Cobre en Touro: acusaciones por contaminación ensombrecen la reapertura de una mina en Galicia

Solo unos días después de que la Unión Europea presentara su plan para reabrir yacimientos a la caza de minerales estratégicos, del juzgado llegaron malas noticias para los empresarios que aspiran a volver a extraer cobre del subsuelo del municipio gallego de Touro (A Coruña). La Fiscalía pide dos años de cárcel por delito contra el medio ambiente para dos directivos de Explotaciones Gallegas, la firma propietaria de la mina que, en alianza con la andaluza Atalaya Mining, tramita actualmente ante la Xunta el permiso ambiental para reactivarla. El ministerio público asegura que este importante grupo empresarial gallego vertió aguas envenenadas con metales pesados a un cauce cercano, afluente a su vez del Ulla, río que desemboca en la ría de Arousa. Sus dos administradores están acusados de perpetrar esta contaminación durante años, de forma continua y “con pleno conocimiento”.

Explotaciones Gallegas es la dueña de los terrenos y de los derechos mineros del yacimiento de Touro y en esa extensa área gestiona también una planta de áridos y otra de residuos. Pertenece a un grupo histórico en el sector de la construcción en Galicia. La actividad empresarial de la familia que hoy dirige el grupo Francisco Gómez y Cía arrancó hace más de un siglo e incluye desde la construcción del estadio de Riazor en A Coruña en los años cuarenta a un sinfín de carreteras y obras ferroviarias. En 1993, adquirió el yacimiento de Touro, una vieja mina de cobre abandonada en 1986 sin ningún tipo de restauración y por la que discurren aguas tóxicas. Allí se ha dedicado desde entonces a los áridos y los residuos y desde 2017 intenta además obtener autorización para hacerse con el cobre que queda.

El juzgado de Arzúa lleva seis años investigando sus operaciones en el área de la mina tras una denuncia de una asociación vecinal. La instrucción está a punto de terminar y la Fiscalía concluye que los acusados causaron durante años “un importante daño para el medio ambiente y la calidad de las aguas”, con “grave” afectación a flora y fauna. Pide una multa para la empresa y penas de cárcel, sanción e inhabilitación para sus dos administradores.

El ministerio público, que aprecia la vulneración de cinco normas de la legislación de aguas, localiza dos fuentes de grave contaminación. La primera es una balsa de aguas anaranjadas que está próxima al viejo depósito de lodos estériles de la explotación que se abandonó hace 40 años. A esta charca, que “carece de un sistema de impermeabilización”, llega un caudal emponzoñado de aguas subterráneas de drenaje interior y pluviales. Un sistema de tuberías conduce esta corriente contaminante fuera del perímetro de la mina y la vierte directamente “a la cabecera del arroyo Barral, el cual desemboca en el río Lañas, afluente a su vez del río Ulla”, sostiene la Fiscalía.

No es este el único veneno que llega a estos ríos. Hacia ellos, “sin que durante años [los acusados] hubieran procurado ninguna medida correctora que lo evitara”, discurren también “lixiviados con condiciones de extrema acidez, elevada conductividad eléctrica y alto contenido en hierro y cobre”. Por todo ello, los análisis realizados en mayo de 2019 y en diciembre de 2021 constataron una presencia de amonio y metales pesados “en valores que superan los límites de referencia aceptables”, asegura la Fiscalía: “La gran acidez del agua que drena estas superficies produce la oxidación de los sulfuros accesorios, por lo que se liberan gran cantidad de metales pesados y metaloides como arsénico, cadmio, cobalto, cobre, níquel, plomo y zinc, entre otros, algunos de ellos extremadamente tóxicos”.

La investigación judicial se ha centrado solo en uno de los puntos críticos de este yacimiento, cuyo entorno está surcado por siete ríos. Explotaciones Gallegas arrastra un historial de multas de la Xunta por sus vertidos a estos cauces. “He perdido la cuenta”, admite Isabel García, portavoz de la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non y de Ecoloxistas en Acción, cuando se le pregunta por el número de sanciones. La portavoz asegura que solo este año le han caído al menos cuatro. El Gobierno gallego reconoció en 2023 que entre 2014 y 2019 fueron tres. Las aguas contaminadas de la vieja mina “no dejan de salir” y la empresa “no es capaz de frenarlas”, denuncia García. “La Administración es conocedora de la situación, pero se niega a entender que es una situación continuada y no plantea ninguna solución”, asegura la portavoz.

Fuentes de Explotaciones Gallegas defienden que esta causa judicial “no debería afectar” a su proyecto de reapertura de la mina. Cobre San Rafael, la empresa que tramita la reactivación ante la Xunta y que también integra Atalaya Mining, esgrime que la contaminación a la que se refiere la Fiscalía es anterior a la planta de tratamiento de aguas y al drenaje y canalización que se han ejecutado en los últimos tiempos para restaurar ambientalmente la zona.

Asegura contar con datos actualizados “que avalan la mejora de los diferentes parámetros de gran parte de las aguas del entorno”. Y añade que si la reactivación de la mina sale adelante, será Atalaya Mining, con sede en Sevilla y gestora del yacimiento de cobre de Riotinto en Huelva, la que se haga con los derechos mineros de Explotaciones Gallegas y la mayoría de las acciones para tomar las riendas de la explotación.

Los opositores a la reapertura de la mina discrepan. “El drenaje ácido de la vieja mina es imposible de frenar tanto con lo que ya han hecho como con lo que dicen que van a hacer”, sostiene García. “No lo han logrado en Riotinto, así que no nos van a convencer de que lo van a hacer aquí”, añade la portavoz. La Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non solicitará a la Xunta que archive el procedimiento de aprobación del proyecto para volver a extraer cobre de Touro “al constatarse la incapacidad técnica y negligencia de la empresa promotora”.

Al igual que ocurre con la macrocelulosa de Altri, el rechazo a que se vuelva a remover el cobre de Touro llega a la ría de Arousa. En ese mar rico de marisco desemboca el Ulla, el río en el que acaban las aguas tóxicas que escapan de la mina y del que aspira a surtirse y verter la planta que se proyecta en Lugo. Por eso, en la masiva manifestación de hace unos días en A Pobra do Caramiñal, las consignas y las pancartas contra Altri compartían protagonismo con las críticas a esta explotación. La pastera ya ha recibido el visto bueno ambiental de la Xunta. Los empresarios que sueñan con explotar el filón de Touro están a la espera del suyo.