A punto de escabullirse

Conseguir que las grandes empresas asuman su responsabilidad por los potenciales efectos dañinos de sus actividades para individuos concretos y para la sociedad en general ha sido siempre una pelea larga y difícil. De eso se está hablando ahora, una vez más, en la Comisión Europea y en el Parlamento de Bruselas. ¿Hasta dónde se les puede pedir cuentas?, ¿conseguirán algunos sectores, como el financiero, la minería (la relacionada con tantalio, wolframio, oro y estaño) o los fabricantes de armas y de equipos de vigilancia, volver a escabullirse?

A lo largo de la historia, ha habido casos sangrantes de abuso de algunas de las corporaciones más poderosas del mundo occidental. Poco a poco, las leyes les fueron poniendo límites, por lo menos en los países occidentales donde habían nacido, aunque durante muchísimo tiempo lograron esquivar todo tipo de responsabilidad por lo que hacían a través de filiales o subcontratistas en otros países menos desarrollados. Finalmente, hace relativamente poco tiempo, nació el concepto de “debida diligencia”, la idea de que las empresas, al menos las grandes, estaban obligadas a tomar medidas para identificar y prevenir los impactos negativos de sus actividades, aunque solo fuera en el medio ambiente y en el respeto a los derechos humanos. Y a exigir que respondan por esos potenciales efectos negativos, se hayan provocado donde se hayan provocado.

En febrero de 2022 la Comisión Europea envió una propuesta de nueva directiva, aunque algo tímida, al Parlamento para su discusión y se supone que, a finales de este mes de abril, la comisión de Asuntos Jurídicos dará su dictamen, pero no está muy claro que no se vaya a posponer la aprobación una vez más. Sí está claro que esa “debida diligencia de sostenibilidad corporativa” debe afectar a toda la denominada cadena de valor, filiales, subcontratistas, proveedores y otras relaciones económicas, en el Estado de procedencia o en terceros países, pero el borrador inicial tenía un gran agujero: dejaba fuera a los servicios financieros. La decisión de incluirlos dependería de los gobiernos de cada país miembro de la Unión. Afortunadamente, tanto la Comisión Europea como la de Asuntos Jurídicos del Parlamento insisten en que hay que exigir también debida diligencia al sector financiero porque, al fin y al cabo, son los bancos y compañías de seguros los que mandan sobre muchísimas empresas. Quizás esta vez no consigan escabullirse, pero habrá que estar atentos, porque la decisión volverá a estar en la mesa final de negociación entre instituciones europeas.

El debate más importante gira en torno a si se debe exigir a las corporaciones responsabilidad sobre el uso de sus productos. Ese es, y ha sido siempre, el formidable agujero por el que se han escapado, por ejemplo, las empresas de armamento y las de productos más contaminantes. Puedo aceptar, si no queda más remedio, dicen los directivos de las empresas, que soy responsable de no emplear a niños en la fabricación de mis productos, por ejemplo, o de la elección de los proveedores que utilizo, de manera que no sean los que prenden fuego a los bosques, pero no tengo responsabilidad en el uso posterior de mis productos. Imposible controlarlo, salvo disponer de sistemas burocráticos inmanejables, alegan.

“Sin embargo, esta exención daría cobijo” —­explica en la web Euroactiv la asesora de políticas de Amnistía Internacional, Hannah Storey — “a algunos de los peores infractores de derechos humanos de las empresas en Europa”. De hecho, las grandes empresas de armamento se las arreglan para estar seguras de que sus artilugios más poderosos no acaban en manos de yihadistas, por ejemplo, pero afirman no poder evitar que los menos tecnológicos sí vayan a parar, en todo el mundo, a todo tipo de grupos violentos o de gobiernos tiránicos. Hay que tener en cuenta que la directiva europea no se refiere a pymes, sino que solo afectaría a empresas que facturan más de 150 millones de euros al año o que, siendo más pequeñas, trabajan en sectores especialmente peligrosos, sobre todo relacionados con la contaminación.

Debida diligencia se les podría exigir también a los europarlamentarios. Si votan en comisión el 25 de abril, todavía quedaría tiempo para cerrar este asunto en el pleno del 31 de mayo. Ya es hora.

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