La generación eléctrica renovable despega en las zonas urbanas

La empresa pública L’Energètica surge en 2023 para que la Generalitat de Cataluña sea carbono neutro en 2040. El objetivo es poblar en cinco años con solar fotovoltaica los 1.400 tejados de edificios que albergan a la administración catalana, cubriendo su consumo de energía y el de sus aledaños. Pero es insuficiente. La compañía estudia tirar también de terrenos —sobre todo—, cubiertas privadas, pérgolas, plazas, parkings e incluso de eólica o hidráulica para alcanzar su ambiciosa meta de 1.000 megavatios (MW) de potencia.

“La lógica es crear una red neuronal, jugando con las diferentes tipologías de consumidores. Ocupamos toda la cubierta para generar energía y los excedentes se utilizan en red para abastecer los equipamientos públicos que están en el radio que nos permite el autoconsumo [solar], de dos kilómetros”, explica el director general de la compañía, Daniel Pérez. Si las primeras instalaciones fueron en autoconsumo individual, hoy viran hacia el colectivo.

En el municipio de Rubí (Barcelona), una instalación de 128 kilovatios hora pico (kWp) ubicada en el techo del Instituto La Serreta abastece también a dos centros de atención primaria (Cap Sant Genís y Cap Antón de Borja), una comisaría de los Mosos d’Esquadra y los juzgados, apunta como ejemplo. Ya son 10 los proyectos de este tipo activos. Su intención es cerrar 2025 con 140 conectadas que supondrían una capacidad de 30 MW de potencia. A 2030, la meta es alcanzar los 200 MW tras una inversión de unos 170 millones de euros con fondos Feder y financiación pública.

El uso de renovables en zonas urbanas es todavía testimonial en España, y aún más en instituciones públicas. Su despliegue es complejo. “En edificios nuevos no es un problema; se diseña pensando en la eficiencia energética y la capacidad de su integración, lo que facilita el cumplimiento normativo. Tampoco en los privados, donde no se requieren acuerdos, frente a las comunidades de vecinos. Sin embargo, en los antiguos hay limitaciones estructurales como la falta de espacio y la orientación desfavorable. Además se requiere rehabilitación previa para soportar la estructura, lo que encarece el proyecto”, puntualiza Francisco Martín, investigador del ITT de la Universidad Pontificia Comillas.

El trío idóneo en las ciudades es fotovoltaica, aerotermia y almacenamiento, según Martín. “Es compacta, eficiente y estéticamente adaptable”, aduce. El coste de una instalación estándar (3kWp) ronda los 4.000-5.500 euros y la de 5kWp entre 6.000 y 8.000 euros. Si se incluyen baterías hay que sumar 3.000 euros más.

María Manzano, técnica de la Fundación Renovables, recuerda que el primer despunte fue el de la solar térmica en 2010, cuando el Código Técnico de la Edificación incluyó su implantación. Tras la eliminación del impuesto al sol en 2018 se disparó el autoconsumo fotovoltaico, y ya acumula 8.137 MW, datos estimados para 2024 de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). La directiva europea de eficiencia energética dicta un parque cero emisiones en 2030, dos años antes en inmuebles estatales. En 2050 debe estar descarbonizado.

Para tener una idea de su aceleración en el país, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) contabiliza a la fecha una potencia total instalada de 6.107 kWp en 133 edificios públicos que generan 21.512 KWh anuales. Estas renovaciones, con rehabilitación integral o parcial según cada caso, representan una inversión de casi 30 millones —incluido almacenamiento— gracias al Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre ellos figuran el Ministerio de Transición Ecológica, el Palacio de la Zarzuela o el Teatro Real.

“En el ámbito privado, la fotovoltaica y la aerotermia son las más extendidas; en edificios públicos, la solar térmica y la fotovoltaica en cubiertas o aparcamientos exteriores”, subraya Francisco Martín, quien apunta que la tendencia ahora es implantar comunidades energéticas mixtas que combinen hogares, pymes y equipamientos municipales. De ahí la relevancia del nuevo decreto de autoconsumo en consulta pública que, entre otras medidas, amplía a cinco kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo. “Esto ayudará a que los inmuebles históricos, en los que no se pueden colocar placas, puedan cubrir su demanda con renovable”, valoran en UNEF. Además, la nueva normativa propone crear la figura de un gestor para facilitar su funcionamiento.

En Escarrilla (Huesca), cerca del Pirineo, recurrieron a una planta en suelo cerca de la localidad porque los tejados están protegidos, cuenta Manzano. “Son 240 kWp. El ayuntamiento tiene el 30% de la participación [la distribuidora es local] y el resto es de vecinos y comercios del pueblo”, especifica. Una de las trabas es la conexión a la red, agrega.

Poca eólica y biomasa

La minieólica —aerogeneradores de eje vertical (VAWT)—, en cambio, brilla por su ausencia. “Las pequeñas turbinas se podrían analizar en aquellos sitios donde los ruidos y las vibraciones no fuesen un problema”, cree Alberto Ramos, profesor de la ETSI Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Fuentes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) atribuyen su escasa presencia a la sobrevaloración del recurso, que ha hecho que la producción real sea menor a la esperada, y a la falta de una regulación específica, que ha provocado que quede relegada a instalaciones en campo abierto.

El aerogenerador que instaló en 2009 la holandesa DonQi Iberia (1,75 kW) en la sede del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, en Pamplona, fue desarticulado. Otros permanecen, como los de la española Bornay en gasolineras y torres de telecomunicaciones de Madrid. “La mayoría de las experiencias han sido en inmuebles públicos, pero la falta de apoyo ha hecho que se hayan ido desmantelando”, lamentan en la AEE. En Reino Unido, Italia, Estados Unidos China, Japón y Taiwán sí han triunfado, al fijar un pago a largo plazo (feed-in tariff) en algunos de ellos, indican.

Las redes de calor y frío con biomasa para el suministro de agua caliente y calefacción se han desarrollado más en entornos rurales: Móstoles (Madrid), Guadalajara, Aranda de Duero (Burgos) y Soria. “A nivel regulatorio no se considera de utilidad pública o interés general, como la red de gas, y eso dificulta la obra. También la inversión pública que supone y el conflicto social que genera: como va por el subsuelo, hay que hacer un obrón en la calle y eso causa malestar”, ilustra Manzano.

Bilbao se ha embarcado en un proyecto de este tipo pero que combina geotermia, aerotermia e hidrotermia para sustituir los combustibles fósiles de su sistema de calefacción y refrigeración en 25 años, e incluye refugios climáticos como novedad (espacios exteriores e interiores para mitigar el calor). “Para resolver el problema de la financiación, y como requiere muchos usuarios conectados, están incorporando todos los edificios públicos”, señala Manzano. La intención es crear una gran caldera central urbana.

Obstáculos

Pese a los avances, Pedro Ruiz, presidente de Mitsubishi Electric España, alerta de que la tasa de rehabilitación energética es inferior al 1% anual, cuando debería multiplicarse por 25 para alcanzar los objetivos europeos de neutralidad climática a 2050. Ahí radica la dificultad. “Esto sitúa al país en una posición de retraso relativo frente a otros Estados miembros”, recalca Ruiz.

Esta compañía japonesa ha descarbonizado —con solar, bombas de calor, sistemas domóticos y software de control y medición para su gestión— varios edificios de empresas privadas y entidades públicas, como la sede del laboratorio Almirall en Barcelona; la Torre Watson y Torre Rioja en Madrid; la de sede del grupo inmobiliario TM en Benidorm (Alicante) o la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

El elevado coste inicial de los proyectos, especialmente en las reformas; la falta de incentivos fiscales y ayudas directas; la poca concienciación por parte del usuario final y la carencia de una cultura energética —muchos propietarios desconocen los beneficios de la rehabilitación— son, a juicio de Ruiz, las principales barreras para su adopción masiva en las urbes.

Las comunidades autónomas cuentan con programas de ayudas dotados con fondos europeos que se gestionan a través del IDAE y que pueden cubrir entre el 40% y el 70% de la inversión, aunque el trámite es engorroso y lento, se quejan las empresas y hogares solicitantes. El sistema de certificados de ahorro energético (CAE) es otra vía disponible para acceder a estos recursos.

“Este verano el IDAE respaldó las creación de 27 nuevas comunidades energéticas con 35,6 millones en ayudas. Galicia, Cataluña, Extremadura y Castilla y León concentraron las actuaciones, con casi 100.000 beneficiarios y más de 68 MW de nueva potencia renovable. Y el programa CE Implementa, ha impulsado 145 iniciativas por más de 100 millones”, menciona Martín Martínez. O el europeo Sociarem, liderado por la Universidad Pontificia Comillas y cofinanciado a través del programa Horizon Europe y la Secretaría Suiza de Educación, Investigación y Formación, en el que 15 socios de nueves países de la UE buscan acelerar la adopción ciudadana de la solar, añade. “El principal desafío reside en la rentabilidad: la aparición de precios cero en horas solares evidencia que depender únicamente del mercado spot no es sostenible”, alerta.

Ramos Millán avisa de otro hándicap: la necesidad de combinar las energías renovables con el almacenamiento, pendiente de su desarrollo, y vincularlo a la movilidad sostenible. “Si no lo integramos de forma inteligente se pueden producir inestabilidades en el sistema difíciles de corregir y que pueden llegar a producir un apagón [como el ocurrido en abril pasado]”, advierte el experto.