El lento proceso para ocupar el pazo de Meirás enfada a colectivos memorialistas

En diciembre se cumplirán cinco años del histórico fallo de un juzgado de A Coruña que reconoció que los Franco usurparon el pazo de Meirás durante la transición a la democracia. De las celebraciones de entonces, tras una lucha de muchos años impulsada por los colectivos gallegos de memoria histórica, se ha pasado hoy a unas torres cerradas al público y donde solo se pueden visitar los jardines. El Gobierno ha dado este martes un paso para reabrir y resignificar como Lugar de Memoria Democrática la que fue residencia de verano de Francisco Franco y “al mismo tiempo expresión de la rapiña” del dictador y su familia. Pero lo ha hecho con las asociaciones memorialistas enfadadas por la falta de avances importantes. Reclaman “compromisos reales y garantías”, no “propaganda”.

La incoación de la declaración del pazo como Lugar de Memoria Democrática ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Ejecutivo ha organizado un acto en los jardines de Meirás para “celebrar el inicio del expediente”. Aunque fueron invitados los demás partidos, según fuentes de la Delegación del Gobierno, solo acudieron políticos socialistas además de representantes de entidades sociales y académicas. A las puertas de la finca, una concentración convocada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña ha reclamado “menos fotos y más memoria”. Demandan “un plan de usos públicos claros”, que la titularidad y gestión de la finca se transfiera a Galicia, y que se les dé voz en el proceso.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha atribuido los retrasos a la “situación de impasse” que provoca la falta de una sentencia firme. El Tribunal Supremo aún no ha resuelto los recursos presentados contra el fallo de la Audiencia de A Coruña que en 2021 confirmó que los Franco debían devolver el pazo de Meirás. Asegura que hasta que no se ratifique la titularidad estatal de la propiedad no se podrá actuar en ella ni convertirla en Lugar de Memoria. Solo cuando llegue esa resolución se podrá “entrar a saco arreglando todo lo que haya que arreglar”. Tampoco se puede abrir el inmueble a las visitas ciudadanas porque, aduce, hay zonas en muy mal estado y no se podría garantizar la seguridad. Estancias que, pese a estos riesgos que se conocen ahora, sí recorría el público cuando los Franco gestionaban el pazo.

Los colectivos memorialistas sienten que han sido apartados del proceso. El Gobierno dejó caducar la petición formal que realizaron ellos en julio de 2024 para la declaración del pazo como Lugar de Memoria. Ahora ven cómo el BOE recoge que el Ejecutivo solo solicitará informes sobre el asunto a los departamentos de Historia Contemporánea de las universidades de Santiago y A Coruña y al Consello da Cultura Galega, órgano asesor de la Xunta. Martínez sostiene que cuentan “con todo el mundo”. “Las entidades entrarán en la declaración definitiva”, promete, “no les pedimos informes a las asociaciones de memoria porque ya nos lo enviaron en su momento”. “A veces hay malentendidos”, añade el secretario de Estado sobre las motivaciones de la concentración de protesta a las puertas del pazo. La movilización ha sido apoyada por una veintena de colectivos, algunos de ellos de Andalucía, Aragón, Asturias o Comunidad Valenciana.

Uno de los manifestantes este martes es Carlos Babío, nieto de una viuda con hijos a la que la dictadura expropió una finca colindante para aumentar la extensión del pazo. Es además presidente de la comisión de memoria histórica de A Coruña y uno de los artífices de la victoria contra los Franco. Tacha de “obra de teatro” el acto en Meirás y critica la actitud del Gobierno con los colectivos memorialistas, a los que no facilitó información sobre el procedimiento de oficio que se abre ahora. Cuando solicitaron ellos su apertura en 2024, un proceso que el Ejecutivo dejó caducar, “la única comunicación fue que tradujésemos la información del gallego al castellano”, denuncia.

Martínez defiende que Meirás será “uno de los grandes lugares simbólicos de memoria que va a tener el Estado español”. Su recuperación, reconoce, fue un logro de la “movilización del pueblo gallego y del movimiento memorialista”. Ha recordado que la batalla judicial fue “difícil”. “No se pueden imaginar los meses que estuvimos para ver cómo podíamos poner la demanda”, señala sobre un paso que el Gobierno de Pedro Sánchez dio en 2019. Fue el hallazgo de las escrituras de 1938 lo que propició el pleito. Esos documentos confirmaban que el predio había sido entregado al dictador como jefe de Estado, después de una colecta popular forzosa, y que, por tanto, no podía pasar a manos de sus herederos al morir él. “Hay demanda y la podemos ganar”, le comunicó entonces la Abogacía del Estado a Martínez. El Supremo está pendiente ahora de confirmar su titularidad pública y decidir si los Franco deben o no ser indemnizados por esa apropiación.

El BOE publicará este miércoles el inicio del expediente de declaración de Lugar de Memoria Democrática para las islas de San Simón y San Antón, en la ría de Vigo. Fue un penal de los franquistas a partir de octubre de 1936 y hasta marzo de 1943. Allí se recluyó en condiciones deplorables a más de 5.600 presos republicanos, sobre todo gallegos y asturianos. Se han documentado más de 500 muertes entre sus muros aparte de los fusilamientos.