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La justicia tumba el plan de Ayuso y Almeida para regatear la restitución completa de las zonas verdes del Palacio de los Deportes

Un abogado particular que litiga casi desde el incendio de 2001 logra la nulidad de la modificación del plan urbanístico por insuficiente, aunque la propuesta ya ha sido ejecutada por 347.316,02 euros

Palacio de los deportes

Se llama Pedro Gili, y lleva casi 20 años empeñado en una lucha desigual: como abogado, se ha enfrentado con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que restituyan las zonas verdes que rodeaban al Palacio de los Deportes regional, en el centro de la capital, con la misma extensión y continuidad de la que gozaban los vecinos antes de que la instalación ardiera en 2001. Gili trabajó primero por encargo de una comunidad de residentes. Cuando sus clientes se cansaron del largo litigio, siguió solo. Este lunes, el boletín autonómico recogía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia regional (TSJM) que le daba la razón: la propuesta del Ayuntamiento validada por la Comunidad no cumple con el concepto de zona verde de barrio y carece de la continuidad de espacios verdes necesaria para ser equiparable a la existente antes de la reconstrucción del Palacio. El problema es que la Comunidad de Madrid, dueña del edificio, ya ha acometido el proyecto. Que eso le costó 347.316,02 euros en 2023. Y que la sentencia no quiere decir que el caso esté solucionado a favor de los vecinos. Todo lo contrario.

“Harán otra modificación del plan, y así pueden estar mareando la perdiz hasta que la justicia les de la razón”, se barrunta una fuente con conocimiento de la aplicación de la normativa urbanística en la capital, que recuerda, además, que la justicia ya se había pronunciado previamente a favor del recurrente, y sobre versiones anteriores de la oferta del Ayuntamiento validada por la Comunidad. “Tendrían que reconfigurar el Palacio”, añade sobre los alrededor de 3.854 metros cuadrados de zonas verdes perdidas con la nueva configuración del edificio. “Pero si ya llevamos tres cambios del plan (sin tocar el Palacio), todo apunta a que presentarán otro, y otro, hasta que algún juez diga que sí”, sigue. Y señala un aspecto decisivo: “Recientemente cambió el planeamiento y lo que dice sobre las zonas verdes, y probablemente eso les dé la solución”.

No es una referencia inocente. Cualquier nueva propuesta del equipo de Martínez-Almeida llegará bajo ese nuevo paraguas. Y ahí puede acabar teniendo cabida su modificación, que en la última ocasión suponía ampliar el espacio de zonas verdes y de uso deportivo singular, según su versión.

¿Cuál es el problema hasta que llegue ese momento? Que “la propuesta no se corresponde con lo exigido por la norma”, según se lee en la sentencia que declara nulo el acuerdo de 2024 del Consejo de Gobierno de la Comunidad por el que se aprobó la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para el ámbito del Palacio de Deportes. Y se añade que “no es posible atender a la alegación del Ayuntamiento de que todas las zonas constituyen una continuidad de zona verde rodeando el Palacio de Deporte (...) pues lo que se aprecia de la propuesta es la diferenciación de zonas, sin vinculación alguna y sin que el esparcimiento o recreo del ciudadano pueda ser continuo y apreciable”,

El TSJM también considera que “resulta imposible” que en varias zonas afectadas “se recupere espacio para los peatones”. Añade el tribunal que “resulta contradictorio calificar como zona verde (...) la zona de acceso al edificio (el Palacio) que debe cumplir las condiciones de seguridad y de evacuación (...) por lo que difícilmente puede destinarse al acondicionamiento vegetal destinado a la defensa ambiental, al reposo de los peatones y al acompañamiento del viario”.

Y por todo ello “las zonas propuestas carecen de las condiciones necesarias para ser consideradas como zona verde de barrio (...) lo que nos lleva a la estimación del recurso”.

El abogado Gili, especializado en urbanismo, no quiere ningún tipo de protagonismo. Su trabajo se ha nutrido de un profundo conocimiento de la normativa. Y su criterio se ha visto respaldado por informes periciales en el tribunal, y fuera de él. Por ejemplo, el informe sobre el impacto ambiental de una de las obras con las que se intentó restituir las zonas verdes perdidas explicita que su ausencia para acoger la nueva forma del Palacio conlleva dejar sin solucionar “las necesidades más básicas de estancia y esparcimiento al aire libre de la población del barrio”, “incrementando el efecto isla de calor”, o “empeorando la calidad del aire en factores como la humedad relativa, la fijación de CO₂ y de partículas”.

La victoria de este especialista, en todo caso, no es la primera derrota reciente del Ayuntamiento por una modificación puntual del planeamiento urbanístico.

“Estamos atónitos y escandalizados ante este nuevo varapalo al área de urbanismo del ayuntamiento, uno más”, dice Antonio Giraldo, concejal del PSOE, en referencia a los múltiples fiascos judiciales del equipo de José Luis Martínez-Almeida (PP) con las cocheras de Cuatro Caminos; los aparcamientos del Bernabéu; el plan de Bulevares Ibiza y Sáinz de Baranda; el de la Avenida del Mediterráneo 3 o el de la Ciudad del Atlético de Madrid.

“Ya lo advertimos”, subraya Giraldo sobre el caso del Palacio de los Deportes. ”El resultado es una nueva anulación judicial. Nos preguntamos cuál es la seguridad jurídica en esta ciudad", lamenta. Y remata: “Todo es un desastre. Con este panorama, el delegado (Borja Carabante) debería asumir responsabilidades políticas. No puede ser que todo se anule por defectos de forma y de fondo y que haga como que no pasa nada”.

Esto contraponen en el Ayuntamiento de Madrid. “Ahora se va a estudiar el encaje de la sentencia y buscar alternativas, los pasos a seguir desde el punto de vista urbanístico”, dice un portavoz municipal.

Así complementa la Comunidad de Madrid la respuesta municipal. “La Comunidad de Madrid verifica el cumplimiento de la legislación autonómica, que la modificación del plan general cumple, otra cosa distinta es el cumplimiento de los requisitos que el Ayuntamiento se autoimpone a través de ordenanzas”, dice un portavoz. Y añade: “No se cumple, no con la legislación autonómica, sino con el plan general y la ordenanza municipal de protección del medio ambiente urbano, en cuanto al concepto de zona verde de barrio”.

Todo empezó con un soplete: corría 2001, y un operario trabajaba en el techo del viejo Palacio cuando la llama prendió. El incendio devoró el edificio, y lo dejó en ruinas, tras provocar una espectacular humareda divisable desde casi cualquier punto de la ciudad. El nuevo Palacio, que costó más de 100 millones, fue más moderno, más ambicioso, más grande. En el proceso se comió zonas verdes. Y ese cambio sigue pendiente de compensarse más de 20 años después, gracias a la persistencia de un abogado.

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