Personal sin titulación de bombero en incendios: la justicia ordena al Ayuntamiento de Pinto el cese inmediato de su servicio de emergencias

Cuando hay una emergencia en Pinto que requiere la intervención de los bomberos, al lugar acuden tanto el cuerpo de la Comunidad de Madrid como el PIMER-PC, un servicio municipal. El primero tiene las competencias, los equipos y, sobre todo, el personal capacitado. El segundo, en cambio es un dispositivo creado por el Ayuntamiento, integrado en su mayoría por voluntarios y personal laboral sin la categoría profesional ni oposición específica para realizar esas funciones. Ambos cuerpos, financiados con dinero público, muchas veces llegan al mismo tiempo para realizar funciones similares. El conflicto ha ido escalando: primero, con quejas entre los trabajadores; después, entre el Gobierno regional y el municipal. Al final, la justicia ha intervenido y ha ordenado al Ayuntamiento de Pinto “el cese inmediato” de la prestación del servicio en materia de incendios.

La Comunidad de Madrid comenzó en 2022 a notificar incidencias al Ejecutivo local: denunciaba la falta de información sobre emergencias en el municipio, la ausencia de coordinación en accesos y puntos de encuentro con otras dotaciones y, sobre todo, el incumplimiento del reglamento cuando el PIMER-PC participaba en labores de extinción de incendios que no le correspondían. El sindicato de bomberos CSIT, el mayoritario en la región, se hizo eco de las quejas y, ante la falta de respuesta, terminó demandando al Ayuntamiento de Pinto.

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, manifiesta que el Ayuntamiento de Pinto, dirigido por el alcalde Salomón Aguado (PP), “no dispone de personal cualificado ―Bomberos― para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios, reconociendo de esta forma que las actuaciones correspondientes a las incidencias producidas carecen de cobertura legal”. El Ayuntamiento de Pinto ha respondido con la suspensión del servicio del PIMER-PC en materia de incendios, pero un portavoz afirma que el equipo jurídico está estudiando la sentencia, que aún puede ser recurrida, “para ver de qué manera proceder, al entender que merma las capacidades organizativas del propio ayuntamiento”.

¿Cómo ha sido posible que Pinto haya tenido durante años un servicio de emergencias que interviene en incendios cuando no tiene las competencias? En parte, la creación del PIMER-PC se explica porque los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pueden crear por ley un cuerpo propio que gestione las emergencias, la protección civil y la extinción de incendios. Pinto, que cuenta con 56.651 empadronados, podría haber desarrollado su propio cuerpo de bomberos, pero no lo hizo. En cambio, creó el PIMER (Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate) en 2008 y unificó sus funciones con la agrupación de Protección Civil (PC) que funcionaba ya en el municipio desde 1991.

Este organismo realiza unas 1.800 intervenciones anuales de media, “tanto en materia de prevención en grandes eventos, como de emergencias cuando son requeridos”, según informa un portavoz del Ayuntamiento. En 2024 realizaron 214 intervenciones relacionadas con incendios, inundaciones, salvamento o rescate, y en 2025, 118. “Todas ellas como primeros intervencionistas al estar físicamente en el municipio, hasta la llegada de Bomberos o por ausencia de estos, que no cuentan con base física en Pinto”, señala el portavoz. “Se trata de un servicio de primera intervención, que no suple a Bomberos, sino que colabora con personal especializado”.

Sin embargo, la justicia considera que muchas de estas actuaciones exceden sus funciones y se solapan con las del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, con el que Pinto firmó en 2021 un acuerdo por el que le delega las tareas de prevención y extinción de incendios en el municipio. El protocolo establece que el personal del PIMER-PC debe actuar bajo las órdenes del jefe de intervención del cuerpo autonómico cuando participa en estos operativos.

El conflicto también tiene una dimensión económica. Según el sindicato CSIT, el PIMER-PC es un servicio que cuesta unos 800.000 euros anuales al consistorio, que ya paga otros 1,7 millones al cuerpo de la Comunidad de Madrid. “Este servicio en Pinto ha supuesto un gasto innecesario y desproporcionado para los pinteños”, critica Helena de Ancos, concejala de Más Madrid en el municipio, que considera que “no ha habido voluntad política para solucionar” un problema “enquistado” sin tener que llegar a los tribunales. “Este servicio se creó de forma ilegal por el Partido Popular. Ahora toca acatar la sentencia”, concluye.

Una de las primeras señales de alarma saltó cuando, en 2022, el ayuntamiento sacó a licitación un contrato para la compra de nueve vehículos para el PIMER-PC, entre los que se incluía un lote con un camión destinado a primera intervención y rescate con capacidad para la extinción de incendios. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior madrileña le llamó la atención al municipio recordándole que las competencias para estas tareas correspondían a la Comunidad según lo acordado.

“El convenio en vigor tiene por objeto evitar duplicidades y prestar un servicio público esencial, sujeto a diferentes normativas y estándares de seguridad que se ve distorsionado e incluso puesto en riesgo, cuando no se respetan dichas normas y acuerdos o convenios de coordinación de los que nos hemos dotado ambas administraciones”, escribió la Comunidad de Madrid al gabinete de la alcaldía pinteña, palabras que han quedado recogidas en la sentencia del tribunal. “Le ruego como máximo responsable municipal que vele por el correcto funcionamiento de dicho convenio”, concluía.

No obstante, el consistorio mantuvo el funcionamiento del PIMER-PC sin cambios. “Intentamos llegar a un acuerdo para que, al menos, dejaran de hacer las funciones de bombero”, explica Israel Naveso, miembro del cuerpo madrileño y portavoz del sindicato de bomberos de CSIT. Naveso recuerda que esta situación también conlleva riesgos laborales para los trabajadores del PIMER-PC, que no están cualificados, y “pone en peligro” a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Pinto niega tajantemente ambas cuestiones y resalta que “los trabajadores de PIMER-Protección Civil cuentan con la debida formación teórico práctica en materia de prevención y emergencias”.

De Ancos transmite su “profundo respeto y admiración al trabajo que hacen los voluntarios de Protección Civil de Pinto”, pero considera que se podría haber buscado una solución para conciliar su trabajo con el de los bomberos “sin vulnerar la ley”. El Ayuntamiento de Pinto subraya que solo se han interrumpido las labores relacionadas con la extinción de incendios, pero que el resto de tareas de los trabajadores de Protección Civil se mantendrán como hasta ahora. “El trabajo encomiable de los efectivos de PIMER no solo no pone en peligro, sino que salva vidas”, aseguran.