Frenesí veraniego de mociones de censura con tránsfugas en Galicia

El Tribunal Constitucional ha acabado con el sopor del verano en la política local gallega. Los magistrados que visten sus togas en el madrileño barrio de Chamberí emitieron el pasado junio una sentencia que permite presentar una moción de censura en un ayuntamiento de la mano de tránsfugas. Hasta ahora, la ley electoral mantenía proscritas estas alianzas con concejales que hubieran traicionado o hubieran sido expulsados del partido con el que lograron el acta. El fallo ha propiciado ya en Galicia cuatro cambios de gobierno, tres de ellos en favor del PP, y una voltereta sorpresa de los populares con respecto a la polémica reapertura de una mina de cobre en Touro.

El Constitucional ha eliminado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) el precepto que bloqueaba las mociones de censura cuando su éxito dependía del voto de un tránsfuga del partido en el gobierno. Exigía incrementar la mayoría y, en la práctica, imposibilitaba la moción, lo que a juicio del tribunal lesiona el derecho constitucional a la participación política. El 31 de julio, mes y medio después de emitirse la sentencia, se celebró en Forcarei (Pontevedra) el pleno en el que el PP arrebató la alcaldía al PSdeG-PSOE. Este lunes, los socialistas alzarán en Noia (A Coruña) el bastón de mando que empuñaba el PP. El martes serán los populares los que accedan a la alcaldía de Touro (A Coruña) desbancando a la formación Movemento Veciñal. Y el día 19, los de Alfonso Rueda se harán con Fisterra (A Coruña) desalojando al partido Alternativa dos Veciños.

“Tránsfugas para mí no son los que traicionan a los partidos, que a mí los partidos me dan igual, sino los que traicionan a los vecinos y no hacen lo que prometieron hacer, es decir, los tránsfugas electorales”, sentencia Darío Rey, el edil no adscrito que se ha aliado con el PP en Touro para descabalgar al partido con el que se presentó a las elecciones en 2023. Esta moción es la más peculiar. Rey es un activista contrario a que se reabra la polémica mina de Touro, un controvertido proyecto respaldado por la Xunta de Rueda y el PP local. Explica que posibilitará con su voto el regreso al gobierno municipal de los populares, del que fueron apeados en los últimos comicios, porque les ha arrancado el compromiso por escrito de que el Ayuntamiento batallará en los tribunales contra la empresa que gestiona la explotación y los daños ambientales en la zona.

El pacto suscrito con Rey por los de Rueda, al que ha tenido acceso este periódico, proclama en relación con la mina que el gobierno municipal del PP que salga de la moción de censura se entregará a “la defensa del medio ambiente, de la salud pública y de la protección de los vecinos ante situaciones de vulnerabilidad o desigualdad frente a grandes operadores económicos”. Ecologistas y vecinos llevan años denunciando contaminación en el área de la explotación. En el plazo de dos meses, el Ayuntamiento se personará en todas las causas judiciales contra la minera, tanto las ya en curso como las futuras, y contratará a una consultora para “elaborar informes técnicos y periciales completos y fundamentados que puedan ser incorporados” a esos procedimientos. En uno de ellos, la Fiscalía pide dos años de cárcel por delito contra el medio ambiente para dos directivos de Explotaciones Gallegas, la firma propietaria de la mina que, en alianza con la andaluza Atalaya Mining, tramita ante la Xunta el permiso ambiental para reactivarla

El PP se compromete también a que su gobierno “no manifestará apoyo institucional al proyecto minero” ni firmará “convenios, acuerdos de colaboración ni compromisos económicos o institucionales” con las empresas promotoras. Según Rey, los populares tardaron solo cuatro o cinco días en aceptar estas exigencias. Estaban dispuestos hasta a poner de alcalde al único concejal del BNG, pero este no quiso ni sentarse con ellos, cuenta. Rey no entrará en el gobierno, pero el pacto incluye que será él quien presida la comisión de medio ambiente y los de Rueda no podrán oponerse a nada de lo que proponga.

Estas cesiones del PP de Touro para hacerse con la alcaldía han sido bendecidas por Rueda pese a que la Xunta ha declarado la mina como proyecto industrial estratégico. Aunque el acuerdo habla literalmente de un “cambio de enfoque”, fuentes de la dirección provincial del partido rebajan el alcance del pacto y alegan que lo que se ha acordado con el concejal no adscrito es “mantener la neutralidad” hacia la mina “respetando siempre la tramitación administrativa”. “Si no se cumple, el acuerdo se romperá”, advierte por su parte el edil, “el PP quedará en minoría y tendrá un problema, así que son los primeros interesados en que se así: formó parte del actual gobierno y se salió hace un año porque el partido Movemento Veciñal “hizo todo lo contrario de lo que decía en la oposición” y, entre otras cosas, no se personó en las causas judiciales contra la mina.

El presidente de la Xunta defiende las tres mociones de censura presentadas por los populares porque la sentencia del Constitucional “cambió las reglas del juego” e hizo que “lo que antes no era viable desde el punto de vista jurídico, ahora sí”. “Lo que no voy a hacer es criticar que otros utilicen lo que nosotros estamos utilizando”, señaló Rueda hace unos días en alusión a los socialistas.

El PSdeG-PSOE explica que mantiene su oposición a estos pactos pese a que accederá a la alcaldía de Noia gracias a uno. “Nosotros compartíamos la ley tal y como estaba redactada porque reflejaba el espíritu de un pacto político”, esgrime Lara Méndez, secretaria de Organización de los socialistas gallegos, en alusión al pacto antitransfuguismo de 1998. “Es el PP el que abre el nuevo escenario y ahora todos operamos en él, pero nosotros seguiremos trabajando para recuperar el consenso”. Méndez cree que estos acuerdos con tránsfugas “debilitan la democracia” y defiende que “más allá de la interpretación del Constitucional” debería primar un pacto político. “Pero el PP lo acaba de romper”, lamenta.