Los bomberos ganan la batalla judicial contra Ayuso por 40 millones de inversiones no realizadas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los bomberos de la Comunidad de Madrid en su denuncia contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por desviar unos 40 millones de euros, procedentes de las primas que la administración ha recibido de las aseguradoras entre 2019 y 2023. Ese dinero debería haberse destinado exclusivamente a inversiones para la prevención y extinción de incendios, algo que no habría hecho el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo regional matiza el fallo alegando que el tribunal aún debe emitir “unas aclaraciones”.

En todos los seguros contra incendios que se suscriben en España se incluye una cuota del 5% para que las Administraciones Públicas mejoren la prevención y extinción de siniestros. Ese dinero lo paga el cliente a su compañía, en su prima, y ésta lo transfiere a una gestora vinculada a Unespa —la patronal de las aseguradoras—, que se encarga de transferir los fondos a la administración que debe prestar estos servicios en cada municipio, ya sean ayuntamientos, diputaciones provinciales o Comunidades autónomas.

El Sindicato de Bomberos —mayoritario en el colectivo y federado en CSIT Unión Profesional— lleva años denunciando que el dinero de esta contribución especial recaudado por Unespa para la Comunidad de Madrid “se deriva a partidas desconocidas o a gastos corrientes de otros servicios de emergencias”, pero no a los servicios de extinción de incendios.

La Comunidad de Madrid cuenta con 1.648 bomberos distribuidos en 22 parques. Estos atienden las emergencias que se producen en cualquier localidad de la región, salvo en Madrid capital y Alcorcón, que disponen de sus propios cuerpos de bomberos.

En la sentencia, emitida el 11 de noviembre, el TSJM considera que el Ejecutivo regional infringe la ley al no dirigir este dinero totalmente a inversiones reales para mejorar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, sino a partidas desconocidas o a otros gastos corrientes, “como gastos en renting que nada tienen que ver con el servicio", apuntan desde el sindicato.

El fallo establece la obligación de la Comunidad de Madrid de “destinar única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales en su Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento la totalidad de los ingresos que esa Administración obtiene mediante la contribución especial [...]”.

Falta de medios

Los bomberos denuncian la necesidad acuciante de que cada uno de los 22 parques de bomberos cuente con un vehículo autoescala y un furgón de salvamento especial para accidentes de tráfico o incendios forestales, para lo que sería fundamental disponer del dinero recaudado por las aseguradoras. Con estas mejoras, “no habría que acudir a socorrer emergencias desde parques más lejanos y se podrían salvar más vidas”, apuntan.

Desde el cuerpo también se quejan de la falta de medios técnicos, como equipos de separación y corte, y de trajes de protección individual modernos. Además, en muchos parques hay denuncias ante la Inspección de Trabajo por goteras y ratas. La situación es especialmente grave en nueve de ellos: Getafe, Tres Cantos, Torrejón, Móstoles, Leganés, Villaviosa de Odón, Villalba, El Escorial y Pozuelo.

Para el sindicato de bomberos, la sentencia del TSJM también es muy importante porque “ataja cualquier intento de diluir las organizaciones de bomberos dentro de otros entes y desviar el destino de estos ingresos, como puede ocurrir en el caso de la nueva Agencia de Seguridad y Emergencias”.

Las partes han solicitado al Tribunal Superior unas aclaraciones adicionales sobre el fallo, aún pendientes. Un portavoz de la Comunidad de Madrid argumenta que ya se ha invertido “muy por encima del dinero que se ingresa por parte de las aseguradoras en la ampliación y mejora del Cuerpo de Bomberos”. Desde el Ejecutivo regional confían en que las mencionadas aclaraciones del TSJM les den la razón sobre este punto.

Conflicto desde 2014

El destino último de la contribución recaudada por las aseguradoras es motivo de conflicto en servicios de prevención de incendios de toda España desde hace más de una década. En 2014, un sindicato demandó al Ayuntamiento de Gijón para que ese dinero se dedicara a la modernización del parque, como establece la ley. El caso llegó al Tribunal Supremo, que en 2020 ratificó la obligación del uso exclusivo de esos fondos para inversiones. Los casos se han sucedido en Cantabria, Oviedo o Vitoria/Gasteiz, donde la justicia también ha fallado a favor de los bomberos.

Los bomberos de Madrid también han iniciado el año con su unidad médica cerrada “por falta de facultativos”. Desde CC OO y UGT denuncian que la unidad médica “lleva años en deterioro” y afirman que se trata de una estrategia para “debilitar el servicio público y privatizar”.