Almeida sigue el ejemplo de Ayuso y rechaza declarar la tapia de La Almudena lugar de memoria porque es “lesivo” para la ciudad

Isabel Díaz Ayuso lo gritó a los cuatro vientos y José Luis Martínez-Almeida lo hizo en silencio. El pasado octubre, el Gobierno central declaró como lugares de memoria democrática tres sitios en Madrid: la Real Casa de Correos, escenario de torturas en la dictadura; la tapia de los fusilamientos del cementerio de La Almudena, donde fueron ejecutadas por el régimen franquista miles de personas, entre ellas, las Trece Rosas; y la cárcel de Carabanchel. La presidenta de la Comunidad se opuso desde el primer momento y con severidad a que se señale con una placa el pasado del edificio de la sede de la Presidencia Autonómica ―recurrió a la Audiencia Nacional el reconocimiento―, lo que ha provocado numerosos choques con el Ejecutivo. Mientras, el Consistorio siguió la estela de Ayuso con el camposanto madrileño, pero sin que nadie se enterase y sin revuelo político.

El 4 de diciembre, la Junta de Gobierno aprobó, entre una batería de acuerdos, uno que pasó desapercibido. El Ayuntamiento iba a emprender acciones judiciales contra la declaración de la tapia del cementerio como lugar de memoria democrática porque “se considera lesivo para los intereses municipales”, según consta y se puede consultar en el documento publicado en la web municipal. En el Consistorio confirman que ya han presentado un recurso contencioso-administrativo.

Los motivos se recogieron en un informe jurídico interno encargado a los servicios funerarios de Madrid, que gestionan los 14 cementerios municipales de la ciudad. En él hablan de que el reconocimiento reabre heridas, desequilibra la cohesión social y ofrece una visión negativa y parcial de la necrópolis.

El texto, fechado el 21 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico, alude, primero, a una cuestión de forma para impugnar el reconocimiento: han pasado más de 12 meses, plazo máximo establecido, entre la incoación del expediente y su publicación, por lo que la declaración habría caducado. Es el mismo argumento que el Gobierno de Ayuso (PP) esgrimió con la Real Casa de Correos. En la Secretaría de Estado de Memoria Democrática indican que por ahora no han recibido la notificación de recurso alguno y un portavoz añade que instan al Ayuntamiento “a que cumpla la ley de Memoria Democrática y no dilate más su puesta en funcionamiento en Madrid”.

Después están los “motivos de fondo”. El Ayuntamiento indica que consideran el reconocimiento “lesivo” porque “vulnera el deber de neutralidad de la Administración” y “la tapia ya es objeto de protección al estar en el entorno de Bien de Interés Cultural”. Esta idea se refuerza ―en seis de las nueve páginas― en el informe de los servicios funerarios. Primero, el reconocimiento no atiende y es “absolutamente contrario” al interés de los ciudadanos. También atenta contra el bien común, la concordia y la paz, y “genera más conflicto social” porque “restaura viejas heridas de la contienda derivadas de la Guerra Civil española”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática reconoció esta tapia de La Almudena porque “representa uno de los episodios más oscuros de la represión franquista” y “es un símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad”. En el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado recuerdan que entre abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas 2.936 personas de numerosas localidades españolas, militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales y republicanos que se oponían a la dictadura. A la mayoría las fusilaron en la pared del camposanto, que antes de declararse lugar de memoria ya había acogido ―y acoge, el último hace poco más de una semana― numerosos actos de recuerdo y reivindicación, y donde las asociaciones pidieron durante años la creación de un monumento en honor de las víctimas.

El informe municipal considera que esto ofrece una visión parcial y negativa del cementerio, porque lo vincula exclusivamente a la represión franquista: “Incorporarla [la tapia] como testimonio de memoria democrática resulta consolidar una imagen del Cementerio de la Almudena absolutamente negativa, y contraria a su vinculación con la propia historia del pueblo de Madrid”. Para el Ayuntamiento, reconocer a la pared por su memoria democrática omite el valor histórico, social y cultural del camposanto. Entre otras cosas, porque ha sido escenario de películas como Navajeros, de Eloy de la Iglesia, Kika, de Pedro Almodóvar o Torrente, de Santiago Segura, se argumenta en el documento. En el texto sí se reconocen los fusilamientos, pero se remarca que hubo víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil y por eso una placa no puede reconocer solo a unos.

Tomás Montero, presidente de la Asociación Memoria y Libertad y nieto de uno de los miles de hombres ejecutados en el cementerio, dice que muchas veces se sienten solos. Llevan años pidiendo que se declare un lugar de memoria en el camposanto y lo hacen por sus familias. “No hay ni revanchismo, ni rencor, ni abrir heridas, solo familiares. No tiene sesgo político. Debería haber placas explicativas, que se indique qué pasó allí, que puedan contar la historia de forma real, verídica, para que la gente, especialmente los más jóvenes, lo sepa. Nuestras víctimas han estado completamente anonimizadas, borradas de la historia, castigadas”, lamenta por teléfono.

Una vez un espacio se declara lugar de memoria democrática, es deber de la Administración protegerlo, señalizarlo como tal, explicar su significado histórico, fomentar la divulgación y retirar posibles símbolos contrarios a la memoria.

En el informe también se esgrime como argumento el hecho de que exista una placa conmemorativa que ya recuerda los fusilamientos y que con eso sería suficiente. “El recuerdo ya está asegurado mediante el memorial antes referido, no pudiendo ser únicamente la violencia lo que simbolice o represente el entorno monumental de la Almudena, el cual alberga en sus muros más de 200 años de historia de todos los madrileños”. Por lo tanto, concluye, la nueva declaración sería redundante y divisiva. Montero critica que no existe esa alarma social que alega el Ayuntamiento y que, si los dirigentes políticos se acercaran a los homenajes que llevan dos décadas organizando en la zona, verían que su afán no es generar conflicto: “Somos eso, familias”.

La concejala socialista Meritxell Tizón considera “vergonzosa” la postura del Ayuntamiento. “La declaración como lugar de memoria no es una imposición parcial, ni una visión sesgada, ni un gesto ideológico. Es reparar la dignidad de las personas que sufrieron la represión franquista”, comenta por teléfono. La edil también critica el argumentario municipal: “Si hay un fallo [de procedimiento], me parece bien que se indique. Se corrige, se vuelve a hacer y listo, pero la segunda parte [del informe] demuestra que no es solo esa la intención. Que piensen que dignificar un lugar sea lesivo para Madrid es trivializar el debate y desplazar el foco de lo importante. La idea que trasladan es que cualquier acto anecdótico sirve para diluir un lugar de memoria, un sitio marcado por el sufrimiento de miles de personas. Cultura, conocimiento e historia no son incompatibles”.

Las placas sin nombre del cementerio

El silencio y la discreción han sido la tónica habitual del Gobierno de Almeida a la hora de retirar símbolos de la represión franquista o la Segunda República. Durante el mandato de Manuela Carmena se comenzó a construir un memorial con placas con los nombres de los republicanos fusilados en La Almudena. Las obras se paralizaron prácticamente de un día para otro tras la llegada del PP y Ciudadanos al poder y se retiraron todas las placas ya colocadas, hasta 1.000 nombres. La decisión indignó y dolió a los descendientes de las víctimas, que llevan peleando por recuperarlas desde entonces.

Apenas un año después y sin anuncio previo, el Ayuntamiento retiró la placa en recuerdo de Francisco Largo Caballero, presidente socialista del Consejo de Ministros durante la Segunda República, de la plaza de Chamberí. Vox lo había pedido en el pleno y se cumplieron sus deseos. La instalación se había aprobado por unanimidad en 1981. En 2022, un juzgado ordenó a Almeida reponerla junto con la del nombre de la calle de Largo Caballero y también la de Indalecio Prieto, político socialista de la Segunda República. Todas retiradas al mismo tiempo. La placa del histórico dirigente socialista volvió a la fachada de la Junta Municipal de Chamberí el pasado septiembre.