34 notazas y 7 plenos de aciertos: ¿Oposiciones con trampa en A Coruña?

Los resultados de las oposiciones para convertirse en administrativo de la Seguridad Social, a las que el pasado 13 de septiembre se presentaron 23.000 personas en toda España, han sido asombrosos. Tanto que han acabado en la Fiscalía. Las 34 mejores notas de la parte teórica las lograron opositores que se examinaron en la misma sede, la de A Coruña. Varios están unidos por lazos familiares y de amistad y hubo siete que acertaron sin fallo las 70 preguntas, según las denuncias de otros participantes. Dos aspirantes que comparten ambos apellidos sacaron justo la misma nota, con decimales incluido, y otros dos unidos también por un supuesto vínculo fraternal exhiben un talento aparentemente portentoso: el primero ha coronado un pleno de aciertos en el test teórico y el segundo se ha hecho en un año con dos plazas más en oposiciones de Adif y de la Administración General del Estado. De las 50 mejores notas totales, la mitad las lograron examinados en A Coruña, una “anomalía estadística extremadamente significativa” recogida en denuncias ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El ministerio sospecha que en esta prueba en la que 1.249 personas obtuvieron plaza pudo haber fraude, y ha llevado el caso a la Fiscalía. Después de recibir varias quejas y recursos, abrió una investigación administrativa que incluyó entrevistas y la revisión de los procedimientos y de diversa documentación, explica el departamento que dirige Elma Saiz. “Como resultado de ese exhaustivo análisis, se constataron hechos que podían ser constitutivos de varios delitos”, admiten esas mismas fuentes. Al ministerio público han llegado también las indagaciones que por su cuenta han realizado varios de los que se presentaron a esa oposición y que se han quedado sin plaza.

“El examen fue muy difícil. Cuando vimos las notas en A Coruña con tantos plenos, nos dimos cuenta de que era imposible y saltaron las alarmas”, señala A. M. desde Andalucía, que ha acudido al Defensor del Pueblo. Él es uno de los algo más de 130 opositores al grupo C1 de la Seguridad Social que ha aprobado la prueba, pero se ha quedado sin plaza, y critica que no se haya paralizado el procedimiento hasta que la Fiscalía emita un informe. En idéntica situación está María, una madrileña de 40 años que prefiere dar un nombre supuesto. Ella está preparando procesos selectivos para categorías más altas. “Había preguntas de nivel superior y esta gente las acertó sin conocimientos de derecho y habiéndose presentado por primera vez”, apunta. Lo dice porque, cuando salieron las listas de resultados, se puso a investigar.

María cruzó documentos de Excel y buceó en las redes sociales. Descubrió lazos familiares y de amistad entre los opositores que se examinaron en la única sede gallega y obtuvieron notas asombrosas. Sostiene que entre ellos hay personas sin mucha formación que han sacado calificaciones extraordinarias. “Es una trama. Estoy convencida de que esto ya ha pasado más veces, pero en esta ocasión, por codicia, ha sido más cantoso”, afirma. Ella también cree que el ministerio debería paralizar el proceso. Esgrime que “es injusto también para los que tienen plaza” porque tendrán menos opciones para elegir destino: “Lo que se permite se repite”.

Supuestos chivatazos desde el exterior

La Fiscalía Provincial de A Coruña confirma que ha abierto diligencias y que está realizando indagaciones con la policía judicial. Las sospechas se centran en la posibilidad de que haya habido en A Coruña opositores que usaron dispositivos electrónicos para que desde el exterior les soplaran las respuestas durante el desarrollo de la prueba. Algunos afectados han comunicado al ministerio público hasta el nombre de una persona de Vigo que ofreció ayuda a un par de aspirantes para hacer trampas y lograr una plaza, informan fuentes conocedoras de la denuncia. Por su parte, el Ministerio de Inclusión considera “acreditado” que los funcionarios y empresas implicadas en el proceso selectivo “actuaron correctamente en todas las fases” y descarta “cualquier negligencia en la elaboración, custodia y distribución de los exámenes, así como en su corrección”.

El examen se realizó en una decena de ciudades de toda España, duró dos horas y constó de una parte teórica de 70 preguntas y de un supuesto práctico de 15. Fueron opositores y “terceras personas” los que, tras la publicación de los resultados en A Coruña, denunciaron el “posible uso de nuevas tecnologías con fines fraudulentos”, señala el ministerio. La investigación de la Fiscalía, sin embargo, no paralizará el proceso. Tras consultar a la Abogacía del Estado y a sus asesores, el departamento de Elma Saiz alega que no ha encontrado cobertura jurídica para dar ese paso y, sin perjuicio de las medidas judiciales que se acaben tomando, ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado definitivo de adjudicación de plazas. “Esta decisión tiene en cuenta los derechos de todas las partes implicadas —opositores, Administración y el conjunto de la sociedad— así como el interés general”, defiende el ministerio. Con el ánimo de evitar que se repitan las posibles trampas, ha diseñado un protocolo de seguridad “para prevenir y detectar el uso de dispositivos tecnológicos en los próximos procesos selectivos”.

Los opositores consultados dicen sentir impotencia e indefensión. Uno de los que se examinaron en A Coruña y ha obtenido plaza asegura que lo de que hay personas que ofrecen chivatazos “por pinganillo” a cambio de dinero circula desde hace tiempo entre los opositores, y recuerda que adjudicar las plazas con sospechas de fraude también le perjudica a él: “Yo tengo plaza, pero los destinos en Galicia me los van a pillar todos ellos [los que obtuvieron los resultados investigados]. Es escandaloso”. “¿Con qué garantías, motivación e ilusión sigo yo estudiando?”, se pregunta María, que compagina la preparación de las oposiciones con un trabajo.

Mercedes García, de Sevilla, también se ha quedado en el “limbo” de quienes aprobaron el examen pero no tienen plaza y considera que seguir adelante con la adjudicación de los puestos en la Seguridad Social es “una tomadura de pelo brutal”: “Si necesitan personal, podían haber parado [el proceso] y tirar de la bolsa [de empleo] del año anterior. ¿No sería eso mejor que sacar un BOE con un posible fraude? ¿Quiere la Administración que sea funcionaria gente que presuntamente ha pagado para sacar esas notazas y que han sido además tan tontos como para ponerse esas notazas?“.

La indignación de los afectados emergió en el grupo de Telegram de opositores a la Seguridad Social el pasado noviembre, cuando salieron publicadas las notas segregadas por sede del examen. La tensión en el chat llegó a tal punto que se ha cerrado. “Normal, hay gente que ha estado estudiando mucho y se ha quedado fuera. Es una vergüenza”, lamenta A. M.