Policías en el lado oscuro: los casos de cinco altos mandos detenidos por narcotráfico en dos años

En los dos últimos años, al menos cinco altos mandos de la Policía Nacional y varios de la Guardia Civil encargados de la lucha contra la droga han sido detenidos por presuntos vínculos con las bandas a las que decían perseguir. En puntos tan distantes como Valladolid, Baleares, Murcia, Galicia, Madrid o Sevilla, las más de 123 toneladas de cocaína incautadas en España en 2024 son una tentación mal vigilada que entra en cualquier comisaría. El último ejemplo es el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández, quien el pasado viernes iba a protagonizar una surrealista declaración desde la cárcel. En esa testifical, tenía que detallar lo que sabía de la Operación Churruca, el mayor golpe contra el narcotráfico en Castilla y León, que dirigió y de la que luego supuestamente se benefició, motivo por el que está en prisión provisional. Al final, la Fiscalía renunció a su testimonio.

Aquel 24 de mayo de 2025 era un día de fotos, aplausos y palmadas en la espalda en Las Delicias, la comisaría central de Valladolid. La policía celebraba ante la prensa el éxito de una operación sin precedentes en la que se incautó de varios vehículos de lujo, armas y cocaína de gran pureza. Doce kilogramos en un primer golpe y 59 más en el definitivo, que fue la cantidad exhibida aquel día. En la comisaría, habilitada como sala de prensa, estaban el delegado del Gobierno, los tres principales mandos policiales de Castilla y León y, junto a ellos, el jefe de Estupefacientes, Luis Fernández. Sobre la mesa desplegada para los fotógrafos estaba todo lo hallado y multitud de bolsas y ladrillos de cocaína con el dibujo de una araña, el método que usan los narcos sudamericanos para distinguir qué cartel hace el envío y su pureza. Junto a los ladrillos, un rótulo de la Agencia Tributaria decía: “Cocaína, 59 kilos”. Según se ha sabido después, a varios agentes presentes en la sala aquel día les llamó la atención que había más paquetes de los que indicaba el cartel. Pero a una celebración no había que ponerle muchas pegas.

Cuando seis meses después, Fernández y su compinche dominicano fueron detenidos, se encontraron 40 ladrillos de la misma cocaína exhibida meses antes, con la misma pegatina de la araña que los periodistas habían fotografiado durante la rueda de prensa. A Fernández le encontraron más de 100.000 euros en efectivo, pero su nombre ya estaba en el punto de mira por el alto nivel de vida que llevaba. Asuntos Internos ya seguía sus pasos; aun así, participó en la Operación Churruca.

Las actas señalaban que la droga había sido destruida cuatro meses antes en Oviedo. “Yo vi cómo se quemó hasta el último gramo”, dijo uno de los agentes que viajó a un centro de incineración de Asturias. Sin embargo, según la investigación, no consta un procedimiento plenamente acreditado de destrucción en ese caso concreto. La reconstrucción de El Norte de Castilla, de acuerdo con el expediente de Asuntos Internos al que ha tenido acceso, describe una red tan burda como la cadena de custodia que debía vigilar la droga incautada. Durante los meses que pasaron entre la localización de la cocaína y su quema, estuvo en dependencias policiales, con acceso restringido, pero bajo control directo del jefe investigado, donde habría sido sustituida por otros ladrillos con los mismos pesos y medidas. Una vez que la cocaína estaba en poder de Fernández, según la investigación, se la entregaba a un viejo confidente dominicano que la movía en la calle y en prostíbulos de Madrid y Valladolid.

La ley obliga a un riguroso seguimiento de cada kilo incautado, que comienza desde que llega a los agentes. Entonces, se levanta un atestado y la sustancia queda bajo cadena de custodia, un sistema que registra cada traslado, acceso y manipulación. De la carga se separa una muestra que pasa al laboratorio y se utiliza durante el juicio, y el resto queda depositado en dependencias policiales. El juez, a petición de la Fiscalía, decide qué parte se conserva como prueba y autoriza la destrucción del resto. Esa autorización no es automática: requiere informes y puede ser recurrida por las partes. Una vez autorizado, la Policía Judicial organiza el traslado —a menudo desde cualquier punto del país— hasta plantas especializadas. Gran parte de esa droga termina en Asturias, en instalaciones cercanas a Oviedo, donde se incinera bajo control y con acta oficial firmada para certificar su desaparición. Según los datos de la investigación, a la planta de incineración llegaron unos 50 kilos que, junto con los envoltorios, sumaban los 59 kilos oficiales.

El origen de estas investigaciones, revela a este diario un agente dedicado durante años a vigilar a sus compañeros, “surge o bien de chivatazos o bien de la investigación de otras operaciones de mayor envergadura”. Este es el caso de Baleares, donde Faustino Nogales, jefe antidrogas de las islas, fue detenido en verano cuando la policía trataba de desarticular una organización motera dedicada a la distribución de droga y liderada por el serbio Stefan Milojevic.

Durante años, la imagen de Nogales como jefe del Grupo II de Estupefacientes había sido la de un eficaz inspector muy activo en el intento por detener a Milojevic. Pero siempre fallaba algo: las operaciones se frustraban en el último momento o el objetivo desaparecía antes de ser arrestado, según fuentes del sumario recogidas por EL PAÍS.

Un año antes había sido trasladado, pero Asuntos Internos descubrió que Nogales, jefe antinarcóticos durante muchos años en Ibiza o Mallorca —dos de los puntos calientes del narcotráfico europeo—, estaba detrás del boicot gracias a su conocimiento del Mediterráneo, a las rutas menos vigiladas, los puntos de fácil llegada o los horarios de vigilancia. “Investigar a un policía es más complicado todavía. Se las saben todas”, añade el agente.

Nogales, según la investigación, evitaba dejar rastro: se comunicaba mediante papeles escritos a mano, exigía poner el teléfono en modo avión cuando hablaba con sus socios o colocaba balizas en los vehículos de otros agentes para conocer sus movimientos. Tenía acceso a bases de datos y conocimiento de las operaciones en curso. “Su gran ventaja es que conocen nuestros métodos y nuestra forma de trabajar. Todo lleva mucho más tiempo y es más desesperante”, dice el agente, hoy retirado. En el caso de Valladolid, cuando Asuntos Internos detectó que Fernández evitaba siempre hablar en el coche, los agentes colocaron micrófonos en la calle para captar sus conversaciones.

“Hay mecanismos internos que funcionan y demuestran el compromiso con la legalidad de la Policía Nacional; al tiempo que refuerzan su credibilidad ante la ciudadanía”, señala vía telefónica Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León. Sen ha insistido en las últimas semanas en la buena señal enviada por el cuerpo, ya que las denuncias no vienen de acusaciones externas, sino de investigaciones internas de la policía. “La cadena de custodia se quiebra cuando falla un eslabón, pero trabajaremos para mejorar la trazabilidad [de la droga]”, añade.

Otros dos mandos detenidos, ambos conectados, fueron detenidos en marzo de 2024 en Galicia y en Murcia. En la primera comunidad, la Unidad de Asuntos Internos detectó que desde Colombia el inspector jefe de la Policía Nacional Carlos C. L., destinado en la Embajada de España en Bogotá, manejaba información sobre salidas de cargamentos de cocaína, fechas y rutas. Mientras que en Murcia, el máximo responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), José G., se encargaba de facilitar la llegada con información, retrasando operativos o desviando la atención hacia objetivos menores.