Por qué el triunfo de Maricarmen es la victoria de la presión social

Maricarmen se queda. Al menos, por ahora. La vecina de 87 años del barrio de Retiro iba a enfrentarse este miércoles a un primer intento de desahucio tras 70 años viviendo en su casa. El juzgado encargado del caso ha comunicado este martes, sin embargo, la suspensión del proceso ante la falta de una alternativa habitacional por parte de las administraciones, una decisión en la que ha tenido mucho que ver la presión social. Aunque no es definitivo, ha sido una primera victoria para Maricarmen y una decisión celebrada por el Sindicato de Inquilinas, que la está representando desde hace cuatro años. “Esta victoria no viene de los despachos. Viene de las calles, de las vecinas, y sí, de la acción colectiva. Cuando nos organizamos, le paramos los pies al rentismo”, celebraban desde el sindicato.

La presión social comenzó a gestarse la semana pasada, cuando Maricarmen se convirtió en el nuevo rostro de los desahucios madrileños, como en su día lo fue Pepi, de Argumosa 11. En el caso de esta última, corría el año 2018, tenía 65 años y llevaba 20 viviendo en el barrio de Lavapiés. Tras vivir casi una decena de intentos de desahucio, Pepi se convirtió en un símbolo, recuerdan desde el Sindicato de Inquilinas, que subraya que aquel episodio sirvió incluso para impulsar la actual Ley de Vivienda.

El pasado martes por la tarde, después de aparecer en casi todos los medios de comunicación, telediarios incluidos, Maricarmen ha asistido a un encuentro vecinal en el local de Greenpeace del barrio de Ibiza. Allí, todos los vecinos le han mostrado su apoyo mientras han seguido empapelando las calles del barrio madrileño de Ibiza con unos carteles naranjas y blancos que ya son famosos y en los que se lee: “Maricarmen se queda. 70 años en el barrio”.

La presión mediática y de los vecinos tuvo continuidad este lunes, cuando decenas de personas se reunieron para realizar un pasacalles por el barrio, desde la Puerta del Retiro hasta la biblioteca Eugenio Trías, encabezado por una gran pancarta que rezaba: “Una vida en el barrio, nos quedamos contigo”. Por supuesto, Maricarmen estuvo presente, aunque apoyándose en el brazo de Blanca, portavoz del Sindicato de Inquilinas, para caminar aplaudida por los vecinos. “El pasacalles vecinal sirve para visibilizar la canallada indecente que quieren hacer con Maricarmen, una vecina de 87 años a la que pretenden desahuciar este miércoles”, publicó la Asociación Vecinal Retiro Norte.

El caso también ha tenido repercusión política. Se ha comentado en el Congreso de los Diputados, y hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tenido que pronunciarse sobre ella. Lo hizo el pasado lunes afirmando que “no le consta” que Maricarmen haya acudido a los servicios sociales para pedir ayuda ante la orden de expulsión. Acto seguido, le recomendó notificar el problema a este órgano municipal, pese a que ya lo había hecho, incluso antes de recibir la orden de su actual casero: Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Tesh Sidi, ha hablado de ella también este martes: “El drama de Maricarmen es el drama que están atravesando muchos españoles hoy en día. No vale con que Almeida la mande a Recursos Humanos. Exigimos al Gobierno de España una solución al mercado de vivienda pública y poner coto a los fondos buitre”, ha declarado.

Maricarmen contó a este periódico la semana pasada que ella había estado en el Servicio Social de Retiro. “Me entrevisté con una persona y le dije que no tengo dinero; si me obligan a mudarme, no tengo cómo costearlo ni hijos que me ayuden. Pregunté si tenía algún tipo de ayuda: no tienen ninguna, más allá de ponerme en una larga lista de espera [para entrar en una residencia o en una vivienda pública del Ayuntamiento]. Entonces dije: si yo, por mala suerte, me tengo que ir, ¿dónde me voy?”.

Este miércoles a las 8.30 estaba prevista una convocatoria para frenar el desahucio de Maricarmen frente a su vivienda. Ahora, la cita se mantiene, pero para ofrecer una rueda de prensa. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid aseguran que la única solución es que Maricarmen se quede en su casa. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo y la especulación. Por eso, consideramos que los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas en manos de fondos especulativos son esenciales”. Aclaran los activistas que “la presión funciona”, pero solo para ganar tiempo: “No se ha cancelado su desahucio. Simplemente se ha aplazado. El juzgado sigue pensando que a Maricarmen se le debería desahuciar”, reza el comunicado.

La única herencia que recibió Maricarmen de sus padres ha sido la casa en la que ha vivido desde los 17 años como inquilina. En ella ha creado todos sus recuerdos. “Todo lo que tengo está aquí”, asegura mientras recorre los pasillos de su casa.

Tal vez su objeto más preciado sea precisamente el contrato de renta antigua, escrito a mano y fechado en 1956, época en la que los contratos de alquiler eran indefinidos y vitalicios. Este le permite pagar actualmente 470 euros por un piso de 90 metros cuadrados.

Su vida mantenía una rutina muy tranquila: paseos por el barrio, citas médicas y el cuidado del hogar. Divorciada y sin hijos, cuenta que solo tiene un primo al que ve de vez en cuando. Esta pensionista trabajó como auxiliar administrativa durante 49 años. Sin embargo, su vida cambió en 2020, cuando recibió una carta de la administración de la finca informándole de la venta de la totalidad del edificio, ubicado en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, 46, a la empresa Renta Corporación Real Estate, uno de los grandes conglomerados inmobiliarios de España.

La empresa contactó a la inquilina para ofrecerle la compra del piso por 250.000 euros. “No tenía ese capital y nadie me iba a dar un préstamo”, recuerda Maricarmen, quien rememora cómo ella y el barrio han crecido juntos. Al rechazar la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., una empresa que presume en su web de ser una “cartera de inmuebles configurada por locales comerciales, inmuebles de bancos, supermercados, oficinas y edificios residenciales en rentabilidad”.

Sus nuevos caseros le ofrecieron dos opciones: pasar de pagar 470 euros a 2.630, o abandonar el inmueble. “Intentamos negociar, pero la empresa dijo que como mínimo debía pagar 1.650 euros. Yo solo tengo una pensión de 1.450. Fue humillante”, relata. No volvió a saber más de ellos hasta que la llevaron a los tribunales. En un primer momento, un juzgado falló a favor de la mujer al considerar que, en 2005, los entonces propietarios del inmueble la habían aceptado “tácitamente” como inquilina, lo mismo que los nuevos dueños al adquirir la vivienda.

Los contratos conocidos como de renta antigua fueron regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Esta norma establecía que los contratos firmados entre 1950 y 1985 eran de carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge o los descendientes que habitaran la vivienda. El Decreto Boyer de 1985 eliminó esta protección para los contratos posteriores, aunque se mantuvo el régimen indefinido para los anteriores.

El caso de Maricarmen es particular por enfrentarse a las leyes de una época que no reconocían plenamente a las mujeres como titulares de derechos. Si el contrato se hubiera firmado en la actualidad, los dos padres de Maricarmen serían cotitulares y ella habría podido subrogarse como hija. Pero, al figurar su madre como firmante de un segundo contrato firmado tras el fallecimiento del padre, su derecho de subrogación no es válido. “Si mi madre también lo hubiera firmado, esto no sería un problema. En realidad, es culpa del machismo de Franco que yo esté ahora en riesgo de perder mi casa”, comenta.

Según las leyes actuales, la vigencia del contrato de Maricarmen se limita a dos años, salvo que el heredero tenga una discapacidad igual o superior al 65%. Ella tiene reconocida una discapacidad del 50% debido a un desvío en la columna y dos prótesis en la cadera, lo que le impide moverse con normalidad, aunque no alcanza el umbral legal que le permitiría quedarse.

La justicia le dio la razón en primera instancia, pero los propietarios apelaron hasta obtener una sentencia favorable del Tribunal Supremo basada en la segunda subrogación del contrato. Maricarmen ahora debe esperar una decisión definitiva de los tribunales. “Hoy celebramos, mañana seguiremos organizándonos. El juzgado insta a las administraciones a buscar una alternativa para Maricarmen. Si hay alternativa, hay desahucio. Para nosotras, la única alternativa es que Maricarmen se quede en su casa de toda la vida.”, aseguran desde el sindicato. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta septiembre de 2024, seis personas son desahuciadas cada día en Madrid, y unas 60 en toda España. En este caso, la presión social ha conseguido una primera victoria. Buscarán ahora el triunfo final.