Madrid incumple sus propios plazos al no renovar el comité médico que decide sobre los abortos más allá de la semana 22 de gestación

La Comunidad de Madrid mantiene caducado el comité clínico que decide sobre los abortos por causas médicas más allá de la semana 22 de gestación desde el pasado 30 de enero, fecha en la que venció el plazo de tres años de vigencia fijado en la orden de designación de sus miembros publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en 2023. Ese grupo de especialistas es el encargado de confirmar los diagnósticos en los supuestos más graves previstos por la ley: intervienen en casos de embarazos patológicos, cuando la interrupción tiene carácter terapéutico, ya sea por grave riesgo para la vida de la madre o por malformaciones fetales graves. Ante las preguntas de este periódico sobre cuándo van a renovar el comité, la Comunidad de Madrid ha guardado silencio.

En 2025, este comité rechazó el 34% de las solicitudes de interrupción del embarazo por malformaciones fetales graves, según los registros del Gobierno regional. Hasta octubre pasado, último dato disponible, este órgano denegó 13 solicitudes y aprobó 25.

La falta de renovación del comité clínico de la Comunidad de Madrid supone, según José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), un incumplimiento de la propia normativa que regula su funcionamiento. Bosch recuerda que la región acumula retrasos reiterados en la renovación de este órgano. El primer comité designado en 2011 tenía una vigencia de dos años y debía renovarse en 2013, pero no se sustituyó hasta 2015. El siguiente, nombrado en 2015, caducó en 2019 y no fue renovado hasta enero de 2023, casi cinco años después. El actual comité, designado el 30 de enero de 2023 con una vigencia de tres años, ha superado ya ese plazo sin que conste una nueva orden de nombramiento.

Bosch subraya que esta situación podría tener consecuencias jurídicas. Un real decreto de 2010 regula las funciones del comité clínico y, según este experto, una mujer afectada por una resolución emitida por un órgano con el mandato vencido podría exigir responsabilidades tanto a la Consejería de Sanidad como a los miembros que participaran en decisiones sin estar formalmente renovados.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid está decidido a hacer dejación de funciones en materia del cumplimiento del derecho a la interrupción del embarazo; el registro de objetores va a tener que cumplirlo, y va a ser la justicia quien le obligue a ello. Es ese registro, que van a tener que hacer, sobre el que tendrán que garantizar la no incompatibilidad de los miembros del comité clínico”, aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad.

La reforma legal de 2023 reforzó expresamente que los miembros de los comités clínicos no pueden ser objetores de conciencia. El Ministerio de Sanidad lleva años reclamando a las comunidades autónomas —que tienen transferidas las competencias— la creación de un registro interno de profesionales objetores, concebido como instrumento de gestión y no como listado público. El objetivo, sostienen fuentes ministeriales, es poder verificar incompatibilidades y garantizar que los órganos que deben autorizar estos procedimientos no estén integrados por profesionales que hayan declarado objeción.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a crear ese registro. Según Sanidad, la ausencia de este instrumento dificulta la verificación administrativa de incompatibilidades en la composición de los comités y en la organización de los servicios. “Si no saben si el hospital al que acuden cuenta con profesionales no objetores, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo deja de ser efectivo”, señalan fuentes del ministerio, que insisten en que se trata de una herramienta interna de planificación sanitaria y garantía de derechos. Este periódico ha intentado hablar varias veces con los actuales miembros del comité para conocer su posición personal sobre la objeción de conciencia, sin obtener respuesta. Además, la Consejería no ha detallado al ser preguntada qué mecanismo utiliza para verificar que los miembros del comité cumplen el requisito legal de no ser objetores de conciencia.

Esto dice un portavoz gubernamental: “No se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto” porque cree “en el aborto legal, seguro y poco frecuente”.

En Madrid, el PSOE sostiene que la situación abre dudas sobre la imparcialidad de las decisiones del comité. “Los miembros del comité clínico no pueden ser objetores de conciencia, ni en el momento en el que son miembros del comité, ni en años anteriores”, denuncia el grupo socialista, que reclama la renovación inmediata del órgano.

La diputada del PSOE Lorena Morales sostiene que el Gobierno regional ha incumplido su palabra y “ha mandado a las mujeres a abortar a otra parte”.

En una línea similar se expresa la portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, que acusa al Ejecutivo autonómico de intentar “obstruir por todos los medios” el derecho al aborto. Carmona recuerda que el comité clínico interviene en casos de embarazos patológicos, cuando la interrupción tiene carácter terapéutico, ya sea por grave riesgo para la vida de la madre o por malformaciones fetales graves. “En lugar de apoyo y acompañamiento, estas familias se encuentran con una Consejería de Sanidad dispuesta a añadir más sufrimiento, creando un laberinto burocrático”, afirma.

El conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por la negativa del Ejecutivo regional a crear el registro de objetores de conciencia está ya en los juzgados. El ministerio presentó en diciembre un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el incumplimiento de una obligación recogida en la ley orgánica reformada en 2023. La puesta en marcha del registro quedó desarrollada en un protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según el acta del órgano, con el voto favorable de todas las comunidades autónomas, incluida Madrid. Una realidad que no ha evitado que el gobierno de Díaz Ayuso se haya negado desde entonces a activar lo que apoyó con su voto.