València amplía a los 45 años el acceso al alquiler asequible y permite la división de pisos grandes para crear más vivienda

El Ayuntamiento de València ampliará hasta los 45 años —10 años más que ahora— el límite de edad para optar al acceso prioritario a un alquiler asequible en la ciudad y establecerá un periodo mínimo de 7 años de arraigo, de empadronamiento, para poder solicitarlo. La alcaldesa María José Catalá, que ha presentado hoy una ampliación de su plan de vivienda para este mandato, propone además dividir pisos grandes para aumentar el número de viviendas y destinar a solares de uso educativo para hacer residencias.

El consistorio trabajará para facilitar que los apartamentos turísticos puedan pasar a tener uso residencial habitual y para ayudar a la división y segregación de viviendas grandes con el fin de generar más de una, además de aumentar la densidad residencial para que pase de 75 a 140 viviendas por hectárea.

Estas son algunas de las medidas que se incorporan al Plan Estratégico+Vivienda de València impulsado por el equipo de gobierno que preside María José Catalá (PP) a través de la Concejalía de Urbanismo y Licencias. La primera edil y el titular de esa delegación municipal, Juan Giner, han presentado este lunes en una rueda de prensa las nuevas iniciativas para “aumentar la oferta de vivienda en la ciudad”.

El Plan prevé dar un impulso a la vivienda dotacional y para ello se van a identificar, en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana, que data de 1988) parcelas destinadas a centros educativos que, tras más de 35 años, no se han materializado o se consideran excedentes. El Servicio de Planeamiento impulsará el ajuste de estas superficies, previa confirmación de la Consejería de Educación, para destinar el suelo sobrante a la construcción de vivienda dotacional, ha explicado Catalá, que ha subrayado que la ejecución de esta medida incluye “tanto la construcción directa por parte del Ayuntamiento, como instrumentos de colaboración público-privada, como la concesión”.

El plan permitirá activar parte de los 500.000 metros cuadrados de solares de uso educativo que actualmente están inactivos, transformándolos en recursos residenciales integrados en la trama urbana consolidada. Catalá ha asegurado que la finalidad de la iniciativa “es que esta vivienda dotacional vaya a destinada mayoritariamente a los jóvenes”.

En tercer lugar, se firmarán convenios con el sector privado para reservar un cupo de Viviendas de Protección Pública, VPP, de promoción privada para el registro municipal de demandantes. “De este modo, la administración actúa como puente para que el sector privado contribuya a reducir la lista de espera habitacional”, ha subrayado la alcaldesa. “Si actuamos desde varios frentes, daremos una mejor respuesta a la crisis habitacional y la colaboración público-privada puede ser una aliada”, ha asegurado.

El último de los ejes del plan de vivienda se refiere a las reformas normativas para adaptar el Plan General a una ciudad del s. XXI y lograr incrementar la oferta de vivienda. Para ello, se incrementará la densidad residencial de la ciudad, elevando el estándar de 75 viviendas por hectárea que se proyectaron a finales del siglo XX hasta un nuevo techo de 140 viviendas por hectárea.

“Por otro lado, vamos a facilitar la segregación y división de viviendas de grandes dimensiones, específicamente en inmuebles construidos en el siglo XX que cuentan con la particularidad de tener doble acceso (puerta principal y de servicio)”. Se trata de aumentar la oferta residencial, aprovechando el patrimonio ya construido sin consumir nuevo suelo. En este contexto, Catalá ha recordado también la decisión de facilitar la reconversión de bajos turísticos en viviendas, siempre que cumplan con las condiciones de habitabilidad, lo que permitirá ganar unas 2.000 nuevas viviendas para uso residencial

El concejal de Vivienda, Juan Giner, ha asegurado que, en dos años y medio de legislatura, el gobierno municipal ha puesto en marcha 446 viviendas públicas, de las que 150 eran viviendas ya construidas, 273 viviendas son adquiridas y 23 son rehabilitaciones y, actualmente, hay 1.000 viviendas en construcción.

Según Giner, la inversión en vivienda se ha multiplicado por 11 respecto a los mandatos anteriores mientras que el parque público municipal de València se ha multiplicado por 32 y la adjudicación de viviendas de alquiler se ha cuadruplicado.

Un plan vacío, dice la oposición

Compromís asegura que el plan de Catalá no contempla ni una sola medida para que baje el precio de la vivienda y del alquiler. “Habla de inversión y de grandes cifras, pero evita el debate clave: a qué precio se podrá vivir en València y cuánta vivienda será realmente asequible. Sin precios ni porcentajes concretos, todo se queda en marketing político”, ha denunciado su portavoz Papi Robles.

Critica que no haya una apuesta clara por regular precios, limitar la especulación, frenar a los fondos de inversión o recuperar vivienda para uso residencial. Y denuncia que este gobierno municipal ha cerrado la Oficina por el Derecho a la Vivienda, no hay oficina antidesahucios y se ha debilitado la protección efectiva frente a las expulsiones.

Según Compromís, la realidad es que el servicio de vivienda ha pasado de 34,6 millones de euros (2025) a 36,6 millones (2026) sin proyectos nuevos: se repiten inversiones encalladas. A 31 de octubre, descontando 8 millones de euros a Aumsa y 9 millones del Edificio de la Torre, de 28 millones solo se ha ejecutado 1 millón. Y las ayudas al alquiler se han congelado".

Los socialistas han calificado el plan de un documento de “medidas vacías, sin ningún impacto real, y cortinas de humo en lugar de afrontar el enorme problema de acceso a la vivienda que está generando su gobierno desde que se puso al frente del Ayuntamiento de València”. Para la concejala Elisa Valía, Catalá favorecela especulación inmobiliaria y el negocio de las promotoras y le ha pedido que aplique de una vez por todas la Ley de Vivienda que aprobó el gobierno central y que permite, entre otras muchas cosas, controlar los precios del alquiler.