Madrid indemnizará con 215.000 euros a una mujer que no fue avisada del resultado de un test y acabó con un cáncer y sin poder tener hijos

Siete años de silencio rompieron su vida para siempre. Corría enero de 2015 cuando esta mujer de 28 años, cuyo nombre ha sido anonimizado en la documentación consultada por EL PAÍS, acudió al centro de salud Padre Benito Menni de Ciempozuelos (26.000 habitantes, Madrid) para una citología vaginal. Detectaron hongos. Lo que nadie le comunicó es que en el análisis también se observaron unas “células escamosas atípicas de significado incierto”. En julio de ese mismo año, un segundo análisis le puso nombre al miedo: la paciente padecía el virus del papiloma humano (VPH), con genotipos de alto riesgo. Nadie la llamó. Nadie le avisó de la posibilidad de que desarrollara cáncer. Tampoco le informaron de que debía realizarse pruebas complementarias, como una colposcopia. Siete años después, aquel silencio llenó su vida de ruido.

El aviso fue la sangre. La señal de alarma, el dolor en la fosa ilíaca derecha. Luego llegó el diagnóstico: adenocarcinoma de 5,5 centímetros. Cáncer. Una operación “radical” en el hospital Infanta Elena que la dejó sin la opción de tener hijos biológicos. Quimioterapia. Radioterapia. Tenía 35 años, y un infierno por delante, según su detallado relato: las secuelas vasculares le obligan a tomar una pastilla anticoagulante de sangre el resto de su vida; sufre una arterioesclerosis de las arterias en las extremidades; dolor neuropático de pierna izquierda; linfedema; ganancia de peso derivada de la menopausia precoz... incluso le fue reconocida la baja por incapacidad temporal en su trabajo.

Este 2026, la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid ha dictaminado que debe ser indemnizada con más de 215.000 euros.

“La Comunidad de Madrid ha hecho su trabajo con toda la tramitación administrativa”, dice sobre el pago de esa indemnización un portavoz de la consejería de Sanidad, que dirige la doctora Fátima Matute. “Aún no tenemos comunicación del seguro acreditativa del pago, dando por hecho que aún no se ha abonado”, precisa este interlocutor.

Así, la Comunidad de Madrid dispone de un potente seguro para hacer frente a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que afronta su sistema sanitario. A lo largo del año 2024 se presentaron 623, según los últimos datos oficiales publicados. Por la vía administrativa, es decir, sin llegar a los juzgados, se cerraron un total de 644, pues se solucionaron algunas de años anteriores. Esos datos esconden bajo la frialdad de los números auténticas tragedias.

Son madres que pierden en el parto a su bebé y no pueden tener a más hijos biológicos. Niños que acuden a urgencias con un brazo roto y acaban en la unidad de cuidados intensivos porque les administran una dosis de sedante apropiada para un adulto de 130 kilos. Pacientes con gasas escondidas del cuerpo tras una operación, o costillas extirpadas equivocadamente.

Esos casos son estadísticamente irrelevantes en el contexto de un sistema con millones de acciones médicas acertadas y seguras. No obstante, también suponen un drama irreparable para quienes los sufren, y sus familias.

Cuando se publique la próxima memoria del servicio regional de salud, el caso de esta paciente engrosará esa estadística de responsabilidades patrimoniales asumidas. Pero para que eso ocurra, la recurrente ha tenido que vivir un calvario en forma de largo proceso administrativo de varios años, por la complejidad del caso, que ha requerido de múltiples informes. Sin embargo, cuando estos llegaron, no quedó duda. Tenía razón.

Así lo reconoció la propia Inspección Sanitaria. “A la paciente no se la dotó de una adecuada información verbal, incluyendo diagnóstico, pronóstico, alternativas, riesgos y beneficios”, se lee en su informe del caso. “No se realizaron los protocolos de actuación ante una citología ASCUS que presentaba la paciente y que obligaba a realizar colposcopia y seguimiento adecuado en una citología patológica en 2015 con HPV (+) de alto riesgo, no habiéndose realizado una estrategia diagnóstica ya que al tratarse de una enfermedad de curso lento e insidioso, se produjo un retraso en el diagnóstico de adenocarcinoma de cérvix infiltrante”.

Vacuna y detección precoz

En la misma línea se expresó la aseguradora del Sermas. “En este caso, la paciente no fue avisada y no se realizaron las pruebas indicadas como era la colposcopia para detectar y prevenir el adenocarcinoma de cérvix”, admite. “Al no realizar un seguimiento, no se pautó tratamiento preventivo como vacunación frente al virus del papiloma y no se eliminaron factores de riesgo como el uso de anticonceptivos orales, entre otros”, añade. Y subraya: “De haber hecho un correcto seguimiento, se podría haber detectado en una etapa más precoz (...) , y en ese momento la lesión podría haberse tratado de forma conservadora mediante ablación de la lesión o conización uterina”.

Esos dos análisis llevaron a una conclusión inevitable a la Comisión Jurídica Asesora: “Ha quedado acreditado el anormal funcionamiento del servicio sanitario (...) La paciente no fue informada de su alto riesgo de padecer enfermedad oncológica, lo que impidió su control y tratamiento precoz, derivando en un proceso cancerígeno en estadio avanzado”.

Por todo ello, este organismo concede una indemnización de más de 215.000 euros a la recurrente. Aunque seguramente ninguna cantidad cosa la herida abierta por aquel aviso que nunca llegó hasta la paciente.