Avance crucial en la causa contra los policías acusados de asesinar al gallego Diego Bello en Filipinas

La familia del coruñés Diego Bello Lafuente ha ganado una batalla crucial en la guerra por esclarecer su asesinato en Filipinas hace más de cinco años. Un tribunal de Manila ha negado la libertad provisional bajo fianza a los tres policías filipinos acusados de acribillar a tiros al joven en la puerta de su casa en la isla de Siargao y de falsear pruebas para que pareciera que era un capo del narcotráfico. Este movimiento es relevante en el sistema judicial de este país asiático. La decisión la han tomado los jueces tras meses de vistas judiciales en las que se analizó la solidez de las pruebas contra los agentes, que siempre han alegado que mataron a Bello porque él la emprendió a tiros con ellos. Su conclusión es tajante: “Hay factores relevantes que niegan de manera convincente la teoría de un ‘enfrentamiento armado”.

La resolución que acaba de dictar el Tribunal de Primera Instancia Regional no es una sentencia, pero sí refuerza las acusaciones de cara al juicio contra los policías que arrancará el próximo 23 de julio, explican fuentes cercanas a la familia de la víctima. Los jueces ratifican el informe de la National Bureau of Investigation (NBI), una institución equivalente a la Fiscalía en España que en mayo de 2021, un año y cuatro meses después del crimen, desmontó la versión oficial. Lo que la policía había presentado en un principio como una operación antidroga contra un narco que acabó a tiros era en realidad una presunta conspiración para justificar el asesinato de un empresario extranjero.

Bello llevaba casi tres años viviendo en la isla de Siargao cuando el 8 de enero de 2020 su familia recibió en A Coruña la trágica noticia de su muerte. A sus padres, Pilar Lafuente y Alberto Bello, no solo se les comunicó que habían perdido a su hijo de 32 años. La policía filipina les aseguró que Bello era un importante narco en Filipinas. Aquella versión oficial que nunca creyeron se derrumbó meses después. Declaraciones de testigos presenciales, la reconstrucción de la escena del crimen y el análisis balı́stico desmontaron el relato del capitán Wise Vicente Panuelos y de los sargentos Ronel Pazo y Nido Boy Cortes, los tres policías acusados. Ahora, el tribunal presidido por la jueza Mary Jean T. Cajandab Ong confirma que esas pruebas contra ellos son sólidas.

El cadáver de Bello, que fue sorprendido por los policías al llegar a su casa procedente del local de hostelería que regentaba, presentaba múltiples heridas de bala. En sus dos manos fue detectado nitrato de pólvora y junto al cuerpo se halló una pistola de la que se habían disparado tres balas. Las pesquisas, sin embargo, determinan que estos indicios “no son concluyentes” para asegurar que el joven coruñés fue el autor de esos disparos. La colocación de estos casquillos junto a los procedentes de las armas de los policías reveló además incongruencias con la tesis de que allí se había producido un tiroteo. Según recoge el dictamen del tribunal, los investigadores defendieron que “las pruebas recuperadas en la escena del crimen” hacen “completamente imposible” que en el lugar del asesinato se hubiera producido el “enfrentamiento armado” que alegan los acusados. Estos testimonios que contradicen el atestado policial redactado por los acusados también apuntan a que se localizó nitrato de pólvora en las manos de uno de los agentes pese a que su arma reglamentaria no fue disparada.

La resolución del Tribunal de Primera Instancia Regional a la que ha tenido acceso este periódico considera, por tanto, que “hay factores relevantes que niegan de manera convincente” que el joven coruñés la emprendiera a tiros. El informe forense indica además que Bello Lafuente fue alcanzado por disparos mientras se encontraba en el suelo, “lo que refuerza la teorı́a de una ejecución extrajudicial", destaca la familia de la víctima.

Los padres de Diego Bello han recibido la decisión judicial con “satisfacción”, aunque mantienen “una actitud cautelosa y prudente” a la espera de que este largo proceso llegue a su fin y haya sentencia. Durante estos más de cinco años han desplegado una incansable estrategia de presión social y diplomática para que se haga justicia. El pasado marzo fueron recibidos en Bruselas por eurodiputados y altos cargos de la Comisión Europea.

Los allegados a Diego Bello recalcan en un comunicado que la decisión del tribunal “marca un precedente en la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales” que se cometieron con el presidente Rodrigo Duterte en el poder y refuerza “el compromiso del sistema judicial filipino con la justicia y los derechos humanos”. El Gobierno de Duterte, que fue detenido el pasado marzo y entregado ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, perpetró una oleada de sospechosas operaciones antidroga que acabaron con la vida de miles de personas. Medio centenar de estas ejecuciones extrajudiciales están siendo investigadas y podrían acabar en La Haya como Duterte. La única de ellas que afecta a un ciudadano europeo es la de Bello.