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La contradicción de Ayuso: Madrid tiene registro de objetores a la eutanasia, pero crear el del aborto supone hacer “una lista negra”

El Ejecutivo madrileño encuentra en la interrupción voluntaria del embarazo un nuevo frente para confrontar a su líder con Sánchez

Juan José Mateo

Crear una lista de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, como obliga la ley y reclama el Gobierno central, supone crear “una lista negra”, “estigmatizar” a los profesionales, y “señalarlos”. Esas opiniones, vertidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o los distintos portavoces de su Ejecutivo, y coronadas este jueves con el “¡váyanse a otro lado a abortar!" de la baronesa, chocan con otra decisión de la propia Administración regional. Porque Madrid sí ha cumplido con el mandato de crear un registro de objetores a la prestación de la eutanasia, como se puede comprobar en una web oficial desde 2021. Una contradicción que el Gobierno madrileño, preguntado por este diario, no había explicado en el momento de publicación de este artículo, y en la que la oposición ve la señal de que se usa la polémica para provocar artificialmente un choque con el Ejecutivo central.

“Ayuso es una hipócrita porque sí tiene registro de objetores para la eutanasia”, se queja la diputada Lorena Morales, del PSOE. “Lo único que quiere con el registro de objetores del aborto es echar un pulso al Gobierno”, añade en referencia al Ejecutivo central de Pedro Sánchez. “Y si para ello tiene que recortar los derechos de las mujeres, nada la importa”, opina. “Para ella somos ciudadanas de segunda”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió el lunes una carta a los presidentes de Aragón, Principado de Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid en la que les daba tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Las cuatro comunidades autónomas incumplen la norma al seguir aun sin crear dicho registro, según un informe del Ministerio de Sanidad adelantado el pasado jueves por EL PAÍS.

Tras recibir esas misivas, los tres primeros gobiernos se comprometieron inmediatamente a elaborar los registros. Madrid, no. Por boca de su presidenta, incluso se bromeó con la respuesta a Sánchez. Además, se rectificó, de nuevo a través de la propia presidenta, el compromiso público de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, con la creación de la base de datos. Y así, de nuevo, los intereses de los dos líderes se alinearon para un nuevo choque.

Porque el conflicto alrededor del aborto ofrece a Sánchez la oportunidad de explotar un error del PP de José Luis Martínez-Almeida, que la semana pasada tuvo que rectificar su apoyo a una iniciativa de Vox para informar a las embarazadas de un síndrome posaborto sin aval científico. Al tiempo, la polémica permite a Ayuso precisamente tapar los rescoldos de aquella polémica con un fuego todavía mayor.

“El registro de objetores de conciencia es una simple herramienta para garantizar que en todos los hospitales hay profesionales disponibles para practicar abortos cuando sea necesario”, recuerda Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid. “El rechazo de Ayuso a crearlo, teniendo uno similar sobre la eutanasia, es una demostración más de que a Ayuso le ciegan las ganas de hacer política barata con los derechos de las mujeres y de confrontar con Mónica García [ministra de Sanidad y colíder de este partido] desde la Puerta del Sol”, sigue. Y advierte: “Si Ayuso persiste en desobedecer la ley, va a haber consecuencias legales, sociales y electorales. Las feministas ya desalojamos a [Albert Ruiz] Gallardón del Ministerio de Justicia [por su proyecto de ley del aborto] y vamos a desalojar de la Puerta del Sol a una derecha trumpista que, temerosa de la competencia de Vox, está cada día más desconectada del sentido común”.

En la misma línea se ha expresado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también de Más Madrid. “La Comunidad de Madrid tiene un registro de objetores para la eutanasia. Sin embargo, Ayuso dice que el registro de objetores para el aborto es “hacer una lista negra” de médicos. Ergo, Ayuso acusa a Ayuso de hacer una lista negra de médicos que objetan a la eutanasia. Genia”, ha ironizado.

¿Qué explica que la Comunidad no cree el registro de objetores al aborto y sí tenga el de objetores a la eutanasia? ¿Es esta una lista negra que estigmatiza a los profesionales, como argumenta la presidenta sobre la primera? El Gobierno regional no ofreció respuesta a esa aparente contradicción en el momento de publicación de este artículo.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Comunidades y está especializado en información política. Trabaja en EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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