El Ejecutivo de Sánchez declara lugar de memoria democrática la sede del Gobierno de Madrid a pesar de la oposición de Ayuso

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles la declaración como lugar de memoria democrática de “la extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en Madrid”. La tramitación de esta designación, que busca recordar los horrores vividos en el edificio durante la dictadura, ya provocó en los últimos meses un choque entre el Gobierno central, que preside Pedro Sánchez, y el autonómico, que dirige Isabel Díaz Ayuso, y que se opone a que se señale con una placa el pasado del edificio. El conflicto da ahora un paso más con la oficialización de la designación, contra la que cabe recurso, y que el Gobierno regional previsiblemente rechazará en aplicación de una ley autonómica que le da a la presidenta poder de veto sobre las placas que se coloquen en la sede de la presidencia regional. Un portavoz de la administración autonómica avanzó que esta explicitará su posición en la rueda de prensa programada para después de la reunión del consejo de gobierno de este miércoles.

“El edificio de la Puerta del Sol, que hoy alberga oficinas administrativas, constituye un recordatorio sombrío de los horrores que vivieron miles de personas durante una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España”, se lee en la resolución, que firma el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, con fecha 20 de octubre. “La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias. El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, sigue. Y argumenta: “Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.

Contra la resolución cabe recurso de reposición. El conflicto, de hecho, está asegurado. En julio, el Constitucional levantó la suspensión de la ley de Ayuso que busca dificultar que la Casa de Correos sea lugar de memoria democrática, al dejar en manos de la presidenta la potestad de decidir si se colocan o no placas en sus paredes. Pero lo hizo sin entrar en la cuestión de fondo.

Así, el Alto Tribunal argumentó que “la posible instalación de placas o distintivos, así como la celebración de eventos y otros actos, no pasa de ser un suceso futuro e incierto; como también lo es la eventual negativa de la Comunidad de Madrid a autorizar dichas actuaciones” en relación con la declaración del edificio como lugar de memoria democrática, que en ese momento no se había producido.

“El Constitucional dijo que los problemas que pudieran surgir eran hipótesis”, resume una fuente que cuenta con la confianza del presidente del gobierno. “Así que veremos si las hipótesis se cumplen”, añade. “Ojalá que no”, añade en referencia a la posibilidad de que Ayuso vete la instalación de la placa que señale la designación del lugar, y escale el choque entre las dos partes. “Nosotros cumpliremos la ley”.

Esto ha dicho el ministro Ángel Torres a través de un video grabado ante la Real Casa de Correos: “[La declaración] es una magnífica noticia para quienes defendemos la democracia, la libertad y los derechos, y sobre todo para devolver la dignidad a las víctimas que sufrieron represión, torturas e incluso la pérdida de la vida por defender la democracia que hoy disfrutamos”.

Este edificio, en la madrileña Puerta del Sol, fue escenario de torturas, encarcelamientos y persecuciones de carácter político entre 1939 y 1979, cuando lo ocupaba la Dirección General de Seguridad (DGS) de la dictadura franquista. Sin embargo, el Ejecutivo regional viene defendiendo desde octubre, cuando se iniciaron los trámites para la declaración, que esa etapa solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas.

La declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culmina con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según explicó un portavoz del Gobierno central cuando se inició el proceso que afecta a la Real Casa de Correos.

Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo de 2024 a colocar una placa que recordara el pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.

Entonces, tanto Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.

Asimismo, el BOE publicará en los próximos días las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática de la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena; y la de la Prisión Provincial de Hombres.