18 de mayo de 1978

Recurso contra una sentencia por ocupación en La Ventilla. Ayer, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, se celebró la vista del recurso presentado por José Carlos Alía, presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número dieciséis, el pasado día 21 de febrero, que le consideró responsable de una ocupación de vivienda en el barrio y le condenó a pagar 10.000 pesetas de multa más la mitad de las costas procesales.A la vista, que comenzó con una hora de retraso, asistieron unas doscientas personas, vecinos del barrio, así como una representación de la comisión de ocupantes de El Ferrol, que, en estos días, negocian con el ministro de Urbanismo, señor Garrigues, la construcción de cincuenta albergues para ellos en aquella ciudad gallega. La abogada defensora de José Carlos Alía, Francisca Sauquillo, insistió durante su intervención en la creencia de que en el juicio anteriormente celebrado, en el que quedó absuelto el ocupante Marcelino Castillo, hubo confusión en los conceptos manejados por el fiscal. Según Francisca Sauquillo, en aquella ocupación no hubo allanamiento de morada (causa por la que fue condenado el señor Alía), por el simple hecho de que no moraba nadie en la casa.

La caza de la tórtola, autorizada en Cádiz. El Consejo Provincial de Caza, de Cádiz, decidió el pasado día 26 de abril autorizar la caza de la tórtola, en contra de lo establecido en el artículo 14 de la orden del Ministerio de Agricultura, de 21 de junio de 1977, sobre períodos hábiles de caza que textualmente dice que,«a fin de proteger la población de aquellas aves migratorias que vienen a reproducirse al territorio nacional, no se autorizará su caza antes del día 14 de agosto ... »La decisión adoptada por este Consejo de Caza contradice también el tratado internacional de 9 de enero de 1954, ratificado por España, que, en su artículo segundo, compromete a brindar protección a las aves en estas fechas.

Disuelto el Comité Anticorrupción de RTVE. El comité anticorrupción de Radio televisión Española ha quedado disuelto, por acuerdo de la asamblea de trabajadores de RTVE, y sus funciones han sido traspasadas al comité de empresa, según fuentes del propio comité. La nota hecha pública afirma que las decisiones judiciales que han ordenado el sobreseimiento de las diligencias incoadas por José Antonio Sanz Plaza, director del programa de TVE 625 líneas, que se acogió a la ley Antilibelo, y por José Joaquín Marroquí, director de 300 millones, contra los miembros del comité anticorrupción, vienen «indirectamente a dar la razón a los trabajadores».El comité anticorrupción de RTVE, formado por dieciocho trabajadores, fue elegido el pasado 27 de septiembre en una asamblea para «investigar los posibles casos de corrupción, tanto económica como ideológica, que pudiesen existir en RTVE, así como contribuir a la adecuada ordenación y racionalización del trabajo.. «La dirección de la empresa designó a los señores Gelices, Del Olmo y Martínez Echevarría como interlocutores de la empresa con el comité, según se hacía constar en un escrito de los miembros del comité, de fecha 11 de noviembre de 1977, dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios.