La Xunta multa a la familia Franco con 3.000 euros por no abrir la Casa Cornide a la ciudadanía

Año y medio lleva la familia Franco intentando burlar la ley gallega que les obliga a abrir a la ciudadanía la Casa Cornide, la mansión de propiedad pública con la que se quedó el dictador en 1962. El inmueble del siglo XVIII, ubicado en la Ciudad Vieja de A Coruña, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta del PP en noviembre de 2023, una protección por la que se deben permitir visitas cuatro días al mes. Los herederos de Francisco Franco aún no han cumplido con este mandato legal, por lo que la Administración autonómica les impuso una multa de 3.000 euros que acaba de ser declarada firme. La historia que se vivió con el Pazo de Meirás se repite.

La multa llega después de que los Franco no atendieran los requerimientos de las autoridades. Alegaron que no tenían por qué abrir la Casa Cornide al ser “la vivienda habitual de uno de los propietarios”. Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural no admitieron esta excusa porque, según explicaron en su día a este periódico fuentes de la Xunta, “el hecho de que la casa esté totalmente vacía no parece coincidir con que sea un domicilio”. Ahora, la Consellería de Cultura ha rechazado el recurso presentado por la familia contra la sanción. La decisión pone fin a la vía administrativa, pero los Franco aún pueden acudir a los tribunales interponiendo un contencioso administrativo, informa Europa Press.

Si así lo hacen, sería un paso más en la estrategia de dilación que ya siguieron con el Pazo de Meirás, la histórica finca de Emilia Pardo Bazán que fue revertida al patrimonio público en 2020 después de una demanda judicial interpuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Años antes de la sentencia, los herederos del dictador ya se habían resistido a abrir al público el predio emplazado en la localidad coruñesa de Sada, que también es BIC. La protección que obligaba a los Franco a permitir visitas a Meirás la aprobó el bipartito de PSOE y BNG que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009. El entonces jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó la medida pero posteriormente, ya como presidente, acabó aceptando el movimiento social y cultural que impulsó su recuperación.

La Casa Cornide está en el punto de mira del Ayuntamiento de A Coruña para que sea devuelta por los Franco al patrimonio público. El gobierno local de la socialista Inés Rey ha impulsado la anulación de dos actos administrativos que fueron utilizados por el régimen franquista para que la mansión pasase a manos del dictador. El edificio público iba a acoger un conservatorio de música, pero de manera repentina cambiaron los planes de las autoridades.El gobierno local decidió sacarlo a subasta con dos condiciones: no se podía vender a terceros en una década ni ejecutar obras. Finalmente, solo se presentó una persona a la puja: el banquero amigo del dictador Pedro Barrié de la Maza. Al tiempo que el Ayuntamiento aprobó la adjudicación, elimino la prohibición de vender el edificio y Barrié de la Maza se lo traspasó a la esposa de Franco, Carmen Polo.

Los Franco dejaron un rastro claro de la operación orquestada para quedarse con el inmueble de propiedad pública. Un estrecho colaborador del dictador confesó la estrategia por escrito en una carta: “Hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba Su Excelencia. Hoy también se reúne el pleno [del Ayuntamiento] para adjudicarla a un particular y este venderla a la Señora. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo”.

Las organizaciones de memoria histórica de A Coruña han criticado repetidamente que se permita a la familia del dictador demorar tanto el cumplimiento de sus obligaciones legales. Meirás no se abrió al público hasta casi tres años después de que el pazo fuera declarado BIC. “Los Franco siempre lo retrasan todo porque tienen un gran equipo de abogados y mucho dinero”, ha declarado el activista Manuel Monge.