El jurado considera culpable al único acusado del asesinato del canónigo de la catedral de Valencia

El único acusado del asesinato del canónigo de la catedral de Valencia es culpable de la muerte en 2024 del religioso Alfonso López Benito. Un jurado popular de nueve miembros –que ha contado con siete votos favorables, los mínimos exigidos- ha comunicado este martes este veredicto tras escrutar decenas de pruebas y testimonios que la semana pasada se expusieron durante las cinco sesiones del juicio del caso. El jurado estima que el reo, un cocinero peruano que aterrizó en Valencia en 2022, actuó en connivencia con un compinche, que fue el autor material del asesinato y que no ha sido ni investigado ni detenido. Y considera probado que el acusado también robó el móvil y la tarjeta del canónigo y sacó dinero en efectivo de los cajeros. “Se estableció un plan preestablecido para ir a casa del religioso” y “asfixiarlo”. El acusado, según el fallo, se aprovechó de la debilidad del clérigo, de 79 años.

Tras escuchar el pronunciamiento, el fiscal, Antonio Gastaldi, ha solicitado al juez que imponga al procesado 28 años de prisión por los delitos de asesinato, estafa y robo. El magistrado deberá dictar en los próximos días la sentencia y detrminar la pena.

El canónigo de la catedral de Valencia Alfonso López Benito, conocido en los cenáculos eclesiales como don Alfonso, fue asesinado en enero de 2024, cuando tenía 79 años. Ocurrió en su céntrica residencia de la ciudad, tras la sede arzobispal. La investigación destapó que el pastor, que asesoraba al arzobispo de la ciudad, Enrique Benavent, acostumbraba a subir desde 2017 a su casa a decenas de indigentes, toxicómanos y discapacitados para ofrecerles alojamiento, comida o dinero a cambio de sexo. Tras hallar su cuerpo, que apareció desnudo, boca arriba, con signos de asfixia y con la cara repleta de arañazos, la policía detuvo en menos de 24 horas al único acusado, un cocinero peruano de 43 años que aterrizó en Valencia en 2022. El posicionamiento de su móvil, según las pesquisas, situaba al procesado en la zona. Durante el juicio, el reo reconoció que, tras el crimen, llamó nueve veces al banco del clérigo para tratar de conseguir el pin de su tarjeta. Y que, tras la negativa de la operadora, descubrió que la clave estaba en la funda del teléfono del cura y sacó 2.500 euros de cajeros. El procesado admitió esta treta, pero negó ser el responsable de la muerte de don Alfonso. Sostuvo que un colombiano al que había conocido mientras recogía naranjas le facilitó el móvil y las tarjetas del canónigo y le prometió la mitad del botín si averiguaba la contraseña. La Policía, que enmarca la figura del compinche en un truco exculpatorio, no investigó al presunto colaborador del acusado.

La Fiscalía pedía para el procesado 28 años de prisión por robo, estafa y asesinato y defendía que acompañó a un colaborador colombiano a casa de don Alfonso el día del suceso. Y que este compinche fue quien tiró al religioso en la cama y lo asfixió. La defensa, que ha ejercido el abogado Jorge Carbó, solicitaba la absolución. Alegaba que el equipo de homicidios de la Policía Nacional no encontró en la casa del religioso huellas, pelos o restos de ADN de su cliente. Y que tampoco existían imágenes de él en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. El acusado llevaba en prisión preventiva desde su arresto, en enero de 2024. El juez que instruyó la causa rechazó que se indagara el contenido de siete lápices de memoria que don Alfonso guardaba en su casa.