La Audiencia de Castellón reabre el caso contra el edil de Movilidad por el impago de 134 multas en zona azul

La Audiencia Provincial de Castellón ha ordenado reabrir la investigación contra el concejal de Movilidad de la ciudad, Cristian Ramírez (PP), por las 134 multas por mal aparcamiento en zona azul impagadas, tras estimar el recurso de apelación presentado por el grupo municipal socialista y apreciar indicios de un presunto delito de tráfico de influencias en la prescripción masiva de las sanciones acumuladas por el edil.

La oposición exige la dimisión de Ramírez o su destitución por parte de la alcaldesa, la popular Begoña Carrasco, que por el momento no se ha pronunciado al respecto.

El auto dado a conocer este viernes revoca el sobreseimiento del caso y exige al juzgado que lo archivó a que practique nuevas diligencias de investigación para determinar si la prescripción del más del centenar de sanciones impuestas al vehículo utilizado por el concejal entre enero de 2023 y enero de 2024 “pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal”. El tribunal subraya así la necesidad de investigar lo ocurrido, teniendo en cuenta además la condición del denunciado como responsable del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA (Ordenanza de Regulación de Aparcamiento).

En el fallo, la Audiencia destaca que hay “indicios suficientes de delito, atendida la condición pública y notoria del denunciado [...] como concejal de Movilidad [...] de Castellón, y, por tanto, responsable del servicio de la Zona ORA que le habría impuesto las sanciones” y sostiene que se han aportado “elementos suficientes que acreditan la anormalidad en el funcionamiento de la oficina de recaudación del Ayuntamiento [...], justamente en el caso que implica al concejal responsable de las sanciones de Movilidad”.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, y el edil del PSPV Jorge Ribes, que denunció estos hechos, consideran que este auto judicial demuestra que “no se trataba de un error menor ni de un asunto cerrado, como quiso hacer creer la alcaldesa, Begoña Carrasco, sino de unos hechos que requieren una investigación judicial en profundidad”, han subrayado.

El edil Cristian Ramírez acumuló presuntamente un total de 167 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul desde enero de 2023 a enero de 2024.

De esas 167 multas, pagó en tiempo y forma en las máquinas de la zona azul 33 sanciones. Quedaron 134 sin abonar. Tras la denuncia socialista, el concejal notificó en el pleno del 31 de enero de 2024 que fue esa misma tarde a pagar un total de 29 multas, de las que 20 correspondían a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y nueve a 2023, “cuando Ramírez ejercía las funciones de concejal”, ha recordado Puerta.

En ese mismo pleno el edil reconoció las sanciones y aseguró haber saldado las cuantías correspondientes, sin detallar el número de multas por aparcamiento registradas ni especificar el montante abonado en la Oficina de Recaudación municipal. Durante su intervención reconoció que lo ocurrido “no es ético ni estético” pero equiparó el desliz con “no llevar luz en la bici o que se te pase la ITV”. Negó haber cometido algún delito y haber hecho uso de su condición de concejal para hacer escapismo y no asumir el pago de sus infracciones.

No obstante, según han recordado desde el PSPV, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe remitido al juzgado que decidió sobreseer el caso, “dio a conocer el llamativo hecho de que todas estas sanciones no se abonaron porque prescribieron. Es decir, “que a cualquier vecino de Castellón le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron por tener multas pendientes de pago desde 2019 y, encima, no le notificaron 125 sanciones presuntamente sin pagar en 2023”.

Desde el grupo socialista exigen la “dimisión inmediata de Cristian Ramírez o, en su defecto, su destitución por parte de la alcaldesa, porque no se puede gestionar la movilidad de una ciudad mientras se investiga si se pudo usar el cargo para evitar sanciones”. “Es un concejal bajo investigación judicial por hechos relacionados directamente con su cargo”, han remarcado.

En la misma línea se ha pronunciado Compromís. Su portavoz en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha señalado que Begoña Carrasco “no puede mantener ni un minuto más como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón al señor Cristian Ramírez, a quien no ha dejado de defender desde que se conoció el escándalo de que no pagaba las multas de la zona azul”.