PSOE y Más Madrid piden cinco años de cárcel para el novio de Ayuso en el caso del presunto fraude fiscal

PSOE y Más Madrid han solicitado cinco años de prisión para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el caso de fraude fiscal. Los dos partidos personados como acusación popular han presentado este jueves su escrito conjunto de acusación previo a la celebración del juicio por este procedimiento, el más avanzado de los dos que tiene abiertos Amador. En las últimas dos semanas se han conocido las conclusiones de Fiscalía y Abogacía del Estado que han coincidido en sus peticiones, presentadas cada una por separado: cárcel de tres años, nueve meses y un día.

La petición de condena de los dos partidos de izquierda opositores a Ayuso es incompleta porque no han podido pronunciarse sobre los dos delitos de fraude fiscal por los que se acusa al empresario, aunque sí lo han hecho sobre otros tipos penales. Esta omisión se debe a que el año pasado la Audiencia Provincial aceptó parcialmente un recurso de la pareja de Ayuso para excluir a PSOE y Más Madrid. Les dejó seguir personados con la limitación de que solo podrían pronunciarse sobre el otro delito por el que se imputó al empresario, el de falsificación de documento mercantil, debido a una interpretación de la doctrina Botín según la cual las arcas públicas está suficientemente defendidas por la Abogacía del Estado.

Con todo, los dos partidos creen que Amador debería ser condenado por otros dos delitos no contemplados durante la instrucción. Así, además de tres años por falsificación y un año, reclaman año y medio por pertenencia a grupo criminal y seis meses por delito contable.

La acusación popular sostiene que Amador y los cuatro empresarios que elaboraron las facturas consideradas falsas supone la actuación de un grupo criminal. Según jurisprudencia que citan, a diferencia de la organización criminal, que requiere continuidad temporal, “el grupo criminal requiere, por ello, solamente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos”.

En cuanto al delito contable, los partidos reconocen que la jurisprudencia ha subsumido ese tipo penal en el de fraude fiscal. Y añaden que debido a la limitación impuesta por la Audiencia para calificar por ese delito, formulan acusación por este otro.

El escrito también hace solicitudes de prueba para el juicio. Destaca la petición de que comparezcan dos directivos del grupo Quirón, la empresa sanitaria que era el principal cliente de las consultoras de calidad de Amador. Se trata del presidente y director general de Quirónprevención, Fernando Camino Maculet, y del director de grandes cuentas, Emilio Conde Herce.

Las peticiones de pena para los presuntos colaboradores de Amador son menores: tres años y cuatro meses. Se trata de Maximiliano Eduardo Niederer González, David Herrera Lobato y los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo Saborido.

El caso de fraude fiscal está a punto de ser enviado a juicio tras 16 meses en el juzgado 19 de instrucción de la capital. La jueza Inmaculada Iglesias ha desestimado los recursos de Amador contra su procesamiento y ahora solo cabe esperar la respuesta de la Audiencia Provincial, la última baza del empresario para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

Por otro lado, la pieza separada por el posible soborno al ejecutivo de Quirón Fernando Camino está aún siendo instruida. La jueza solicitó a finales de junio la intervención de la unidad especializada en delitos complejos de la Guardia Civil, la UCO.

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