Ayuso nunca respondió a la petición de reforzar la investigación de otro caso de acoso sexual “grave” en Móstoles

La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de guardar en un cajón un caso muy grave de acoso sexual que también se ha producido en el Ayuntamiento de Móstoles. Sin embargo, por información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el expediente permanece enterrado en Sol. En efecto, la Administración de Isabel Díaz Ayuso alertó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de que uno de los funcionarios del Estado, que trabajan a nivel local pero tienen carácter nacional, acosaba a otra trabajadora y presentó las declaraciones de cinco testigos. Ese mensaje se trasladó el 26 de noviembre de 2024. El 19 de diciembre, 23 días después, el Ministerio respondió con un oficio en el que pedía que se ampliase la investigación y se escuchara al acusado para preservar el derecho de defensa. El caso quedó desde ese momento estancado, en punto muerto.

El requerimiento ministerial no se quedó por el camino, sino que llegó a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Ayuso y allí se abrió, según ha quedado registrado en GEISER, una aplicación que rastrea y certifica el envío de documentos entre administraciones. El oficio decía así: “Este departamento ministerial carece de suficientes elementos de juicio que justifiquen la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario denunciado, por lo que al objeto de que las diligencias practicadas por el Ayuntamiento de Móstoles en el trámite de información reservada sean completadas, se procede a la devolución de la denuncia a ese Centro directivo a los efectos oportunos”.

El Ministerio argumentaba que era necesaria “más información” para no saltarse el principio de contradicción, el derecho de las partes implicadas en un proceso a ser escuchadas. Se había tomado la declaración, de acuerdo a fuentes oficiales, “a la denunciante así como a cinco testigos nombrados por ella, compañeros de puesto de trabajo, si bien no se ha previsto la toma de declaración del denunciado”. El caso estaba construido sin el testimonio del presunto acosador porque el instructor consideraba que por el hecho de tomarle declaración “podría parecer una especie de expediente disciplinario anticipado, y una condena social anticipada para el denunciado”, se lee textualmente.

Este documento fue enviado a la Consejería de Ayuso a finales de 2024. Si se tiene en cuenta la respuesta oficial que el Ayuntamiento de Móstoles ha dado a EL PAÍS, el expediente continúa allí. “A mí no me consta que al ayuntamiento haya recibido ninguna comunicación por parte del ministerio”, asgura una portavoz desde Móstoles. Por tanto, la investigación no ha podido continuat. Este caso de acoso lo destapó este lunes el periódico La Razón y lo tituló así: “Una denuncia de acoso sexual en Móstoles, en el cajón de Óscar López”. López es el titular del ministerio al que llegó la denuncia y a la vez secretario general del PSOE en Madrid, por lo que con mucha seguridad será el candidato que se enfrente en las urnas contra Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de 2027. La polémica esconde una clara confrontación política.

La información de La Razón es cierta en esencia, el caso existió, pero ignora que el Ministerio sí dio una respuesta de vuelta. El titular del periódico dio pie a que desde el Ayuntamiento de Móstoles, del PP, acusasen a López de guardar silencio “desprotegiendo a la víctima y blindando al supuesto agresor”. El portavoz de la Comunidad de Madrid y una de las personas de más confianza de Ayuso, Miguel Ángel Martín, cargó contra la “doble vara de medir” del PSOE, porque por un lado supuestamente desatendía este caso y al mismo tiempo trataba de “enfangar” el buen nombre del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Martín se refiere al primer caso de acoso que sacó a la luz este periódico. Una concejala del PP denunció a Bautista por acoso sexual y laboral en los canales internos del partido, pero sus responsables máximos, Alfonso Serrano, secretario general, y Ana Millán, tercera en el escalafón, le recomendaron que no acudiese a la justicia. Todo eso pese a que en una reunión con la víctima se escucha decir a Millán que se trata de un caso de acoso “de manual”. La denuncia de la concejala llegó a Génova, la sede nacional del partido, donde quedó archivada.

Al desvelarse este escándalo, los socialistas criticaron con mucha dureza a los responsables del PP y acusaron al Gobierno de Ayuso de dilatar el proceso hasta acabar con él. Ahora, el entorno de la presidenta ha usado este asunto para señalar a la entidad que dirige Óscar López por haber actuado de la misma forma. No es exactamente así, según el intercambio de mensaje entre las administraciones. La investigación no siguió adelante, en realidad, porque la Comunidad de Madrid no realizó ninguna actuación más cuando se le pidió.

El caso comenzó a construirse oficialmente el 14 de octubre de 2024, cuando el Ayuntamiento de Móstoles recibió la denuncia contra el funcionario. En ella, la mujer relata episodios de ansiedad que le han llevado a necesitar tratamiento psicológico y medicación. El hombre que la acosaba trataba siempre de quedarse a solas con ella, no dejaba de mirarla e indagaba en su vida personal. El área de recursos humanos, en 24 horas, activó el protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la administración pública. El testimonio de la víctima se reforzó con el relato de cinco compañeros de trabajo.

Una vez finalizada la investigación, se elevaron las conclusiones a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, según la secuencia de los hechos que narra el entorno de Ayuso. Viendo que los hechos podrían suponer una “falta muy grave”, se envió al Ministerio. “No constando hasta este momento la tramitiación alguna de este expediente, ya que no se ha solicitado la identidad encriptada de testigos e intervenientes”, sostienen desde el Gobierno de Ayuso. Ese mensaje ignora la comunicación de 23 días después, que cuenta con acuse de recibo gracias al sistema GEISER. El caso necesita de un nuevo empujón para salir adelante.