Marcelo, 16 días en huelga de hambre para protestar por la comida de una residencia de mayores de Colmenar Viejo

Marcelo M., de 68 años, vive a base de agua, café y tabaco desde hace 16 días. La razón, explica, es muy clara: no le ha quedado otra que declararse en huelga de hambre para protestar por el estado de la comida de la residencia pública de mayores de Colmenar Viejo, un centro dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid. “La comida es incomestible. No es que esté mala un día: es así todos los días”, resume, con la voz cansada pero firme.

Marcelo llegó a esta residencia hace alrededor de un año y medio, tras pasar por otros centros públicos de Madrid. Eligió Colmenar Viejo por un motivo concreto: las habitaciones son individuales. “En las otras tenía que compartir. Aquí, al menos, tengo mi espacio”, explica. Está jubilado por una discapacidad reconocida del 36%, consecuencia de varias operaciones de columna, tanto cervicales como lumbares. “Llegó un momento en que la vida fuera era imposible de sostener. O la residencia o la calle”, cuenta.

La decisión de dejar de comer no fue improvisada. “La tomé antes de Navidad”, relata. Durante las semanas previas se preparó físicamente, comiendo mejor y, siempre que podía, fuera del centro. En su habitación tiene una pequeña nevera donde guardaba comida propia. “Sabía que esto no se hace de un día para otro”, explica. Tras las fiestas, cuando el centro retomó el menú habitual, comenzó la huelga.

Este madrileño describe una comida de “muy baja calidad”, tanto por los productos como por su elaboración. Junto a otro residente formó parte de la comisión de menús, un órgano existente en la residencia que, asegura, “es puramente decorativo”. “No es vinculante y no se nos ha hecho caso en ninguna propuesta”, afirma. Los alimentos llegan con la trazabilidad correcta, explica, pero la calidad es mínima: carnes y pescados congelados, “siempre de lo más barato”, fruta verde o pasada y legumbres duras. La empresa que se hace cargo de la comida en esta residencia es Frutícolas Ateca S.L, una de las que multó la Comisión Nacional de Mercados de Comercio (CNMC) en 2024 por hacer cártel para repartirse las comidas de diversos hospitales.

A esa materia prima se suma, dice, una elaboración deficiente. “No ponen ningún interés. Si cocinaran para sus padres como cocinan aquí, no lo permitirían”, lamenta. Pone ejemplos concretos: tortillas hechas con huevina industrial, patata cocida en lugar de frita y recalentada hasta quedar “secas y duras”; ensaladas sin limpiar adecuadamente; cebollas servidas con las capas exteriores. “Son detalles que dicen mucho”, apunta.

Asegura que no le consta que ningún residente haya sufrido una intoxicación grave ni que se hayan encontrado objetos extraños en los platos. “Pero es habitual escuchar que la comida sienta mal o provoca diarrea”, explica. “El problema no es un bicho en el plato. El problema es que la comida no es digna”.

El servicio de alimentación del centro está privatizado. Según la resolución de adjudicación, la base imponible del menú completo —desayuno, comida, merienda y cena— es de 6,98 euros al día por residente. “Con ese dinero —se pregunta Marcelo—, ¿qué comida pueden dar?”, insiste. La empresa adjudicataria, señala, debe obtener beneficios de esa cantidad. “Piensan en su beneficio, no en la salud ni en el bienestar del residente”.

En la residencia viven actualmente unas 400 personas, entre residentes válidos y asistidos. Además, el centro acoge a 75 refugiados ucranianos que llegaron de forma provisional y llevan cuatro años en la residencia.

Marcelo es el único residente que mantiene la huelga de hambre, aunque asegura contar con el apoyo de muchos compañeros. “No todo el mundo puede hacerlo. Hay personas muy mayores o con patologías graves”, explica. “Algunos me dicen: si tuviera tu edad, lo haría”.

Durante estos días, el seguimiento médico es constante. Le toman las constantes a diario y lo pesan una vez por semana. Ha perdido alrededor de tres kilos por semana. “Estoy cansado, claro. Hay días peores que otros”, reconoce. Pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, tumbado, leyendo o atendiendo llamadas. “Desde que han llegado los medios, esto es un tsunami”, dice.

Hasta ahora, asegura, no había recibido una respuesta clara de la Comunidad de Madrid, pese a haber presentado quejas por escrito en etapas anteriores. La situación cambió este jueves, cuando la directora del centro lo recibió durante unos 45 minutos. “Hay un preacuerdo”, explica. Según le trasladaron, una comisión de nutricionistas, médicos y responsables del servicio visitará la residencia para evaluar la situación.

El residente tiene claro su límite. “No quiero promesas. Quiero un compromiso por escrito de que esto va a cambiar”, afirma. En ese momento, asegura, abandonará la huelga. “Y si luego todo vuelve a empeorar, tendré ese papel para volver a denunciarlo”.

Habla despacio, con la voz agotada, pero sin titubeos. “No sé cuánto tiempo más podré aguantar”, admite. “Pero si no hacemos nada, aquí no cambia nada”.

Desde la oposición, Más Madrid y el PSOE han cargado contra el modelo de residencias de la Comunidad. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, considera que el caso de Marcelo evidencia un problema estructural. “La pregunta que se tiene que hacer todo el mundo es cómo es posible que en 2026, en la región más rica de España, con un presupuesto anual de más de 30.000 millones de euros, a un señor de 68 años no le quede más remedio que hacer una huelga de hambre para que le traten con dignidad”, afirma. Bergerot denuncia que “las noticias sobre la comida bazofia en las residencias de mayores se suceden mes tras mes sin que nada cambie” y sostiene que esta situación demuestra que “las personas mayores le dan exactamente igual a la señora Ayuso”.

La portavoz vincula el caso al modelo de residencias vigente desde la pandemia. “Mantenemos el mismo modelo que favoreció la muerte de 7.291 mayores por la covid. Es imprescindible un cambio radical para garantizar comida digna y un trato digno en todos los aspectos asistenciales”, señala. Y añade: “Lo primero es que las empresas responsables de servir comida podrida queden desterradas de la contratación pública”. Bergerot expresa además su apoyo al residente: “Este hombre tiene toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo”.

En la misma línea se pronuncia Lorena Morales, concejal del PSOE en la Asamblea, que recuerda precedentes en el propio centro. “Cuatro años después de que los usuarios de la residencia de Colmenar se pusieran en huelga de hambre, seguimos igual. Entonces, otro residente llamado Mariano le suplicó a la consejera solo un plato de lentejas digno. Pero siguen comiendo miseria y han vuelto a la huelga, desesperados”, afirma. Morales acusa al Gobierno regional de “haber subastado la vida de las personas mayores al peor postor” y señala a la empresa adjudicataria como “la reina del moho, según los propios informes de la Comunidad”. “Para Ayuso, los mayores no valen nada. Ya lo demostró con los protocolos de la muerte”, concluye. La Concejalía de Asuntos Sociales no ha querido responder a este periódico.