¿Es viable el desarrollo minero que impulsa Europa a nivel medioambiental?

La actividad minera resurge en Europa después de 40 años de declive. La aprobación el año pasado de la Critical Raw Materials Act, un reglamento que fija unos ambiciosos objetivos de extracción (10%), procesado (40%) y reciclaje (25%) de materias primas críticas en territorio europeo, y la publicación este año de los primeros 47 proyectos estratégicos seleccionados —siete en España— auguran un impulso frenético de esta industria. ¿Pero es viable su desarrollo en términos socioeconómicos y medioambientales?

Todos los productos y servicios que están a disposición del consumidor —el móvil, el coche eléctrico, el tren, los paneles solares, los aerogeneradores, la electricidad, los tejados, los fertilizantes, por citar algunos— contienen algún metal. Se trata de litio, níquel, cobalto, cobre, grafito, aluminio…, y se denominan críticos por su actual relevancia en el cambio de modelo energético —de combustibles fósiles a renovables— y productivo europeo. Pero no solo. También son claves en la digitalización y, desde la invasión rusa en Ucrania, para garantizar la seguridad y la autonomía de los Veintisiete.

El problema es que la Unión Europea consume el 20% de ellas, pero solo produce el 6%, y depende de China para su abastecimiento. Además, se calcula que la extracción global de recursos se duplicará entre 2017 y 2060 por el aumento de la población (28%) y el alza de su uso por habitante (72%), según recoge el Plan de acción sobre materias primas minerales 2025-2029 presentado en marzo (y aún en tramitación) por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Un crecimiento del 96% de metales y del 170% de rocas y minerales. En total, según este documento, se necesitarán 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para la transición y lograr que la temperatura global no supere los 2 °C. Unos 1.500 millones de toneladas menos de las que se requerirían de seguir con las fuentes fósiles, resaltan.

Los datos abruman. La demanda de estos materiales aumentará especialmente en el transporte, señala un informe de la Joint Research Centre (JRC), órgano científico que asesora a la Comisión Europea. Se prevé que la de litio, para fabricar baterías, sea en cinco años 12 veces mayor respecto a 2020 en un escenario de baja demanda, y hasta 21 veces en uno de alta. Para 2050, el monto superará las 100.000 toneladas adicionales. Un pronóstico similar se calcula para el grafito. Por ejemplo, si todo el parque de vehículos se electrificase, se precisarían ocho millones de toneladas de litio, lo que implica multiplicar su producción por 40, resalta el Miteco. Así que la necesidad se impone, pese a la oposición histórica a la minería, conscientes de la debilidad de la UE frente a China y EE UU, y sobre todo por la relevancia geopolítica que ha cobrado en un escenario global convulso.

Manuel Regueiro, asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), afirma que veremos el renacimiento de la minería en Europa y España. “Estos proyectos [los 47 previstos en la UE], que estaban en un cajón, se han elegido de entre los primeros 170 candidatos y van a tener una financiación preferente, de 22.000 millones de euros, y una tramitación acelerada de 27 meses para la autorización de la evaluación de impacto ambiental”, explica, y recalca que faltan cientos de minas para paliar en algo la enorme demanda. “Seguiremos dependiendo de China”, advierte.

De ahí que presagie un fuerte desarrollo en España en los próximos años. “Va a haber un impulso fuerte como hubo en los sesenta con los planes nacionales de minería, cuando muchas dotaciones se pusieron en marcha, algunas de ellas hoy operativas, y generaron riqueza”, subraya. En el país hay más de 2.600 explotaciones que mantienen más de 30.000 empleos, recoge el Miteco. Su producción, de materiales más asociados a la construcción (pizarra, mármol, granito, yeso), tiene un valor superior a los 3.500 millones anuales. El de cobre, fluorita, feldespato, estroncio, wolframio y tántalo excede los 850 millones. No obstante, Regueiro aclara que el negocio es distinto: “No estamos en los sesenta; ahora hay unas leyes ambientales y de restauración muy estrictas, y de control a las empresas por parte de la Administración. No es posible que se dejen explotaciones abandonadas, agujeros, ni se contaminen aguas y suelos”.

Normativa en revisión

Julio César Arranz, especialista en minería del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), detalla que el sector está sometido a rigurosas normativas. “Tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, que debe ser aprobado para autorizar sus operaciones, y otro de rehabilitación y restauración de los terrenos una vez terminada su explotación [contemplado en el Real Decreto 975/2009 y que establece una categoría de control y vigilancia de 5 a 30 años según el riesgo]”, puntualiza. Aunque cree que el plazo de cinco años es muy corto. Esta regulación está también en audiencia pública. El Gobierno destinará unos 400 millones para restaurar pasivos mineros. Y prepara además una nueva Ley de Minas —en alegaciones— para adaptarla a la realidad de la industria.

El pasado no ayuda. “La minería puede producir impactos muy importantes sobre el suelo, la fauna, la vegetación, las aguas superficiales y subterráneas; casos y ejemplos, por desgracia, hay muchos. En España hay muchas instalaciones abandonadas que nunca se restauraron porque la explotación se hizo en épocas anteriores a que hubiera una legislación que obligara a las empresas a recuperar los terrenos”, recuerda Arranz, quien participa en la elaboración del Programa Nacional de Exploración Minera 2025-2029 (en consulta pública), que indaga en las más de mil balsas y escombreras existentes con recursos metálicos no identificados.

Marta Conde, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), añade el “gran riesgo” que supone la rotura de las balsas con relaves, los residuos de la actividad. Además del daño cultural y a la comunidad. “Los ansiados empleos suelen requerir experiencia cualificada, que es difícil de cubrir a nivel local, provocando un alud de trabajadores que suben los costes de vida y de la vivienda, creando una doble economía. Provoca masculinización, animosidad y división social”, esgrime Conde.

Los grupos ecologistas abundan en esa desconfianza. “Solo respetan el medio ambiente cuando se les obliga. Recortan en medidas de seguridad, prevención, y ese dinero va para la cuenta de resultados de grandes transnacionales que cotizan en Bolsa y establecen unos entramados societarios que dificultan la asunción de daños. Luego está España, con una legislación de las más laxas del mundo y la inacción de la Administración a la hora de sancionar; que se cumpla la ley”, reclama Cristóbal López Pazo, de Ecologistas en Acción.

Mariana Walter, investigadora Ramón y Cajal del Instituto de Barcelona de Estudios Ambientales (IBEI), apunta que el proceso de selección de los proyectos europeos ha sido denunciado por sociedad civil y ambientalistas de varios países debido a su falta de transparencia, como en Suecia, Portugal y España (Cáceres). “La comunidad no ha participado y no lo han conocido hasta su publicación. Una mina afecta desde su diseño: crea expectativas, tensiones, especulación; habrá más conflictividad”, presagia. Walter lamenta que tampoco se hable mucho de los residuos de baja radiactividad​ que causa la extracción y procesado de tierras raras como la monacita, que tiene uranio y torio.

Los ejecutivos europeo y español, así como las empresas, arguyen que esta nueva minería es diferente, apegada a la regulación y a la sostenibilidad desde su concepción. “Somos conscientes del rechazo social a los proyectos mineros u otros industriales o energéticos con incidencia en el territorio. Buena parte de esta contestación tiene su origen en actuaciones del pasado, cuando ni la tecnología existente ni las exigencias ambientales eran las actuales, que además se van a incrementar. Ahora el enfoque de la industria extractiva es integral”, comentan fuentes del Miteco.

En palabras del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard: “Tenemos un enfoque 360 para la gestión de materias primas, apostando por la identificación de las necesidades, el reciclaje, la circularidad, la trazabilidad de las que importamos, el conocimiento del recurso existente en España y la recuperación y restauración sostenible de espacios”.

Ángel Saz-Carranza, director de EsadeGeo, percibe esa tensión en Europa entre la necesidad de ser soberana en el acceso y la aprobación de la actividad, y que sucede ya con las renovables. “Es el reto: la autonomía, queremos explotar materias críticas; la aceptación social, ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte apegado a procesos rigurosos de protección ambiental; y la competitividad, incentivar para que el coste ecológico no encarezca el producto”, desgrana. Y avisa de que vamos hacia un mundo con más monopolios: “Los niveles de concentración de muchos materiales son muy superiores a los del petróleo”.

Sistemas diferenciales

Manuel Regueiro insiste en que hay que diferenciar los proyectos brownfield de los greenfield; es decir, entre los viejos y los levantados ahora desde cero, y que el temor sobresale en las zonas que carecen de un conocimiento histórico sobre su funcionamiento, ventajas e inconvenientes. “Estuve en la mina de El Moto [uno de los proyectos españoles elegidos por la UE para la extracción de wolframio en Abenójar, Ciudad Real] y todo el mundo está de acuerdo. Y los estériles, los desechos, los van a volver a inyectar dentro de la mina. Es curioso porque en esa misma ciudad hay otro de monacita con una oposición frontal de los ecologistas y la evaluación de impacto ambiental no se ha autorizado”, cuenta. Pone otro ejemplo: “Muchas veces las restauraciones se hacen por tramos: extraigo en esta zona y luego restauro, como en la cantera que está en el volcán Cerro Gordo [también en Ciudad Real]. La mitad se puede visitar y la otra mitad se sigue explotando”.

En esta animadversión influyen varios factores, a juicio de Arnoldus van den Hurk, geólogo y fundador de R4Mining: “La falta de conocimiento del mundo material, no hay cultura de desarrollo como en Canadá, Australia, Chile o Perú, y mucha ingenuidad. Hasta el apagón no nos hemos dado cuenta de cuánto necesitamos la electricidad. Imagínate con centenares de miles de coches eléctricos y cargadores. La hipocresía climática. Todo necesita metales y minerales industriales, pero nada de ellos es posible sin la minería (incluido petróleo y gas). Preferimos mirar hacia otro lado, cagar en casa del vecino”.

La financiación es otro de los desafíos. Álvaro Serrano, consejero delegado de la mina de Saloro, que extrae wolframio en Barruecopardo (Salamanca), reconocía en un encuentro celebrado a principios de abril por el Iberian Sustainable Mining Cluster y la Fundacion ICAMCYL que el acceso al capital es una de las principales barreras, sobre todo en la exploración: “Como es una actividad de mucho riesgo, los sondeos se hacen a fondo perdido y la banca no da créditos, sino que se financia con fondos propios, de capital riesgo o hedge funds”.

“La UE no tiene experiencia en financiar proyectos greenfield. Hay que recurrir a los bancos y las Bolsas de Toronto (TSXV) y Sídney (ASX), y últimamente a inversores de Arabia Saudí; no hay deuda que valga”, apostilla Van den Hurk, quien aconseja conectar las iniciativas europeas con dichos parqués a través de roadshows especializados tomando como referencia el modelo canadiense del Capital pool company program, que ha financiado a más de 2.300 empresas júnior; o el argentino, que organizó uno en Toronto para conectar sus iniciativas con inversores de la TSX.

La burocracia es otro de los males. “Hay que ver si la Administración tendrá capacidad para tramitar los expedientes con rapidez. No olvidemos que una mina tarda en España y Europa unos 15 años en abrirse, como sucedió con la de Cobre Las Cruces, en Sevilla; así es imposible cumplir los plazos”, advierte Regueiro. La competencia está transferida a las comunidades autónomas y los proyectos cursan dos departamentos para su aprobación: el de minería y el medioambiental. “Esa permisología con múltiples capas administrativas (local, provincial, autonómica, estatales, europea) lo hace complicado, lento y poco atractivo”, reprocha Van den Hurk.

La investigadora del IBEI pone el acento en la reducción del consumo ante el aumento explosivo de la demanda y la disminución de la calidad de los recursos por la sobreexplotación, lo que implica mayores requerimientos de agua, energía y químicos para su extracción. “Hay que reflexionar sobre qué materiales se necesitan y priorizarlos; repensar el modelo de movilidad hacia uno más colectivo y cuestionar la narrativa de que son solo para las renovables; muchos son para la industria militar [en auge en Europa]”, aduce. Walter se pregunta también “cuál es el impacto socioambiental que estamos dispuestos a aceptar”. Es decir, ¿cuánto se quiere sacrificar por la transición, la seguridad y el bienestar?