Louzán rechaza el interrogatorio del fiscal que le acusa de fraude y prevaricación

El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha rechazado responder al interrogatorio del fiscal durante el juicio en el que se le juzga de presunto fraude y prevaricación en el pago de sobrecostes en las reformas del campo de fútbol de Moraña, en 2011, financiadas por organismo provincial. Por ello afronta una condena de tres años de prisión y nueve de inhabilitación.

A la entrada del juzgado, el actual presidente de la Federación Gallega de Futbol ha defendido la legalidad de las actuaciones y cuestionó que el asunto derivase en un procedimiento penal al considerarlo como una cuestión puramente administrativa. Louzán incidió en que la causa es una pieza separada de la Operación Patos “y como todo el mundo sabe, de los 60 investigados prácticamente todos ya están fuera del proceso”, argumentó.

Junto a Louzán también está encausada como cooperadora necesaria de los delitos de fraude y prevaricación la delegada territorial de la Xunta, Luisa Piñeiro, además del administrador y director general de la empresa adjudicataria, Eiriña Construcciones; el que desempañaba el cargo de director de infraestructuras de la diputación; dos empresarios de Pontevedra y O Salnés y un arquitecto. Ninguno de ellos tampoco quiso responder a las preguntas del fiscal, contestando solo a las de sus abogados, y todos defendieron la legalidad del procedimiento. La acusación solicita para ellos condenas de entre dos y tres años de cárcel.

Luisa Piñeiro ha descartado la teoría del fiscal que les acusa de “crear un sistema artificioso y en fraude de ley” para abonar a la constructora Eiriña más de 86.000 euros de un supuesto sobrecoste relativo a unas obras que fueron ejecutadas fuera de proyecto, a mayores de la instalación del césped artificial en el campo de fútbol y sin contrato previo. “El Ayuntamiento de Moraña solo se limitó a pedir una subvención y nos han hecho un campo de fútbol”, declaró la exregidora ante el tribunal.

En cuanto al posible amaño en la segunda adjudicación de las obras a Eiriña para costear el sobrecoste del proyecto, la fiscalía solicitó la reproducción en la sala de dos conversaciones grabadas en el teléfono intervenido de Jaime Alvariñas en las que este hablaba sobre las obras en cuestión con Mauricio Rodríguez, representante de E.C. Casas, y con Diego González, administrador de Construcciones y Canalizaciones Salnés, ambos acusados en esta causa. Conversaciones que los dos empresarios han calificado de puramente técnicas para consulta de precios y la posibilidad de una subcontrata de las obras.

Tanto el dueño de la constructora, Enrique Alonso Pais, como su número dos en la empresa, Jaime Alvariñas, negaron haber pactado la licitación con las otras dos firmas para darle legalidad al proceso de adjudicación, según la acusación del fiscal. “Me pagaron la obra y no hubo ningún tipo de problema”, afirmó Alonso Pais.