procesos de licitación de obras, requiere imperiosamente a más actores que los de la tripleta investigada. Emergerán, se asume en las cúpulas de mando socialistas.

Para que la tragedia no alcance proporciones de movimiento telúrico, con consecuencias devastadoras, no puede haber ni un solo euro dedicado a financiar ilegalmente al partido. Eso ocurrió en los noventa. Ahora sí hay ley, con fuertes penas, de 2007 y con reformas de 2015. La norma conducirá a los culpables al cumplimiento de penas de prisión duras, pero hay algo más grave si se descubre corrupción organizada: la reputación del PSOE quedaría hundida por tiempo indefinido y el desapego social iría aparejado al desafecto electoral. Diez o veinte corruptos, a título personal, para lucro propio, mejor que la mancha al partido por financiación ilegal. Es la síntesis del actual estado de ánimo del PSOE, basado en interpretaciones sociológicas elaboradas de la España actual sobre los límites de lo intolerable.

El pasado de condenas judiciales a dirigentes de partidos y no a la organización por ausencia de norma lo comparten los dos principales partidos españoles, PSOE y PP, aunque las últimas sentencias, y con legislación nueva, sí afectaron al Partido Popular. La capacidad de olvido de los partidos sobre irregularidades probadas y sentenciadas es práctica habitual, por lo que no dudan en blandir con fuerza esa crítica contra el adversario, sin esperar a la conclusión de las investigaciones. No se hacen distinciones entre casos de presunto enriquecimiento ilícito personal a costa del erario público y casos de creación de una eventual red criminal para financiar al partido. De momento, no hay atisbo de la existencia de esta última en los casos que tienen al PSOE en un sinvivir.

En el marco del proceso judicial del PP, conocido por el caso Gürtel, se empezó con el robo para el partido pero sus principales artífices pronto llenaban más su caja de casa que la de la organización.

La corrupción afecta al voto de los electores. Aunque haya retardo en las consecuencias, estas llegan, en forma de nuevas opciones, con más o menos éxito. El auge del populismo y el avance de la ultraderecha con discursos de la antipolítica justifican con razón la preocupación extrema de que el caso Koldo-Ábalos-Cerdán envenene al PSOE. Sus dirigentes se creen capaces de afrontar la aparición en las investigaciones de otros nombres de primera fila; muy duro, pero de ese golpe podrían rehacerse. Se apelaría a la condición humana. No habría recuperación electoral ni reputacional si la investigación condujera a la recepción de ingresos para el partido ­—¿autorizada por quién?— fuera del control de la ley.