De las oposiciones al traslado: así ha defendido el presidente valenciano el puesto de su pareja

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, del PP, aseguró el pasado jueves en sede parlamentaria, durante la sesión de control al Gobierno valenciano que su pareja, Vanesa Soler, “aprobó su oposición” para ser funcionaria. Según documentación a la que ha accedido este diario, la mujer adquirió su condición de funcionaria de carrera a través del proceso extraordinario de estabilización abierto en en 2021 para los empleados interinos que llevaban años en el mismo puesto, sin pasar un examen. En el caso de Soler, por concurso de méritos, con el único requisito de la antigüedad o experiencia.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat ratificaron este domingo las palabras del president en Les Corts y aseguraron a este diario que la pareja de Pérez Llorca aprobó unas oposiciones, pero en un proceso selectivo en 2008 y posteriormente fue nombrada funcionaria interina del Ayuntamiento de Finestrat. Desde el momento en que supera el proceso selectivo y es nombrada, pasa a formar parte de la Administración como funcionaria, toma posesión del puesto, jura el cargo y asume las mismas obligaciones básicas que cualquier empleado público, apuntaron las mismas fuentes. Cuando en 2008 se convocaron oposiciones, Pérez Llorca no era alcalde de la localidad alicantina (lo fue entre 2015 y 2025) ni mantenía ninguna relación con ella, agregaron.

El jefe del Consell insistió en Les Corts Valencianes en la corrección del proceso frente a las denuncias de la oposición, que acusan a la Diputación de Valencia, presidida por el PP, de hacerle “un traje a medida” a Soler para facilitar su reciente traslado desde la localidad alicantina de Finestrat, donde había consolidado su plaza como funcionaria de carrera en 2023, a la capital valenciana, lugar en el que la pareja ha fijado su residencia familiar.

Los detalles del traslado trascendieron el pasado lunes. La Diputación de Valencia, que preside Vicente Mompó, del PP, aprobó el pasado 3 de marzo la comisión de servicio —mecanismo que permite a un funcionario ocupar una plaza pública diferente a la ganada— para Soler. La resolución justificaba la contratación de la candidata, que tenía categoría de administrativa en Finestrat, para el área de asistencia a municipios de la institución provincial por la “urgente necesidad” de ocupar el puesto y con un sueldo de 52.070 euros brutos anuales, según las tablas salariales de la corporación provincial.

La Diputación señaló que había actuado con “absoluta normalidad administrativa” y explicaba que la funcionaria desempeñará funciones de secretaria de dirección. Sobre la urgencia de su contratación señalan que responde a una “realidad operativa” ya que el área a la ha quedado adscrita “carecía de una figura clave para su funcionamiento ordinario”.

En defensa de su pareja e interpelado por el portavoz parlamentario socialista José Muñoz, el presidente valenciano afirmó el jueves en la citada sesión de control parlamentaria que su pareja llevaba muchos años trabajando en la Administración pública. “Ha pedido una comisión de servicio, por cierto, en los últimos siete años de gobierno del Botànic ustedes aprobaron más de 11.500; y parece que la mala es la que aprueban para una mujer que es funcionaria, que aprobó su oposición, pero tiene el pecado original para la izquierda de ser la pareja del presidente de la Generalitat”, arremetió. “Eso es lo que yo no tolero y me parece indecente”, subrayó, respondiendo así a las acusaciones del PSPV y de Compromís de “enchufismo” y “nepotismo”.

El Consistorio alicantino abrió un proceso de selección por concurso en 2022 para varios de los interinos que trabajaban desde hacía tiempo en el Ayuntamiento, entre ellos la pareja del president, dentro del proceso de estabilización para reducir la interinidad en la Administración pública española tras el tirón de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En septiembre de 2023 se elevó a la alcaldía de Finestrat la lista de aspirantes por orden de puntuación para su nombramiento como funcionarios de carrera, entre los cuales se encontraba Soler. Toda la documentación de proceso está disponible en el portal de transparencia de la sede electrónica del ayuntamiento de Finestrat.

El propio consistorio daba por culminado el proceso en un comunicado público el 12 de enero de 2024, en el que explicaba que nueve “trabajadores y trabajadoras” municipales habían tomado posesión de sus cargos dentro del proceso de estabilización. Eran empleados públicos temporales que habían ocupado sus puestos de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016. Cuatro de ellos, que desempeñaban tareas de administrativo, “pasan a ser funcionarios de carrera de la Administración General”, recogía el escrito con declaraciones del entonces alcalde Juanfran Pérez Llorca, felicitándoles. La nota se acompañaba incluso de una fotografía donde aparecían los funcionarios consolidados, entre ellos Soler, con el primer edil.

El rifirrafe entre los partidos de gobierno y los de la oposición a cuenta de la comisión de servicio de la mujer del presidente no ha cesado desde que trascendiera la noticia hace una semana. El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Pastor, insistió en que “es una práctica habitual en la Función Pública” y consiste en trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración. “¿Dónde está el problema?”, lanzó Pastor a la oposición. Vox se pronunció en parecido sentido.

El portavoz socialista de la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, expresó, sin embargo, su “perplejidad y asombro” por esta contratación, que demuestra a su juicio “una forma clarísima de proceder de esta Diputación, que creen un cortijo”, y que no es “ni ética ni estética”. Explicó que han pedido información sobre el procedimiento para analizar si se ha cumplido con la legalidad y actuarán en consecuencia. En Compromís, su portavoz parlamentario, Joan Baldoví, criticó con dureza que se recurriera al procedimiento de “urgente necesidad”, al tiempo que denunció que la Diputación “creó 40 plazas en junio del año pasado pero solo sacó una el 28 de febrero, la de 52.000 euros y con seis días de plazo para presentarse”.

Fuentes de la Generalitat, por otra parte, indican que la pareja de Pérez Llorca cobraba cerca de 40.000 euros, tras acumular años de antigüedad en el ayuntamiento de Finestrat, en el momento de solicitar la comisión de servicio, y no la cifra de 25.000 euros que ha trascendido.